(Foto: El Comercio)
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Redacción EC

El pedido de facultades del Gabinete Villanueva muestra su ambición de hacer reformas en diferentes ámbitos, como el político, la lucha contra la corrupción, la promoción de la inversión privada, la reconstrucción del norte y el tributario. Es en este último punto donde hay un mayor detalle en el texto que se presentó al Congreso esta semana y queda claro el objetivo central de incrementar la , a través de un rediseño bastante amplio del marco tributario.

Este rediseño es necesario debido a los bajos niveles actuales de recaudación –que son insuficientes para que el Estado provea los servicios públicos con la cobertura y calidad que la población necesita– y sobre todo para detener el incremento de la evasión tributaria observado en los últimos años.

De acuerdo con el Ministerio de Economía, se estima que el incumplimiento del IGV alcanza los S/22,5 mil millones (aproximadamente 3% del PBI), y el del Impuesto a la Renta, los S/35 mil millones (aproximadamente 5% del PBI). Esto, en el papel, quiere decir que en realidad no hace falta aumentar tasas impositivas para recaudar más, sino reducir la evasión y elusión tributaria, por ejemplo, con mejores mecanismos de fiscalización y sanción.

Evidentemente, hacerlo no es sencillo, pero estas cifras dejan clara la ruta que se debería priorizar: incrementar la recaudación sin cargar más a la minoría de empresas y familias que sí pagan todos sus impuestos. Todo parece indicar que el Ministerio de Economía está priorizando este camino, considerando su interés en activar la norma antielusiva y otras medidas para reducir los espacios de evasión.

El rediseño del marco tributario también es importante para desmantelar algunas malas políticas que reducen la recaudación sin generar un beneficio relevante. Un ejemplo es la evaluación de las exoneraciones anunciadas por el Gobierno. Esta es una buena noticia, pues hay diferentes estudios que demuestran que algunas exoneraciones no han cumplido con sus objetivos y que sugieren que sería mejor invertir los recursos en usos más rentables para la sociedad. Por ejemplo, hace seis años Apoyo Consultoría realizó un estudio a pedido del Banco Mundial en el que analizó el impacto de algunas exoneraciones, como las exoneraciones a la Amazonía. En ese caso, concluimos que estas no habían generado impactos positivos sobre la actividad económica ni sobre la creación de empleo, ni sobre el nivel de vida de la población. Por el contrario, se encontró que el 70% de la población en la selva afirmaba que estas exoneraciones favorecían actividades ilícitas. Pero cada una de las exoneraciones se tiene que analizar por separado, de manera rigurosa y con evidencia.

En suma, el pedido de facultades muestra la intención del Poder Ejecutivo de ordenar la casa en materia tributaria. Sin embargo, se debe recordar que hay a quienes les conviene que la casa siga desordenada y por lo tanto debería esperarse una oposición muy fuerte y organizada frente a algunas medidas. Una mala exoneración, por ejemplo, beneficia muchísimo a pocos con capacidad de ejercer presión, pero como el costo se dispersa entre muchos, los afectados no suelen oponerse con la misma intensidad. Por eso es muy importante ver cómo reacciona el Congreso frente al pedido de facultades, para saber si comparte la misma ambición que el Poder Ejecutivo. Para hacer frente a la oposición que seguramente surgirá, se va a necesitar a estos dos poderes del Estado.

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