Pedro Castillo: ¿Que opinan los expertos sobre sus propuestas de campaña?

Durante la recta final de su campaña, el candidato presidencial Pedro Castillo (Perú Libre) aseguró que, de llegar a Palacio, desactivará el Tribunal Constitucional. Añadió que la ciudadanía se encargaría de elegir a los nuevos magistrados de ese organismo.

La propuesta es “técnicamente inviable”, explicó el expresidente del Tribunal Constitucional Víctor García Toma a El Comercio. Pero no es la única iniciativa del candidato que - en opinión de especialistas en distintas materias - cae en la demagogía.

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Las promesas de Castillo van desde garantizar el acceso libre a la universidad, hasta convertir a los gobiernos regionales en estados federados. El Comercio da cuenta de cinco iniciativas que, en opinión de especialistas, son impracticables o contraproducentes.

Propuesta 1: Desactivar el Tribunal Constitucional.

Castillo detalló, en diálogo con RPP, que “el nuevo Tribunal Constitucional debe ser elegido por mandato popular y cada uno de los magistrados no va a depender de una bancada que lleva intereses políticos y económicos de su entorno, sino que tienen que convertirse en los verdaderos tribunos del pueblos para defender no una Constitución mafiosa, sino los derechos del pueblo”.

Víctor García Toma señala que “es una idea demagógica”.

“Técnicamente no es viable. Hay una serie de organismos autónomos constitucionales que son eminentemente técnicos y que no pueden depender de la voluntad ciudadana por una razón básica: los ciudadanos no podrían evaluar de manera correcta si la persona reúne o no los requisitos necesarios para ocupar el cargo. Las designaciones que hace el Parlamento parten de un primer sustento técnico, de personas que han acreditado un curriculum vitae con experiencia académica y profesional. Luego hacen la evaluación política. Es un proceso de doble grado, que no es permisible en la elección popular”, explicó a El Comercio.

El miércoles, en RPP TV, Carlos Ramos Núñez, magistrado del Tribunal Constitucional (TC), consideró que sería una “decisión desacertada y muy peligrosa”.

“Forma parte del debate político. También es cierto que sería una decisión, a mi juicio, desacertada y muy peligrosa. Hay que considerar el escenario de una reforma constitucional”, expresó.

“Hay países como el caso de Bolivia, donde el Tribunal Plurinacional es elegido por elecciones democráticas, pero en realidad, según la experiencia boliviana, terminó comprometido políticamente de un modo extremadamente próximo y vecino al gobierno de Evo Morales, al punto que lo habilitó indefinidamente para las elecciones”, añadió.

Ramos consideró que la propuesta de Pedro Castillo estaría “inspirada” en la experiencia boliviana, aunque refirió que se podría integrar a un representante de los pueblos indígenas al TC mediante una reforma constitucional.

Propuesta 2: Ingreso libre a la universidad peruana.

El plan de gobierno de Perú Libre asegura que los estudios universitarios deben ser “un derecho en el país, así como se conquistó el ingreso libre y gratuito a la educación secundaria”.

Paul Neira, especialista en educación y CEO de The Learning Factor, señala que la propuesta es “inviable y populista”.

“Es inviable porque cada estudiante que se sienta en un salón de clases tiene asignado una determinada cantidad de recursos por parte del Estado peruano. Las propuestas tienen que ser corroboradas con la capacidad presupuestal y con la capacidad de la universidad para poder recibir una cantidad de alumnos”, señala.

“Aplicar una propuesta así provocaría un desborde absoluto. No se podría manejar. No se condice con la capacidad de funcionamiento de la universidad, muestra un desconocimiento de cómo funciona el financiamiento de la educación en el país y tiene un corte populista”, añade.

Propuesta 3: Derogar la Ley de Reforma Magisterial.

Perú Libre asevera que es una norma “que ha sido redactada con espíritu neoliberal, conllevando claramente a la educación peruana por el camino privatista y mercantilista”.

El experto en temas educativos Hugo Díaz considera que “esa posición es sesgada”. “En ningún momento se ha pensando en que la ley sea privatizadora ni mucho menos neoliberal. Indudablemente que es una ley perfectible, pero no se puede echar por la borda un esfuerzo que lleva años”, dice.

Díaz agrega que “la carrera pública magisterial ha sido un incentivo para que los profesores traten de capacitarse, preocuparse por los cambios y avances que se dan en la sociedad y por buscar mejores logros educativos en sus estudiantes”. Consideró que “las condiciones en las que se manejó la educación en el 2020 hubiesen sido más difíciles si los maestros no tenían la costumbre de buscar capacitación y ponerla en práctica”.

Propuesta 4: Establecer un tarifario único para clínicas privadas.

Estas serían fijadas según su categoría, nivel de resolución y complejidad. Para ello, afirma Perú Libre, se necesita un “Estado interventor, protector y no solamente supervisor”.

La directora del MBA en Salud de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Flor de María Phillips, señala: “No fijamos precios en el mundo privado. El mercado es el que regula. Desde esa mirada, es ilegal que el Estado le diga a una clínica que tiene que cobrar un monto determinado por consulta”.

Agrega que “no hay una cercanía entre el sector público y el sector privado en el mundo de las clínicas, no por falta de voluntad de las partes, sino por falta de oportunidades y confianza”. Recordó que el Seguro Integral de Salud y EsSalud derivaron pocos pacientes con COVID-19 a unidades de cuidados intensivos de las clínicas privadas desde que se firmara un convenio para ello, en julio del 2020.

Propuesta 5: Convertir a los gobiernos regionales en estados federados.

El plan de gobierno de Pedro Castillo señala que “para que los pueblos gocen plenamente lo proveído por la naturaleza, es necesaria la autonomía descentralizada. Y ella logra su máxima cúspide cuando [el país] se convierte en una República Federal”.

La propuesta añade que los gobiernos regionales, convertidos en estados federados, serían la primera y última instancia en la toma de decisiones correspondientes a su jurisdicción.

El exviministro de Gobernanza Territorial Raúl Molina, especialista en temas de descentralización, señala que con esa propuesta “se estaría condenando a todos los departamentos que no tienen base tributaria fuerte”.

“El drama de nuestros departamentos es que son muy desiguales. Un estado federado supone que los territorios federados tienen base tributaria propia y contribuyen al gobierno federal. Es así en Argentina, Estados Unidos, Canadá y Alemania, pero proponer eso en el Perú, si asumimos que los gobiernos regionales son los actuales, de departamentos, no tiene ni pies ni cabeza”, agrega.

El especialista explica que “significaría repensar toda la legislación de competencias y funciones. [...] Además, hay que preguntarnos: ¿En Huancavelica o Tumbes hay las mismas capacidades y bases institucionales y económicas que en Arequipa o la Libertad? La respuesta es obvia”.

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