Políticas antes que eventos

La mayoría de planes de gobierno, en cuanto a cultura se refiere, es un listado de buenas intenciones (aumentar a 1% el presupuesto en este sector, impulsar las industrias culturales, etc.), pero, como se ha podido comprobar en diversos debates, la gran mayoría no tiene la mínima idea de cómo aterrizar esos propósitos.
El balance muetra que solo dos de los partidos se tomaron la tarea de pensar el sector en serio: Peruanos por el Kambio y el Frente Amplio. Lejos de la visión errónea de concebir al Ministerio de Cultura como una megaproductora de eventos, lo asumieron —con sus diferencias, aciertos y errores— como un espacio de generación e implementación de políticas públicas referidas al sector.
     Por ejemplo, en el conversatorio “¿La cultura importa?”, realizado en el Centro Cultural de la PUCP el 15 de marzo pasado, un respetado sociólogo e historiador habló de otorgar “derechos de autor” a los pueblos indígenas sobre sus conocimientos tradicionales, sin entender que eso recortaría la duración de su protección, que ya se encuentra contemplada en la Ley 27811. Otro representante habló de incrementar a 25 el número de  orquestas musicales, cuando a duras penas podemos reconocer lo que le debemos a nuestros seis elencos nacionales. Ese mismo portavoz explicó que se debían  aumentar los festivales de música y danza, lo que confirma, justamente, la visión que se tiene del ministerio como una productora. Solo dos representantes  se refirieron a un plan basado en lo que necesita nuestro país: una política cultural nacional.
     ¿Y cómo se resume eso? Pues armando un plan a detalle, descentralizado, con programas y estrategias para cada subsector y enfatizando la necesidad de atenernos a dicho plan, sea la línea política que se escoja,  para evitar quedar a merced de la voluntad política del ministro o de los técnicos de turno —uno de los errores no solo de Cultura sino de diversos sectores y ministerios en nuestro país—. Se trata también de comprometer al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) desde el inicio. Todos los que hemos trabajado en el sector cultura sabemos lo complicado que es, a veces, hacer entender al MEF que el impacto cultural no solo se determina con medidores económicos.
     Un ejemplo,  hace tres años el Ministerio de Cultura, en ese entonces a cargo de Luis Peirano, inició un proyecto de ley de incentivos a la promoción cultural, a fin de que el sector privado e incluso las personas naturales pudiesen ‘invertir’ en este tipo de proyectos a cambio de beneficios tributarios y de prestigio. Proponía tres posibilidades de fondos que, en función al grado de compromiso del inversionista y a las características del proyecto, definirían el porcentaje del beneficio tributario. Esta iniciativa no era una ley de mecenazgo, sino de compromiso. El proyecto sigue ahí, se detuvo a la salida del referido ministro.
     De nada sirve aumentar el presupuesto anual del sector al 1% si nuestro Estado se empeña solo en apoyar manifestaciones aisladas o los famosos “días de”. Con un plan nacional de cultura, así cambien los técnicos o los políticos, no desandaremos el camino y tendremos logros a corto, mediano y largo plazo.

Retos futuros - Santiago Alfaro, Sociólogo

La selección artificial (JNE) y natural (opinión pública) de la campaña ha dejado solo a cuatro candidatos con altas probabilidades de ganar las elecciones. Una revisión de sus planes de gobierno en cultura nos lleva a concluir que los únicos puntos en los que coinciden consisten en poner en valor el patrimonio con el fin de atraer a más turistas, implementar la consulta previa para darle viabilidad a las inversiones en industrias extractivas y facilitar el uso de lenguas indígenas en los servicios públicos. 
La promoción de las industrias culturales y las artes son solo temas de agenda de Pedro Pablo Kuczynski y Verónika Mendoza. En el primer caso, el principal objetivo es mejorar la oferta, especialmente a través del emprendimiento cultural y el desarrollo comercial. En el segundo, el énfasis está en la memoria, la cultura  viva comunitaria, la enseñanza artística y la promulgación de una ley de las y los trabajadores culturales. Fuera de los consensos, en el campo de la interculturalidad, Alfredo Barnechea solo apuesta por la educación bilingüe. Keiko Fujimori no hace ninguna mención al tema. PPK se limita a plantear varias medidas para luchar contra el racismo. Mendoza, en cambio, propone la inclusión de la población afroperuana y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.
     Sea quien fuere el elegido, su reto será el de profesionalizar las políticas culturales y darles legitimidad. La profesionalización pasa por pensar sus objetivos en función a la realización de proyectos focalizados en la transformación de realidades. El objetivo es mejorar la calidad de vida de la gente.
     La misión del Ministerio de Cultura debería centrarse en, por ejemplo, evitar la reproducción de desigualdades en el acceso a la lectura. Su legitimidad es vital para ampliar los temas de consenso entre los políticos. Esa es también tarea de los ciudadanos. Sin su intervención, los políticos seguirán privilegiando el turismo sobre la apropiación social del patrimonio, limitando la agenda indígena a la gestión de conflictos y confundiendo la enseñanza artística con manualidades.