Perú Libre: los complicados escenarios para el partido por el caso “Los Dinámicos del Centro”

Como informó este Diario, la resolución que la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en delitos de Lavado de Activos, a cargo del fiscal Richard Rojas Gómez, emitió el 30 de junio dispone iniciar diligencias preliminares contra los que resulten responsables por la presunta comisión del delito de lavado de activos en el marco de una organización criminal, esto en referencia al Caso Los Dinámicos del Centro.

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Dicha red —que según las pesquisas del Ministerio Público tendría como uno de los cabecillas al exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón— se dedicaba a “cobrar cupos a cambio de puestos de trabajo, favores y expedición de licencias de conducir a terceros, además que, de las escuchas telefónicas, se tiene que funcionarios de Junín y dirigentes de Perú Libre coordinaban entre el mes de noviembre de 2020 y enero de este año (2021) el apoyo para la última campaña electoral del partido político”.

“Se tiene por noticia criminal -noticias periodísticas- la existencia de indicios de presunta comisión de ilícitos penales vinculados con presuntos aportes de origen ilícito a campañas políticas que podrían configurarse como lavado de activos, presuntamente por parte de una organización criminal en la que estarían inmersos dirigentes del partido político Perú Libre”, indica también la disposición de la fiscalía.

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El frente administrativo

En esa línea, expertos consultados por El Comercio advirtieron que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) está facultada para ir adelantando acciones de supervisión a los fondos de la agrupación tomando en cuenta —en base a las imputaciones fiscales— la posible comisión de dos infracciones consideradas muy graves por la Ley de Organizaciones Políticas (LOP): recibir aportes a través de una persona distinta al tesorero titular o provenientes de fuente prohibida.

La norma contempla para esos casos una multa de entre 31 UIT y 100 UIT (S/136.400 y S/440.000), la pérdida de financiamiento directo e indirecto y, de no pagar la multa o no hacer subsanaciones, la suspensión del partido mediante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Si la ONPE tiene indicios de que el dinero ingresó a ese partido de esa manera puede iniciar una acción de supervisión. Por ejemplo, si hay indicios de que entró dinero a través de dirigentes sea para el partido o la campaña, puede pedir información al partido para que confirme o niegue esa información”, indico Iván Lanegra, secretario general de Transparencia.

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Además, Lanegra precisó que cualquier persona puede poner en conocimiento de la ONPE alguna situación irregular que conociera, pero como una entrega de información y no como parte del proceso administrativo, en donde se tendrá que determinar, de ser el caso, cuán graves son los hechos para definir una posible sanción. “[La ONPE] puede pedir información no por el tema de si el dinero es de fuente corrupta o no, eso corresponde a la vía penal. Lo que puede averiguar es si es verdad que un partido ha recolectado dinero por fuera de la cuenta oficial o entregando dinero a personas no autorizadas. El partido tendrá que responder”, añadió.

Por su parte, el experto en derecho electoral, José Tello, sostuvo que “la ONPE puede estar tranquilamente ya requiriendo o haciendo algún tipo de pesquisa en lo que puede tener a la mano”. Ello considerando que si bien está pendiente la entrega de un segundo reporte de gastos de campaña, el partido también ha tenido financiamiento en la etapa no electoral.

El también especialista José Villalobos consideró, empero, que el ente electoral tendría que esperar a que Perú Libre, los demás partidos y candidatos presenten su segundo reporte de financiamiento dentro de los 15 días en que el JNE declare concluido el proceso electoral, lo que podría ocurrir en la segunda quincena de este mes.

Fuentes de la ONPE señalaron a El Comercio que, al momento, la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios está monitoreando el caso, levantando información pública y esperando que se presenten los reportes para evaluar las acciones a seguir.

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Presentados los reportes, la verificación y control tomaría unos dos meses y, de iniciarse un proceso sancionador, la normativa contempla un plazo de nueve meses para emitir una decisión que puede ser apelada ante el JNE. Al respecto, Tello y Villalobos subrayan que los plazos pueden ser más extensos de acuerdo a la carga procesal.

“En realidad no hay un plazo establecido, por los antecedentes de cómo ha demorado la ONPE y la carga, porque no es el único partido al que va a auditar, son como 20 que han postulado, y además cada candidato al Congreso de manera individual presenta su informe de gastos. Tienen que verificar y auditar a todos ellos. No va a ser rápido”, manifestó Villalobos.

“La suspensión solo aparece como una posibilidad cuando el partido no paga la multa y se declarar en insolvencia. Entonces, la ONPE puede pedirle al ROP que suspenda la inscripción de ese partido. Y esa suspensión se impone hasta que se pague la multa”, acotó Lanegra sobre tal posibilidad en el caso de Perú Libre.

¿Cuáles serían los efectos prácticos de dicha medida? “La suspensión solo tiene efecto de impedir que postulen en tanto estén suspendido [el partido]. La bancada seguiría funcionando, pero como partido no recibiría el financiamiento público directo que ha ganado, ni el indirecto, en tanto dure la suspensión”, explicó Villalobos. Tello precisó que, de darse tal hecho, Perú Libre correría el riesgo de no participar en las elecciones regionales y municipales del 2022.

Él y Tello, además, resaltaron que ese escenario de suspensión sería más factible en el ámbito administrativo, de acuerdo a las condiciones previas señaladas, que en el aspecto penal.

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El frente penal

En el ámbito penal, las imputaciones fiscales señalan que la presunta red criminal Los Dinámicos del Centro, conformada por funcionarios de Junín y dirigentes de Perú Libre, recabó dinero ilícito que habría ingresado como aportes al partido.

Para la penalista Romy Chang, se trata de una situación, por un lado, similar a la acaecida con los procesos por lavado de activos que involucran a Fuerza Popular y al Partido Nacionalista Peruano, considerando que “la hipótesis de la fiscalía es que con la excusa de un partido político se habría formado una organización criminal para recaudar fondos”.

Consultada en cuanto a un escenario que implica la obtención de fondos a través del sector público, refirió: “Más que agravante, en el caso de Perú Libre la situación se les complica un poco y se facilita para los fiscales, porque antes no estaba en vigencia el delito de financiamiento ilegal de partidos políticos. Ese delito entra en vigencia en agosto del 2019. En el caso de Fujimori y Humala, los fiscales tienen que probar necesariamente, para acreditar el delito de lavado de activos, que existía una fuente ilegal para esos bienes. Y en el caso de Fujimori, la única manera ha suido recurriendo al tema de Odebrecht y los empresarios”.

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En esa línea, señaló que en el caso de Perú Libre la diferencia la hace el delito de financiamiento prohibido, que más adelante podría acumularse con la investigación iniciada. “En el caso de Perú Libre la cosa cambia, porque el solo hecho de recibir un financiamiento que no esté bancarizado, cuyo origen no se sepa, ya constituye un delito, que es el de financiamiento ilegal. Y ese sería el delito previo que la fiscalía podría utilizar para el tema de lavado de activos”, apuntó.

El exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado refirió que si bien es válido el tipo penal con el que la fiscalía ha iniciado la investigación, el curso de las investigaciones pueden determinar un concurso de delitos que también incluyan al financiamiento prohibido. Consideró, además, que los hechos imputados también involucran un presunto delito contra la administración pública o corrupción.

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“El agravante en los delitos contra la administración pública es si se malversan fondos que tienen un fin social. O en este caso, en el contexto de la pandemia, si el Gobierno Regional de Junín malversó o robó fondos que pudieron haber sido utilizados en la lucha contra la pandemia en Junín. Esa es un agravante concreto. Otro agravante es si quienes hicieron eso fueron funcionarios del Gobierno Regional de Junín. Son agravantes para los delitos contra la administración pública”, expresó.

Recordó, además, que el caso de Perú Libre se configura como un presunto delito de lavado de activos, en donde el agravante es que contempla la intervención de una maquinaria que cumple con el estándar de una organización criminal.

“No saltaría a decir cuál de los dos casos es más grave. ¿Es más grave el de Perú Libre porque directamente habría tomado dinero del patrimonio del presupuesto del Gobierno Regional de Junín? Fuerza Popular también habría tomado dinero de una empresa que le robó al Estado peruano. O sea, es una distinción muy sutil. Ambos son casos graves. El de Perú Libre es grave, a pesar de que está empezando”, añadió.

En tanto, Maldonado y Chang subrayaron que plantear la suspensión de Perú Libre en un proceso penal requiere de un alto estándar de prueba en un nivel de investigación preparatoria. “Para que eso se pueda dar, se tendría que demostrar que el partido es peligroso, que no debe seguir funcionando porque se trata de una organización criminal que opera con la fachada del partido. Si no logra probar eso, el juez no debería conceder la medida”, dijo Chang tras recordar que, en el caso de Fuerza Popular, el Poder Judicial rechazó un requerimiento fiscal en ese sentido en dos oportunidades.

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Respecto a si el caso puede alcanzar al candidato presidencial Pedro Castillo, Maldonado refirió que todo dependerá de cuán sólidos sean los medios probatorios y la propia investigación. “Desde el sentido común, se me hace difícil que alguien que ingresa como invitado a un partido político no le haga la pregunta a quien lo invita de cuáles son las fuentes de financiamiento de su partido. Es ingenuo pensar que alguien, a pesar de ser invitado, no haya hecho la pregunta o no deba hacer la pregunta. Yo creo que es un elemento a analizar. De allí se puede pasar fácilmente a lo que pueda resultar del medio de prueba”, sentenció.

En opinión de Chang, precisamente al ser un invitado, Castillo no necesariamente tendría que haber conocido de los malos manejos que se habrían dado en Perú Libre, por lo que a la fiscalía le correspondería demostrar que el docente estaba al tanto de los hechos. “Esa no es la misma situación de la señora Boluarte, porque ella controlaba parte de las finanzas del partido, por el cargo que ocupaba [como secretaria de Economía]. Ella sí va a tener que explicar cómo se solventaba el partido y cuáles son sus ingresos, porque su cargo lo demanda. Si logra demostrar que nunca hubo ingreso irregular al partido, no tendría por qué tener responsabilidad, no solamente ella, ninguno”, concluyó la abogada penalista.

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Disposición

Consultado por El Comercio, el vocero alterno de la electa bancada de Perú Libre, Jaime Quito, sostuvo que en Perú Libre ya han declarado su primer reporte sobre gastos de campaña y que está pendiente el segundo informe requerido por ley. En esa línea, aseguró que nadie se opondrá a que se realicen las investigaciones pertinentes, pero advirtió: “No vamos a permitir que nos quieran criminalizar ahora. Después del terruqueo, ahora nos quieren criminalizar”.

También rechazó que exista financiamiento ilícito en el partido. “Aquí toda la campaña ha sido un autofinanciamiento, la población ha hecho su propia campaña, ha sido una campaña del pueblo. En esta campaña de Perú Libre no se ha invertido millones […] Que hagan todas las investigaciones, eso lo tienen que pedir al tesorero del partido, a las autoridades que tienen esas responsabilidades. No tenemos nada que ocultar, más bien hacemos el pedido: que todos los partidos a los que realmente tendrían que investigar de dónde sacaron los millones para sus campañas millonarias, sería importante que nos den una respuesta a toda la población”, finalizó.

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