"Relájate: no cobramos por comida", por Alejandro Falla

A nadie le gusta pagar impuestos, pero nos gusta menos cuando nos percatamos de que la empresa con quien competimos en el mercado está exonerada de hacerlo. Si uno paga y el otro no, el piso no está parejo. Uno jugará con ventaja frente al otro. Quien reciba una ayudita estará en mejores condiciones de ganar. Ese es el dilema que enfrentan muchos empresarios en el país que cumplen con pagar sus impuestos y se enfrentan a competidores que —por criollada o informalidad— no lo hacen. A veces, este desbalance es creado por el propio Estado, que toma la decisión de darle una mano a uno y no a otros.

En el Congreso viene discutiéndose el restablecimiento de un beneficio tributario aduanero que permita la importación sin el pago de derechos arancelarios de aeronaves y material aeronáutico por el plazo de cinco años. Este beneficio no es nuevo. Existen antecedentes que datan desde 1997. Desde esa fecha, con algunos espacios y ajustes, se ha venido renovando. La última renovación venció en el 2015.

Se alegan varias razones para renovar este beneficio. Las principales son la promoción del uso del transporte aéreo y el mejoramiento de la flota existente. El incremento en el número de pasajeros transportados (de cuatro millones en el 2009 a 10 millones en el 2015) y el incremento de frecuencias disponibles en rutas nacionales (en algunos casos, se ha triplicado respecto de las existentes al 2010) respalda el pedido. Se ha destacado también la aparición de las empresas ‘low cost’, que se caracterizan por brindar servicios de bajo costo. Se alega que la renovación del beneficio provocará el desarrollo de esta modalidad para cubrir rutas nacionales.

Esta ayudita nos va a costar. Aquí hay una platita que vamos a dejar de cobrar. Es cierto. Pero ese no es el problema. Puede haber razones que justifiquen dejar de cobrar aranceles si, por ejemplo, se generara una mayor conectividad entre poblaciones. El problema es que la medida podría generar distorsiones en el mercado.

Resulta que el ingreso de las ‘low cost’ ha generado un cambio, acercando y colocando en un mismo mercado dos servicios que antes parecían diferentes. Debido a la reducción de las tarifas aéreas, puede resultar más barato viajar vía aérea que hacerlo por bus. “Aerolínea ‘low cost’ anuncia: cobramos por el equipaje, cobramos por la comida, madrugas, no eliges tu asiento, no se aceptan devoluciones… relájate y disfruta del nuevo servicio…”, este es el contenido de la publicidad de una empresa de buses interprovinciales que pone en evidencia la competencia entre ambos servicios.

En ese contexto, darle una ayudita a uno para que renueve su flota y no dársela al otro podría generar una distorsión en una competencia que recién se inicia. No tengo idea si resulta o no conveniente dicha exoneración. Lo que sí tengo claro es que cualquier ayuda de este tipo debiera evaluarse no solo tomando en cuenta su impacto a nivel de los ingresos al fisco, sino también las distorsiones que se podrían generar en la competencia. Si eso no se hace, la ayudita nos podría salir costando más de la cuenta.

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