¿Urge aprobar la norma que sustituiría al D.U. 003?

La tortuga exasperó a la liebre. Ayer, la ministra de Economía y Finanzas (MEF), Claudia Cooper, salió al frente para pedirle al Congreso que apruebe con prontitud el proyecto de ley 2408, con el que el Ejecutivo quiere reemplazar el Decreto de Urgencia 003. Lo que motivó a Cooper fue la decisión del Parlamento el jueves de mandar el predictamen a debate en comisiones otra vez, a pesar de que han pasado 18 días desde que se presentó el proyecto y el Gobierno ha aceptado los más de 60 cambios propuestos hasta ahora. Para el Gobierno, esto fue una señal de que el Legislativo no comparte la prisa por aprobarlo antes del 13 marzo, cuando expira la prórroga del decreto original.

En conferencia de prensa junto con los ministros de Transportes, Salud, Agricultura y Vivienda, Cooper detalló que son 252 proyectos, equivalentes a inversiones por más de S/30 mil millones, los que están en riesgo por la demora del Congreso.

Estas obras, que están siendo ejecutadas por Odebrecht o por otras empresas investigadas por la fiscalía, se encuentran distribuidas en 20 de los 24 departamentos del Perú. Lima sería la región más perjudicada con S/23.471 millones paralizados y 425 mil trabajadores afectados. Le siguen La Libertad, Arequipa, Piura y Cajamarca.

“Se trata de casi todo el presupuesto de inversión pública para el 2018. El año pasado, Odebrecht le costó un punto porcentual al PBI. Esta vez, con 30 empresas implicadas, sería bastante más”, advirtió Cooper.

Sin embargo, congresistas de varias bancadas sostuvieron en reiteradas ocasiones a lo largo de la semana que la cantidad de modificaciones realizadas en el proyecto y la complejidad y trascendencia del mismo exigen un análisis con mayor detenimiento.

“Se le está pidiendo al Legislativo la confianza para que resuelva cosas que en este momento no necesariamente podemos resolver”, afirmó la congresista Marisa Glave (Nuevo Perú) durante el debate del jueves.

Incluso, en el Parlamento se ha cuestionado que la situación busque ser solucionada únicamente a través de un proyecto de ley y que el Ejecutivo no tome en cuenta la posibilidad de emitir un nuevo D.U.

“Lo que sucede es que nos están pidiendo una norma excepcional. Esa norma excepcional, natural y normalmente se daría a través de un decreto de urgencia”, señaló a El Comercio el congresista Miguel Torres (Fuerza Popular).

En respuesta a estas críticas, Cooper fue clara ayer en sostener que la prórroga del D.U. 003 o emitir un decreto nuevo no resolvería el problema de fondo, que es la paralización del sector construcción. Esto, pues una medida de esta naturaleza jurídica no cubriría todas las aristas de esta crisis que exigen atención inmediata.

DECRETO QUE NO CONCRETA
Para emitir un D.U., el inciso 19 del artículo 118 de la Constitución exige tres requisitos: urgencia, impredictibilidad de los hechos sobre los que versa y que lo regulado sea exclusivamente de materia económica y financiera.

En este sentido, el MEF ha repetido en varias ocasiones que su apuesta por el proyecto de ley 2408 se debe a que no existe la impredictibilidad necesaria para un D.U. y que la iniciativa incluye temas que van más allá de lo económico y financiero, como disposiciones penales (la colaboración eficaz de las empresas) y tributarias (un nuevo régimen de medidas cautelares de Sunat).

“Le correspondería al Congreso tomar la posta en este asunto”, coincide Samuel Abad, socio del estudio Echecopar. “El D.U. tiene un carácter de excepción, que no es el caso, ya que vamos más de un año con este debate. Una ley tiene una condición permanente y permite modificar el Código Penal, que es lo que se buscaría”, añade.

Para Darío Jiménez, especialista en gobierno corporativo y compliance, y country manager de Ontier, si bien la crisis del sector construcción y la posible parálisis de proyectos de inversión configuran una situación urgente, la ausencia de cumplimiento de los otros dos requisitos le dan la razón al MEF.

Para el congresista Torres, la impredictibilidad radicaría en “los errores, desaciertos y fracasos” del propio D.U. 003, que terminaron por crear una situación crítica fuera de lo ordinario. Por otro lado, las materias no económicas o financieras sí podrían regularse, ya que “existe un marco jurídico que las ampara”.

“Este Congreso no tiene ningún temor de tomar decisiones que sean necesarias, siempre y cuando estén debidamente debatidas y sustentadas”, afirma Torres.

En el transcurso de la semana, la Cámara de Comercio de Lima, la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional, la Cámara Peruana de la Construcción, la Asociación de Proveedores de Odebrecht y los gobiernos regionales coincidieron en exhortar al Congreso la aprobación del proyecto de ley 2408.

ACLARACIÓN
​El día sábado 3 de marzo en la edición impresa se informó que el consorcio del proyecto de la Línea 2 del metro de Lima estaba conformado por las empresas Odebrecht LatInvest Perú SAC, Graña y Montero S.A.A., Constructora Andrade Gutiérrez S.A. Sucursal del Perú y Constructora Quiero Galvao S.A. Sucursal Perú.

La información debió decir que el Consorcio Nuevo Metro de Lima está integrado por las empresas Iridium y Vialia (España) Impregilo y Ansaldo Breda (Italia) y Cosapi, con un porcentaje menor.

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