Local de Fuerza Popular fue intervenido por la fiscalía en el 2020.
Local de Fuerza Popular fue intervenido por la fiscalía en el 2020.
María Isabel Álvarez

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El Poder Judicial confirmó la diligencia de allanamiento e incautación en el local del partido , que el fiscal José Domingo Pérez realizó en enero del año pasado, tras declarar infundado el recurso de apelación que interpuso la defensa de la agrupación política para dejar sin efecto lo hecho y obtenido por el Ministerio Público.

De acuerdo a la resolución, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional rechazó la apelación contra las diligencias en la sede de Paseo Colón, en el Centro de Lima, y precisó que la incautación de documentación no representa “una lesión a los derechos del apelante, más aún si la propia defensa ha reconocido que solo eran copias de documentos cuyos originales – según afirma – ya habría sido objeto de incautación”.

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La sala recordó que la defensa señaló que no era necesario incautar los documentos, pues los mismos se trataban de simples copias, cuyos originales y que ya habían sido incautados durante la diligencia de allanamiento en el 2017.

“Al respecto debemos tener presente que la diligencia de incautación y allanamiento se prolongó hasta la madrugada del día siguiente (04 de febrero de 2020), durando un aproximado de 26 de horas, habiéndose revisado una gran cantidad de documentos de relevancia encontrados al interior del local”, indicaron.

En la resolución judicial se precisa que en el Acta de Allanamiento se dejó constancia que no se pudo realizar la individualización de los documentos contenidos en los catorce archivadores, ubicados en el local, debido a la falta de personal y por ya haberse prolongado la diligencia. “Se cumple el juicio de necesidad al no tenerse procedimiento alternativo que hubiera permitido alcanzar la misma finalidad”, agregaron.

tras la diligencia de enero del año pasado, en las primeras horas del allanamiento al local de Fuerza Popular, el equipo especial halló documentación que, según la fiscalía, iba a ser usada por el partido político para sustentar los aportes falsos de la campaña electoral del 2011.

En el requerimiento en el que el fiscal José Domingo Pérez pidió ampliar la orden de allanamiento e incautación, se precisa que “se han hallado evidencias de la comisión continua del delito de obstrucción a la justicia”.

La fiscalía indicó que se hallaron “legajos confeccionados de aportantes con recibos de aportes de Fuerza 2011 y documentación empleada para justificar la condición patrimonial de los falsos aportantes”.

Lo encontrado incluía transferencias bancarias, correos electrónicos, declaraciones juradas y comprobantes de pago.

Para el equipo especial, esta información buscaría “torcer la manifestación brindada por los aportantes que negaban haber realizado las contribuciones a Fuerza 2011”.

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