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Por Pierre Emile Vandoorne

El anuncio de la aprobación del proyecto de la Ley de Cinematografía y el Audiovisual ha despertado un insólito debate sobre la pertinencia de financiar la producción cultural en el Perú. Los cuestionamientos señalan que los indicadores de desigualdad, pobreza y exclusión social en nuestro país, y las prioridades que nuestro Estado debería plantear a través de la distribución de su presupuesto, hacen impensable la inversión pública en el ámbito de la creación y producción cultural contemporánea.

     En términos generales, los recursos que la ley propone para incentivar el cine, el audiovisual, las artes y las industrias culturales en general son ínfimos (0,017 % del presupuesto de la República), por lo que no significarían un aporte relevante para la implementación de acciones sectoriales necesarias en educación o salud. Sin embargo, estos recursos son determinantes en el ámbito de las artes y constituyen un paso histórico hacia la consolidación de la política cultural que el país merece.

     Más allá de los efectos que las industrias culturales y las artes tienen, o pueden tener, en la educación y el desarrollo intelectual de la ciudadanía, en la convivencia en nuestras comunidades, en la economía y el empleo, ellas valen por sí mismas como actividades y productos que generan nuestro sentido de pertenencia a un mismo país. Este sentido de pertenencia no siempre es armónico, y puede construirse a partir del debate, de distintas formas de ver el mundo, es decir, del reconocimiento de nuestras diferencias. Por ello, no debe temérsele al lado transgresor y polémico de las artes.

     En cuanto al audiovisual, este es, desde hace cien años, el medio fundamental de transmisión de conocimientos, información y valores sociales. Sin él, una comprensión integral del mundo contemporáneo es imposible, pues es el registro y la expresión de nuestra historia colectiva y de nuestras historias individuales. Por su parte, el cine es, literalmente, una luz en la oscuridad.

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