Reconstrucción: La necesidad de las medidas de excepción
Reconstrucción: La necesidad de las medidas de excepción
Redacción EC

La semana pasada, el Ejecutivo presentó el proyecto de ley con medidas extraordinarias para el proceso de de las zonas afectadas por El Niño costero. En este contexto, es importante discutir por qué son necesarias estas disposiciones e identificar los principales puntos del proyecto de ley que garanticen que esta reconstrucción sea más eficiente que la que se llevó a cabo en Ica luego del terremoto del 2007 y que no presente los mismos cuestionamientos que existen sobre ese episodio. 

¿POR QUÉ LA EXCEPCIÓN?
La realización de un proyecto de inversión pública es un proceso que puede demorar varios años desde el momento en que se decide iniciarlo hasta terminar su ejecución. Técnicamente, este proceso se conoce como ciclo de inversión, el cual está compuesto por 4 fases: la programación de inversiones; formulación y evaluación; ejecución, y funcionamiento. La demora en cada una de fase se encuentra sujeta a las características del proyecto.

La Contraloría de la República señala que más del 60% de proyectos de inversión de gobiernos regionales entre el 2009 y el 2014 se empezaron a ejecutar después de un año o más de haber sido aprobada su formulación. Asimismo, José Luis Escaffi, gerente general de AC Pública en Apoyo Consultoría, señala que, de una muestra de 400 proyectos a escala nacional, la demora entre obtener la aprobación del expediente técnico de un proyecto y el inicio de los gastos en el mismo puede ser de hasta 18 meses. Ambos mencionan como una de las principales razones de esta demora la debilidad y la falta de capacidades de los organismos públicos encargados de sacar adelante estos proyectos.

Por estas razones, para la tarea de reconstrucción resulta necesario medidas de excepción que ayuden a agilizar las obras de rehabilitación. Una opción para acelerar el ciclo de inversión de la reconstrucción es el mecanismo de obras por impuestos (OxI), pues en estos casos las empresas privadas tienen mayores incentivos para realizar la obra con la mayor eficiencia posible dentro del plazo estimado dado que ponen en juego su reputación.

Sin embargo, también es necesario que se centralice la coordinación de todo el proceso, pues de esta forma se le puede dar dirección y aprovechar las economías de escala, que resultan muy grandes en proyectos de un mismo tipo. Así, no se depende de la capacidad de gasto individual de los gobiernos locales, que en muchos casos poseen una precaria institucionalidad.

LA EXPERIENCIA FORSUR
La reconstrucción de Ica, Pisco y Chincha, la cual se intentó centralizar a través del fondo de reconstrucción del sur (Forsur), fue muy deficiente debido a que no poseía independencia administrativa y a su falta de transparencia. Además, Forsur se convirtió en una entidad pública adicional, sujeta al cumplimiento de todos los requisitos de inversión y a la aprobación de las entidades estatales involucradas.

Uno de los casos más emblemáticos de esa ineficiencia fue la reconstrucción del hospital San Juan de Dios de Pisco. Según el MEF, el proyecto se registró en febrero del 2008 y en julio del mismo año se declaró la viabilidad. No obstante, la obra valorizada en S/56 millones se inició en febrero del 2010 y culminó –con la entrega de la infraestructura física y el equipamiento respectivo– recién en setiembre del 2012. Es decir, el nuevo hospital volvió a servir a los pisqueños luego de cinco años.

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En la propuesta actual, se plantea que la toma de decisiones se centralice en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC). A diferencia del Forsur, la ARCC gozaría de autonomía funcional, administrativa, técnica y económica, lo cual implica que no tiene ningún obstáculo para decidir quién y cómo se ejecuta. En este punto, la ARCC debe tener cuidado en definir criterios objetivos para evaluar la capacidad de gasto de las entidades. Un indicador por considerar es la ejecución del presupuesto de inversiones mayores en el 2016. Si consideramos todos los proyectos mayores a 10 millones de soles realizados por los gobiernos locales de Piura a Áncash (Tumbes no tuvo ningún proyecto de más de 10 millones), la ejecución fue menor al 52% en promedio.

Para asegurar la rapidez en la ejecución de las obras, el proyecto de ley plantea establecer un plazo máximo de siete días hábiles para la respuesta de toda clase de permisos, autorizaciones, registros, etc. Asimismo, se señalan mecanismos de transparencia por medio de los cuales la ARCC informa sobre sus avances al público, mediante informes trimestrales de avance de obras, y a las fuerzas políticas en el Acuerdo Nacional.

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