¿Quiénes son las personeras legales de Perú Libre y Fuerza Popular en la definición de las elecciones?

Fuentes de El Comercio informaron que, en la elección del 6 de junio por la segunda vuelta presidencial, se acreditaron 98.510 personeros de mesa. De ellos, 55.733 correspondían a Perú Libre y 42.777, a Fuerza Popular. Adicionalmente, hubo 28.751 personeros de local de votación, con lo cual se aseguró una presencia total de 127.261 entre las dos organizaciones políticas.

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Según informó la ONPE, para los comicios del último domingo se habilitaron 83,048 mesas de sufragio a nivel nacional. Además, el total de locales de votación fue de 11,673.

Como se recuerda, la noche del lunes, la candidata Keiko Fujimori denunció en conferencia de prensa un presunto fraude sistemático a partir de supuestas irregularidades que la organización ha reunido en videos y fotos. Además, invitó a la ciudadanía simpatizante de su candidatura a reportar más casos de presunta alteración en el sufragio a través de sus redes sociales con el hashtag “#FraudeEnMesa”.

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Cada partido en contienda tiene una personera legal principal a nivel nacional. En el caso del partido del lápiz, está la abogada Ana María Córdova y, por el lado de la agrupación naranja, la excongresista y también abogada Milagros Takayama. Este Diario intentó contactarse con ellas para obtener información con respecto a la defensa de los votos frente al procesamiento de actas por parte de la ONPE, pero no obtuvimos respuesta hasta el cierre de esta nota. Aquí sus perfiles:

Ana María Córdova Capucho (56), Perú Libre

Es abogada por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, con diploma emitido en el 2010, según la información pública de la Sunedu. Además, tiene una profesión previa como economista por la Universidad de San Martín de Porres, donde se recibió en 1997.

De acuerdo con el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del JNE, Córdova es una de las fundadoras de Perú Libertario, nombre original de Perú Libre. Se encuentra afiliada al partido desde el 15 de febrero del 2012. Desde el 9 de mayo del 2018, ocupa el cargo de personera legal titular.

Córdova laboró en el gobierno regional de Junín como secretaria técnica, entre el 2011 y el 2014, durante la primera gestión de Vladimir Cerrón como gobernador. También fue especialista en promoción social en la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Junín en el 2015 y, desde 2016, se dedica a la abogacía independiente.

De acuerdo con el directorio de autoridades regionales en Junín, Córdova es secretaria del Consejo Regional bajo la actual gestión del gobernador Fernando Orihuela Rojas, también afiliado al partido Perú Libre y sucesor de Vladimir Cerrón tras ser suspendido debido a su sentencia por corrupción.

El 30 de mayo del 2018, el Vigésimo Segundo Juzgado Penal de Lima la condenó a cuatro años de pena privativa de la libertad por los delitos de uso de documento público falso y falsa declaración. En setiembre del 2019, la Primera Sala Penal Liquidadora de Lima reformó esa sentencia a tres años, declarando la excepción por prescripción y extinción de la acción penal solo del delito de falsa declaración. No obstante, quedó firme la de documento público falso.

El proceso se basó en documentación que Córdova presentara ante el JNE para la inscripción del partido Perú Libre. Según el expediente, adjuntó, como personera legal, planillones de adherentes con firmas falsificadas. En su defensa, alegó que se limitó a tramitar la inscripción y que no participó en la falsificación de rúbricas.

Córdova interpuso un recurso de agravio constitucional ante el TC por vulneración al debido proceso y a la motivación de resoluciones judiciales. Sin embargo, el colegiado declaró, por unanimidad, infundada la demanda el 25 de febrero del 2021. “Para este Tribunal queda claro que con la emisión de las resoluciones judiciales en cuestión no se ha vulnerado el derecho fundamental a la motivación de las resoluciones judiciales”, concluyó el alto tribunal.

En mayo último, en entrevista con radio Exitosa, Córdova se refirió a la sentencia en su contra, aunque insistió en su inocencia y remarcó que su participación fue netamente de trámite documentario. “Yo no tengo ninguna obligación de ponerme un letrero y decir que por si acaso, tengo una sentencia; en un paquete de 500,196 firmas, 50 de estas firmas correspondían, después de un examen de peritos que hacen en la ONPE, presuntamente a un mismo puño. Luego, se sustentó que mi persona solo cumplía como personera legal en la presentación del material, que ha sido trabajado por cientos de personas, y que no tenía conocimiento de ello”, respondió.

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Milagros Takayama Jiménez (43), Fuerza Popular

Es abogada por la Universidad Particular de Chiclayo (UPCH), con diploma del 2003, según los registros de la Sunedu. También cuenta desde el 2019 con un grado de maestría en Gestión Pública por la Universidad César Vallejo.

Takayama se encuentra afiliada al partido Fuerza Popular desde el 28 de diciembre del 2010. Un año antes, ya había sido nombrada como miembro del comité partidario en el departamento de Lambayeque. Además, desde el 23 de noviembre del 2018 funge como representante legal de la organización política y, desde el 23 de octubre del 2019, como personera legal titular. Entre el 2018 y el 2020, había sido secretaria nacional de Ética y Disciplina del partido.

Milagros Takayama fue congresista de julio del 2016 a setiembre del 2019, con la disolución del Parlamento. Había resultado electa en representación de Lambayeque, su región natal. Según declaró en su hoja de vida, antes de abrir su propio estudio jurídico en el 2003, fue ejecutora coactiva en la municipalidad de Pátapo (Lambayeque) y jefa de relaciones públicas en la de Chota (Cajamarca), además de asesora legal en el municipio de Túcume (Lambayeque).

Durante su labor como legisladora, Takayama fue presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la misma que revisó las denuncias constitucionales contra el ahora ex juez supremo César Hinostroza y ex miembros del extinto Consejo Nacional de la Magistratura tras el escándalo de Los Cuellos Blancos del Puerto. En julio del 2018, la entonces congresista rechazó las críticas sobre un presunto blindaje: “No es verdad. La acusación está en camino. (...) Hay que seguir los pasos conforme nos dicta la norma”.

Takayama también fue presidenta de la Comisión de Presupuesto y miembro titular en el Consejo Directivo, la Comisión de Ética, Constitución, Justicia, entre otros grupos de trabajo parlamentario. En mayo del 2019, la congresista fue cuestionada junto a otros miembros de su bancada por votar en contra de destituir al ahora ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry, también implicado en el caso Cuellos Blancos.

Aunque tuvo que dejar el escaño tras la disolución del Legislativo, Takayama volvió eventualmente como asesora en el nuevo Congreso 2020-2021. De acuerdo con el portal de transparencia, fue contratada entre julio del 2020 y abril del 2021 como asesora de la Comisión Especial Multipartidaria encargada del Ordenamiento Legislativo.

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