(Foto: Agencias)
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El pasado 26 de setiembre, se promulgó la última ley que aplicará para el proceso electoral del 2021: la norma que modifica una serie de aspectos sobre el financiamiento de partidos políticos. Uno de esos cambios establece que el financiamiento público indirecto podrá ser utilizado por las organizaciones políticas para contratar publicidad en redes sociales. Desde el mismo Congreso y la ONPE han advertido que la norma iría en contra de la Constitución, pero el Ministerio de Justicia y un abogado especialista alegan que va de acorde al espíritu de la Carta Magna.

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