Martín Vizcarra pidió “dejar atrás” el uso de un poder del Estado para iniciar una “persecución política”. (Foto: Alonso Chero/ GEC)
Martín Vizcarra pidió “dejar atrás” el uso de un poder del Estado para iniciar una “persecución política”. (Foto: Alonso Chero/ GEC)
Redacción EC

El exmandatario anunció este viernes que ha presentado una acción de amparo ante el Poder Judicial contra el y que podría terminar con su candidatura al Parlamento en las .

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A través de Twitter, el exmandatario pidió “dejar atrás” el uso de un poder del Estado para iniciar una “persecución política”. “Frente a la vulneración del debido proceso, garantizado en la Constitución, he presentado una acción de amparo ante el Poder Judicial en contra de la inhabilitación exprés iniciada por el Congreso de la República”, señaló.

“Dejemos atrás las épocas en que se utiliza un poder del Estado para orquestar una persecución política”, añadió el exmandatario en la red social.

Como se recuerda, el último jueves la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, designó al legislador Jim Ali Mamani para que elabore el informe sobre las denuncias por supuestas infracciones constitucionales que cometió Vizcarra por haberse vacunado con dosis de Sinopharm contra el COVID-19 en setiembre del 2020.

El juicio político por estos hechos, según las denuncias que presentaron congresistas de diversas bancadas, podría concluir con la inhabilitación de Martín Vizcarra por un plazo de 10 años si llega a ser aprobado por el pleno del Parlamento.

El último lunes, la Comisión Permanente del Congreso ratificó el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales sobre las denuncias constitucionales N°422 y N° 424, presentadas contra el expresidente por el mismo caso.

Con 24 votos a favor, se otorgó un plazo de 15 días hábiles a la subcomisión encabezada por el congresista Carlos Pérez Ochoa (Acción Popular) para elaborar el informe respectivo y se aprobó acumular ambas acusaciones.

Asimismo, la Comisión Permanente aprobó el informe de calificación de las denuncias constitucionales N°423 y 427 contra el exmandatario, así como contra las exministras Pilar Mazzetti (Salud) y Elizabeth Astete (Cancillería) y se le concedió al grupo de trabajo 15 días de plazo para la elaboración del informe final.

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