Keiko Fujimori debe solicitar permiso judicial para salir de Lima en campaña electoral.
Keiko Fujimori debe solicitar permiso judicial para salir de Lima en campaña electoral.
María Isabel Álvarez

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El Poder Judicial notificó al equipo especial Lava Jato sobre el reciente pedido de la defensa de para salir de Lima y continuar con su campaña electoral. La candidata de Fuerza Popular, quien afronta una acusación por lavado de activos y un pedido de prisión de 30 años y 10 meses, debe solicitar permiso al juzgado cada vez que quiera dejar la capital, esto, como parte de la orden de comparecencia restringida que le impuso la Sala de Apelaciones al dictar su excarcelación.

La juez María de los Ángeles Álvarez Camacho trasladó el pedido para viajar de Fujimori Higuchi al fiscal José Domingo Pérez, con el objetivo de que emita un pronunciamiento al respecto, y así contar con un elemento más para definir si otorga o no el permiso.

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El fiscal cuenta con dos días hábiles para responder sobre el permiso a la candidata, luego de haber sido notificado el sábado pasado.

Esta es la primera vez que se le solicita al fiscal su pronunciamiento ante un pedido de permiso de Keiko Fujimori. El juez a cargo del caso, Víctor Zúñiga, se encuentra de licencia, por lo que la jueza Álvarez está encargada del despacho.

Jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho. (Foto: GEC)
Jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho. (Foto: GEC)

A través de sus redes sociales, Keiko Fujimori señaló que “mientras el candidato Pedro Castillo viaja por el país, yo aún no puedo iniciar mis visitas al interior para ejercer mi legítimo derecho de hacer llegar mis propuestas a la población. Espero que esta solicitud sea resuelta a la brevedad posible”.

De acuerdo a los resultados al 100% de las actas procesadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, obtiene el 19.099% de los votos emitidos a nivel nacional, seguido de Keiko Fujimori, candidata por Fuerza Popular, con el 13.368%. Ambos participarán de la segunda vuelta electoral programada para el domingo 6 de junio.

Pronunciamiento de fiscal no es vinculante

El abogado penalista Rafael Chanjan Documet y el exprocurador Antonio Maldonado coincidieron que es un recurso válido solicitar la opinión del Ministerio Público para determinar si se aprueba el pedido de Fujimori. Indicaron que lo que diga el fiscal no es vinculante, es decir, la decisión judicial no dependerá únicamente de lo que manifieste Pérez.

“Teniendo en cuenta que un juez, para un proceso, tiene que tomar en cuenta una serie de situaciones, también opiniones, no solo del Ministerio Público, podría solicitar información cuando es urgente a otros sujetos (procesales), en aras de que las decisiones sean lo más razonadas y se base en la mayor cantidad de información”, dijo Chanjan.

El especialista sostuvo que si bien “no es usual”, “se trata de un pedido que podría tener incidencia en la investigación”, y que, “es un pedido que hace el juez para estar en mejor condición de resolver una problemática”.

“Tampoco es que el juez esté vinculado a lo que diga el Ministerio Público, lo tomará como un elemento más, pero no está obligado a seguir la recomendación”, agregó.

En tanto, Antonio Maldonado sostuvo que solicitar la opinión de la fiscalía “es común, regular, lo que corresponde, no podría ser de otra manera”.

“Es un proceso iniciado por el Ministerio Público, desconozco las razones por las que anteriormente ante un planteamiento similar el juez que controla la investigación no ha cursado traslado al Ministerio Público, pero es lo que corresponde, poner en conocimiento de otro sujetos procesales la intención de la protagonista de la investigación”, indicó.

Maldonado añadió que el pronunciamiento del fiscal tampoco es vinculante.

“Quien está a cargo del control de normas nacionales e internacionales es el juez, la fiscalía puede en aras de su interpretación de como actuar eficientemente, puede sostener que se le conculquen algunos derechos procesales al investigado pero es el juez quien tiene la garantía que los derechos humanos de la persona sean respetados”, anotó.

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