Keiko Fujimori pide auditoría: El trámite y el probable escenario tras la carta que dirigió al presidente Sagasti

En declaraciones a la prensa, la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, comunicó que el documento de la postulante será respondido, pero que primero debe pasar por una evaluación del equipo de asesores de la presidencia y que, adicionalmente, se solicitará la observación del Ministerio de Justicia.

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“Como es habitual, toda comunicación que tiene un pedido, tiene que pasar a los asesores para ser evaluado. Por la tarde, deben haberla transferido al equipo de asesores. Por mi parte, estoy recomendando que tenga una mirada del sector Justicia para atender el pedido a la brevedad porque entendemos que es la expectativa de una ciudadana que en este momento se encuentra en un proceso electoral”, declaró Bermúdez en RPP.

Una fuente de El Comercio sostuvo que el análisis jurídico que podría aportar el Ministerio de Justicia es lo común en el procesamiento de una respuesta solicitada al jefe del Estado. “Se tiene que analizar, pero no veo que haya mucho margen de acción para el presidente”, indicó.

De otro lado, una fuente de Palacio de Gobierno informó a este Diario que el documento ya está en manos de los asesores del mandatario y que, si bien el plazo máximo para que el presidente Sagasti envíe una respuesta es de 30 días hábiles [como lo establece la Ley del Procedimiento Administrativo General], se buscará celeridad “tan pronto emitan opinión las oficinas encargadas”.

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El conflicto con la neutralidad

En diálogo con El Comercio, especialistas en derecho electoral calificaron como “muy remota” una aceptación del presidente Sagasti a pedir la intervención internacional. Jorge Jáuregui Mendieta explicó que en esta evaluación al pedido entra en juego el principio de neutralidad electoral que obliga a los funcionarios públicos a mantener distancia.

“El artículo 31 de la Constitución, cuando establece los derechos de participación electoral de los ciudadanos y las ciudadanas, señala un conjunto de garantías. Y, justamente, el candado final para que se proteja esa libertad es la prohibición de que se afecte la neutralidad estatal en etapa de elección. Entonces, salvo los organismos electorales, ningún otro organismo del Estado puede tener una injerencia. En ese sentido, en el artículo 346 de la Ley Orgánica de Elecciones, claramente se prohíbe, tanto a autoridades políticas como públicas, practicar actos que favorezcan o perjudiquen a un determinado partido o a una determinada candidatura”, anota el experto.

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Jáuregui advierte que la solicitud de la auditoría es de interés particular del partido Fuerza Popular, cuya causa —además, vigente de deliberaciones ante el JNE— es encontrar un resultado favorable a su candidatura. Por tanto, refiere que el pedido pondría en una situación conflictiva al presidente sobre la neutralidad.

“Asumir la hipótesis de un partido sobre supuestas irregularidades que supuestamente lo desfavorecieron no es función del presidente de la República. Hay que entender que la neutralidad es un elemento de expresión del equilibrio de poderes. ¿Cómo el presidente podría justificar una intervención al tema electoral cuando, además de que no le compete, ya hay una autoridad electoral funcionando para ello? Al margen del indicio muy potente que han dejado los audios de Vladimiro Montesinos sobre el desempeño de uno de los magistrados [Luis Arce], el JNE y todos sus JEE han estado actuando”, explica.

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Para el experto en derecho constitucional y temas electorales, José Naupari Wong, el principio de neutralidad estatal será clave en la decisión que tome el gobierno. “Al evaluar el pedido, definitivamente estará muy presente este principio porque es el pedido de un solo participante de la contienda electoral, que además es el único actor que alega las presuntas irregularidades y que, indirectamente, está cuestionando a los organismos constitucionales autónomos del sistema electoral nacional”, expresa.

Naupari señala que, si bien hay diferencias de profundidad entre la observación que hacen las misiones electorales de la OEA y las auditorías internacionales debidamente motivadas, estas últimas se suelen activar en función a advertencias de los observadores; lo cual no se ha dado: “No hay un indicio claro de irregularidad en el proceso que la misión de la OEA haya observado. Tampoco el partido ha podido denunciar contundentemente. Entonces, hay un problema de motivación muy claro, que ya ni siquiera tiene que ver con una voluntad del presidente Sagasti”.

El especialista Jorge Jáuregui estima que otro factor a considerar en el pedido de Fujimori es el de competencias del Jurado Nacional de Elecciones, que aunque no en el marco de auditorías, ya tiene labores de fiscalización electoral.

“Esa tarea la conocimos todos los ciudadanos desde que inició el proceso electoral: inscripción de candidaturas, fiscalización de las campañas, fiscalización de tachas, información, deliberaciones sobre exclusiones, además del repliegue en la jornada electoral junto a ONPE. De otro lado, considero que Fuerza Popular no ha tomado en cuenta que también hubo fiscalizadores técnicos del JNE que verifican los software de cómputo de votos, con presencia fiscal y de los personeros de los partidos. La veeduría técnica ya se hizo. En ese sentido, el pedido de auditoría externa, internacional, no tiene mucho asidero”, expresó.

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La visita a la OEA: otro recurso poco efectivo

Aquí cabe resaltar que el economista Daniel Córdova, presidente del Instituto Invertir Libertad y recurrente vocero de la causa de Fuerza Popular, informó este martes que ya se encuentra en Washington D.C., sede de la OEA, para buscar una reunión con el secretario general de este organismo, Luis Almagro.

Esto, con el fin de exponerle los supuestos vicios que el partido habría detectado en la segunda vuelta. En una entrevista con RPP, Córdova reconoció que no tienen “evidencia material” para apoyar las denuncias, pero que sí hay “evidencia estadística”. También insistió en que el caso de Bolivia —país donde la OEA encabezó una auditoría a invitación de la Cancillería boliviana en el 2019— debería servir de referencia. No obstante, ya en un anterior informe, este Diario dio a notar las diferencias en cada caso.

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Una fuente de El Comercio destacó que, a diferencia de la intención de Córdova y otros actores políticos de que la OEA se vea comprometida a intervenir, el documento remitido por Fujimori al presidente Sagasti no precisa a qué organismo internacional apunta la expectativa. “Probablemente, por falta de certeza de que acepte auditar es que la carta de Fujimori no especifica que la petición sería a la OEA. Solo dice ‘auditoría internacional’. Si se tuviera esa certeza [sobre la pertinencia de la OEA], se le habría aludido en la carta”, refirió.

Para José Naupari, aun si la OEA analizara seriamente llevar a cabo una auditoría, su rol no suplantaría al del JNE. “El único ente competente de determinar las supuestas irregularidades es el Jurado Nacional de Elecciones. En el caso hipotético de que se de una situación de auditoría internacional, las conclusiones de la OEA no tendrían un efecto sobre la elección. En el caso, hipotético también, de que sí encuentre irregularidades, un eventual informe serviría de referencia para corregir fallas en adelante en el sistema, pero nada más allá de eso”, explicó.

En una entrevista anterior, el experto en derecho internacional Daniel Cerqueira estimó que la OEA no podría encontrar una predisposición a acceder al pedido planteado por Fuerza Popular o sus representantes: “En este supuesto, un tanto atípico, yo considero que la respuesta sería negativa porque no hay posibilidad jurídica de que la OEA reemplace a una autoridad judicial electoral interna. Ahí no hay competencia”.

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