(Ilustración: El Comercio)
(Ilustración: El Comercio)
Martín Hidalgo Bustamante

Jefe de la Unidad de Periodismo de Datos

martin.hidalgo@comercio.com.pe

La trayectoria de los candidatos al Congreso debe ser uno de los factores por considerar a la hora de decidir el voto. El Comercio realizó un cruce de información entre las y el portal de transparencia económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y detectó que 1.317 aspirantes al Parlamento figuran como proveedores del Estado hasta el 2019 (en total hay poco más de 2.300 postulantes).

De ese número, cuatro candidatos recibieron más de un millón de soles por servicios que brindaron al Estado.

“El que un candidato que sea proveedor llegue al poder puede ser bueno o malo. Por un lado, puede tener experiencia y contacto con los problemas del Estado y tener un legítimo interés de hacer servicio público. De otro lado, existe un problema cuando se quiere llegar al poder para beneficiar a su empresa o a un negocio”, explica el politólogo José Incio.

Para Incio, un factor que puede ayudar a diferenciar los intereses detrás de una candidatura es el cruce de información con otros elementos, como la trayectoria política.



6 millones de soles registra Federico Bonnett Villavicencio, aspirante del Apra por Junín, por servicios que brindó al Estado. Sin embargo, su candidatura fue declarada improcedente.

El candidato que más servicios dio al Estado es José Antonio Ramírez García, de la lista por Cajamarca de Fuerza Popular (ver infografía). Él ha sido militante aprista y ha postulado por tres agrupaciones distintas a los cargos de regidor y alcalde provincial.

Otro de los candidatos que más servicios brindaron al Estado es Abraham Pacheco Cajaleón, quien también postula por FP. Ha participado en cuatro comicios, en los que buscó ser regidor en San Martín de Porres y congresista por el Callao. Ahora es candidato de la lista de Lima Provincias.

Lo mismo sucede con Leomar Alaba Hoyos, candidato del Partido Morado en Cajamarca, quien antes militó en Solidaridad Nacional y postuló en tres comicios para ser regidor y alcalde provincial, pero sin éxito. Alaba, tal como informó este Diario, es uno de los candidatos que figuran como deudores coactivos de la Sunat por un monto que asciende a S/92.668.

“En algunos casos llama la atención que tengan tanta vehemencia para entrar a la política. O el caso del candidato que ha postulado por San Martín, Callao y ahora Lima Provincias, hay un transfuguismo regional que te muestra que está intentando entrar por cualquier lado”, refiere Incio.

(Elaboración: El Comercio)
(Elaboración: El Comercio)

Para el próximo Congreso, todos los representantes estarán obligados a presentar una declaración jurada de intereses. Esto servirá para delimitar posibles conflictos. Entre los partidos con mayores candidatos proveedores figuran tres con chances de pasar la valla electoral: Alianza para el Progreso (60% del total de sus candidatos), Somos Perú (59%) y Acción Popular (56%).

En ese sentido, Incio resalta la importancia de revisar las trayectorias de los candidatos.

-El caso de Gagó-

En el 2014, el pleno del Congreso suspendió 120 días al entonces legislador fujimorista Julio Gagó. La decisión se basó en un informe de la Comisión de Ética Parlamentaria.

El informe concluyó que Gagó buscó la forma para que “la empresa Jaamsa [de la cual sus hermanos y él son accionistas] continúe vendiéndole al Estado, estrategia que consistió en valerse de la empresa Copy Depot S.A., sobre la cual ejercía dominio y dirección, y por ser una empresa en la que no figuran como accionistas ni él ni sus hermanos”.