Redacción EC
Eduardo Dargent (Politólogo)

“Amenazas de vacancia”

Es importante recordar que hasta antes de que el intentara elegir a los seis magistrados del Tribunal Constitucional, la percepción era la de un Ejecutivo con dificultades para recuperar su ventaja política. Fue la torpeza de la mayoría al intentar agilizar dicha elección la que abre la puerta para la disolución. Entonces, si ante la elección de miembros del tribunal no se disolvía el Congreso, considero que el Ejecutivo hubiese seguido perdiendo fuerza, y la crispación, aumentado. Difícil tener de nuevo una oportunidad tan clara como esa.

Además, con un TC contrario a sus posiciones, probablemente no solo se hubiese afectado la lucha contra la corrupción, sino que se habría logrado un blindaje ante una disolución. Además, probablemente se habrían levantado las denuncias periodísticas contra el presidente para realizar amenazas de vacancia, siendo la izquierda y unos pocos grupos más los únicos límites para que ello se concretara. Un conflicto social con víctimas o una denuncia creíble de corrupción podría haber alineado una mayoría que logre esa vacancia.

Es decir, más crispación y probablemente un Ejecutivo debilitado y vulnerable. Mi gran duda en este contrafáctico es cómo habría reaccionado la población ante una vacancia. ¿Habría reaccionado defendiendo al presidente como sucedió con los fiscales del equipo especial? ¿O se hubiese tolerado a Mercedes Araoz o Pedro Olaechea en la presidencia?

Mabel Huertas (Periodista)

“Confianza denegada”

Supongamos que la mañana del 30 de setiembre, en un arrebato de cordura y proyectando el desenlace, el pleno del Congreso de la República hubiese otorgado la confianza al primer ministro Salvador del Solar antes de la elección del miembro del Tribunal Constitucional. El resultado habría sido un presidente más fortalecido ante un Parlamento aparentemente sumiso a las imposiciones del Ejecutivo. Sin embargo, esto también habría significado la radicalización de los sectores más duros de la oposición representada en , Pedro Olaechea y Mauricio Mulder, quienes seguirían dando la lucha y aglutinando seguidores en un ambiente aún más polarizado y con un discurso mucho más violento.

Para navegar con el humor popular, continuaría enfrentando al Legislativo. Nuevamente alcanzaría algún proyecto de ley para su aprobación, que pasaría una vez más por el mismo trámite. La dinámica ya es conocida: el Congreso debate, demora, modifica ‘el espíritu’ de la propuesta; el primer ministro solicita el voto de confianza, y esta es otorgada. Este círculo perverso que podría repetirse, según la Constitución, solo hasta julio del 2020, sería detenido por el mismo Legislativo cuando finalmente la confianza sea denegada y el Parlamento disuelto. El inevitable final, pero postergado.

Enrique Castillo (periodista)

“Elecciones adelantadas”

Haciendo un ejercicio de ficción –y prescindiendo de juicios de valor– se podría afirmar que si no se hubiera cerrado el Congreso, muy probablemente ahora estaríamos en el inicio de una campaña electoral para elegir presidente y congresistas.

Durante los tres últimos meses del 2019 habríamos vivido la radicalización del conflicto político, la intensificación de la confrontación y la incapacidad –y falta de voluntad– de ambas partes para tratar de llegar con cierta estabilidad al 2021.

La deficiente gestión del Ejecutivo, los líos internos y escándalos generados desde el Congreso, la guerra entre ambos que hacía imposible –por ejemplo– elegir a los nuevos miembros del TC, y los sucesos vividos en Chile hubieran impactado de otra manera en la población, y el grito de “que se vayan todos (pero todos)” hubiera sido una consigna general. La idea ya estaba instalada.

Esto seguramente hubiera obligado a retomar y acelerar conversaciones (como la de Galarreta-Del Solar) para adelantar elecciones generales bajo condiciones y reformas conversadas, porque la vacancia era irrealizable por falta de votos, y la renuncia del presidente era inviable por cálculo político. Y si cualquiera de estas se hubiera dado… estaríamos igual, en el inicio de una campaña electoral general.

Adriana Urrutia (Directora de la Escuela Profesional de Ciencia Política de la UARM)

Conflictos reanudados”

Imaginemos el Perú sin el cierre del Congreso desde la mirada de una mujer de 20 años. La joven estudiante sube al micro y suspira al sentarse. Está cansada. Espera que al llegar a la universidad se hayan liberado las puertas de entrada de los policías y que los estudiantes que se aferraban a la protesta la dejaran matricularse. Eso, si se confirmaba que las clases se retomarían en la universidad pública.

No hay cifras exactas de cuánta gente se movilizó en todo el país en el #OctubreIncendiario. Sin duda, al principio fueron muchos. Se dice que 150 mil manifestantes el primer día a escala nacional. El descontento llevó a la calle. “Nunca te elegimos presidente”, era un lema recurrente; “Ojalá hubieras tenido el coraje del Chino para cerrar ese antro”, decían otros. En regiones, habían cerrado la interoceánica. Los otros conflictos nunca resueltos se habían reanudado con fuerza: Tía María, Las Bambas, la lista seguía.

La sociedad civil pareció organizada por siete días. Tras tres semanas de manifestaciones intermitentes, nadie recordaba por qué protestaban. No había líder. En diciembre, un titular señalaba: “Vizcarra verá su mandato acortado”. El nuevo Tribunal Constitucional, designado por el fujimorismo, estaba investigando al presidente. La joven recordó que en enero habían previsto convocarlo a declarar y, según eso, lo enjuiciarían y apresarían. Pero hacía tanto calor que ya ni eso le importaba.




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