Keiko Fujimori ha sido acusada por diversos delitos. El equipo especial Lava Jato ha solicitado una pena de 30 años y 10 meses en su contra. Foto: AFP / Gian MASKO
Keiko Fujimori ha sido acusada por diversos delitos. El equipo especial Lava Jato ha solicitado una pena de 30 años y 10 meses en su contra. Foto: AFP / Gian MASKO
María Isabel Álvarez

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El juez Víctor Zúñiga Urday dio inicio a la etapa del control de acusación contra la candidata a la presidencia y otros 39 coacusados por el presunto delito de lavado de activos, crimen organizado, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo.

De acuerdo a la resolución a la que accedió El Comercio, el magistrado dispuso remitir la acusación fiscal a los abogados de los acusados. El magistrado ha otorgado el plazo de 10 días, que inició ayer lunes, para que las defensas puedan realizar observaciones por defectos formales, solicitar la imposición o revocación de una medida de coerción o la actuación de prueba anticipada, objetar la reparación civil ofreciendo los medios de prueba pertinentes, entre otros.

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Con esta decisión, el Poder Judicial podrá comenzar la etapa intermedia del proceso (control de acusación), donde se revisará las pruebas que presentó el fiscal José Domingo Pérez, el pasado 11 de marzo, en el requerimiento acusatorio, contra Keiko Fujimori, su esposo Mark Vito Villanella, su abogada Giulliana Loza, y varios miembros de su entorno más cercano.

Resolución judicial.
Resolución judicial.

De esta forma se empezará la fase previa al juicio oral. Se tratará de una serie de audiencias en las que se evaluará, en fondo y forma, la acusación que presentó el Ministerio Público. El plazo de esta etapa depende del número de acusados, así como de la cantidad de elementos de prueba que ha conseguido la fiscalía.

En el caso de Keiko Fujimori, la continuidad del proceso es aún incierta. De ganar las elecciones a la presidencia, no será incluida en el proceso y lo afrontaría en julio de 2026.

En su acusación, el fiscal Pérez sostiene que existió una presunta red criminal al interior de Fuerza Popular, encargada de ocultar financiamiento ilícito para las campañas electorales de 2011 y 2016, a través de aportantes falsos, quienes han declarado en contra de Keiko Fujimori y otros implicados.

El Ministerio Público solicitó contra Keiko Fujimori una pena de 30 años y 10 meses de prisión. En total, han sido más de tres años de investigación los que le ha tomado a la fiscalía determinar la responsabilidad penal de Fujimori en el caso del presunto financiamiento ilegal a sus campañas.

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