Retrato de la convivencia social en la nueva normalidad (Foto: GEC)
Retrato de la convivencia social en la nueva normalidad (Foto: GEC)
Miguel Ángel Polo Santillán

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Las últimas semanas, en el Perú y en otros países, algunas personas se han preguntado por qué los ciudadanos no respetan las normas, especialmente las referidas a las del cuidado y protección de la salud durante la pandemia. ¿Qué hace que las personas no las respeten? ¿Solo una irresponsabilidad individual, asunto de individuos rebeldes a las leyes o está inscrito en el ADN del peruano o del ser humano?

El abismo entre la ley y la vida

Una idea errada que se forman las sociedades legalistas, es decir, aquellas que contienen leyes para regir todos los aspectos de la vida humana, es que terminan creyendo que con las leyes se solucionarán los problemas que se generan en la convivencia. Leyes, decretos, normas, reglamentos, llenan la vida de los ciudadanos, sin que estos nunca terminen de darse cuenta de todo este mundo formal.

Una de las características de todo este mundo normativo es la distancia con el mundo empírico, la vida en sentido biológico. Esta brecha cultural se ha hecho más patente en las sociedades modernas de mayor artificialización. Existiendo esa brecha, ¿es posible superarla? ¿cómo acercar la ley a la vida? Las sociedades antiguas consideraban a las leyes humanas integradas a un orden mayor. Sin embargo, no siempre eran garantía de sociedades justas.

Otro modo de enfocar el tema es la separación entre el ideal y lo real, pues la ley representa lo ideal y la vida lo real. Y hay un gran trecho entre ambas. El ideal no solo está alejado, sino nos impulsa hacia el futuro. Por eso nunca puede ser alcanzado, pero inspira. Esto está detrás de las utopías sociales, que están no para realizarse, sino para inspirar los cambios. Sin embargo, la desesperación de no alcanzar el ideal ha terminado en el descrédito de los ideales, apostando por el presentismo sin pasado o futuro alguno. Ese desencanto es una de las razones de la posmodernidad.

Sin embargo, este presentismo posmoderno donde el ideal y la ley son artificios, que limitan la libertad del individuo, más que permitir la convivencia entre los ciudadanos con diferentes perspectivas, genera una desarticulación de la sociedad. Más aún cuando la ley ha estado ligada al poder de un grupo social, cultural, político y económico. Una razón más para sospechar de la ley. Entonces, ¿debemos asumir una visión romántica y creer en los decretos, leyes, normas sociales y políticas? La pandemia ha puesto el límite de estas perspectivas y sus subsecuentes acciones. ¿Qué nos queda entonces?

Ética cívica

Es cierto que los ciudadanos contemporáneos estamos más advertidos de creer –sin sentido crítico– en leyes que sostienen órdenes sociales. Pero la sospecha puede destruir las posibilidades de la convivencia. No obstante, no podemos renunciar al pensamiento crítico, que sospeche de las creencias dominantes que generan lo normativo. Ahora, la crítica, ¿se sostiene por sí misma? Afirmar esto es seguir un pensamiento descontextualizado.

El contexto histórico ha estado particularmente marcado por dominios de diferentes poderes y consiguientes luchas e injusticias. Así, saber el contexto de la crítica debiera ser un sano criterio. Además, esto debiera estar acompañado por el criterio de justicia, especialmente por tratarse de asuntos de convivencia social. ¿Qué está detrás de esta norma? ¿Es realmente una cuestión de justicia o solo beneficia a intereses de unos pocos? ¿Qué consecuencias va a traer su aplicación? ¿Realmente promueve el bien común? De ese modo, el sentido crítico del ciudadano debe estar acompañado de criterios éticos, de justicia, que permitan el reconocimiento de los excluidos y marginados por el orden dominante. Esto no es nuevo, ya estaba en la crítica cristiana al predominio de la ley sin tener en cuenta las necesidades humanas (Mateo 12, 8-14). Hoy, una sociedad democrática, que siga excluyendo y marginando a grupos sociales, sería nominal, sin sustancia ética, es decir, injusta.

Es cierto que resulta muy difícil llenar la brecha entre la ley y la vida, pero éticamente necesitamos sentido crítico e ideal de justicia, para acercar ambas realidades humanas. Y estas actitudes éticas deben materializarse en prácticas de mediaciones, como participación, acuerdos, transparencia, instituciones y mecanismos que hagan posible el cumplimiento justo de la ley. De lo contrario, los ideales de una ética cívica seguirán siendo lindas y bienintencionadas abstracciones sin aplicación práctica.

Dentro de una sociedad democrática debemos procurar servirnos de las leyes para hacer justa nuestra convivencia social entre sujetos que se reconocen diferentes, pero no para dominar ni explotar a otros. De lo contrario, los ciudadanos tienen el derecho de exigir esas leyes justas y vigilar a las autoridades para que las cumplan. Así, la exigencia de cumplimiento de una ley justa es de doble vía: de las autoridades y de los ciudadanos.

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