Seguridad ciudadana: 19 de 21 propuestas de los candidatos a Lima Metropolitana son inviables o dependen de otros factores, según especialistas

Con la finalidad de realizar un análisis de viabilidad, la Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio comentó tres propuestas sobre seguridad ciudadana de cada postulante con los especialistas Ricardo Valdés, exviceministro de Seguridad Pública; Wilson Hernández, investigador adjunto en GRADE; y Leonardo Caparrós, exjefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). De las 21 iniciativas examinadas, 19 son inviables o dependen de otros factores, según especialistas.

Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y Gonzalo Alegría (Juntos por el Perú) son los postulantes con más iniciativas descalificadas por los expertos en la materia.

Daniel Urresti (Podemos Perú)

Según la última encuesta de Ipsos Perú, Daniel Urresti lidera las preferencias electorales con un 28% de cara a los comicios del próximo 2 de octubre. La candidatura del excongresista, sin embargo, aún no está libre de riesgos: existe, actualmente, una tacha contra su postulación en trámite ante el Jurado Nacional de Elecciones por presuntamente omitir información en su hoja de vida.

Entre las propuestas del candidato de Podemos Perú está la construcción de tres Mega Complejos de Seguridad y Justicia para los delitos en flagrancia. Esta tendría como objetivo evitar que los delincuentes que son atrapados en flagrancia sean liberados por temas de plazos, por lo que cada local contaría con la presencia de las entidades pertinentes en el proceso (policía, el Instituto de Medicina Legal, la fiscalía de flagrancia, juzgados de flagrancia, etc.).

Esta iniciativa fue calificada como viable por los tres analistas consultados. Hernández, no obstante, advirtió que, pese a la propuesta es positiva, habría que identificar si la liberación de los delincuentes flagrantes realmente se solucionaría reuniendo a las entidades pertinentes en un solo establecimiento.

“Si es que hay más problemas que el de la lejanía entre instituciones, como la capacidad de recoger pruebas, etc., entonces la propuesta podría no tener el resultado esperado”, indica.

Asimismo, Urresti Elera ha propuesto que la Municipalidad de Lima contrate 1000 patrulleros, 500 cuatrimotos y 500 motos a través del ‘renting’ –una modalidad de alquiler de vehículos a largo plazo– para ser usados exclusivamente en la ciudad de Lima.

Según Caparrós y Valdés, la medida es viable y “necesaria”. Este último explica que dicha modalidad permite que sea la empresa que gane la buena pro quien se haga cargo del mantenimiento y adecuado funcionamiento de los vehículos.

“Nunca vas a ver (los vehículos) botados en una comisaría, porque si se malogran la empresa los reemplaza”, sostiene.

Hernández, por su parte, considera que la iniciativa sería viable siempre y cuando se complemente con un plan de patrullaje adecuado.

“Nuevamente, no es un tema de tirar aparatos a la calle. El problema de fondo es cómo se gestiona el patrullaje: a dónde ir, cuándo ir, cuándo intervenir”, afirma.

Por último, Urresti plantea la suscripción de un convenio con el INPE para la construcción de un centro de detención provisional para aquellas personas que son sancionadas con no más de tres meses de detención. En la actualidad, son enviadas a sus hogares.

Valdés considera que la iniciativa es positiva, pero que el alcalde no puede asegurar que se cumpla, en tanto depende de que el proyecto de ley sea aprobado por el Congreso de la República.

“La idea es buena, pero escapa de las manos del alcalde. En sus manos está proponerlo”, señala.

Según el exviceministro, dicho centro de detención provisional tendría que tener un enfoque de rehabilitación, pues las personas sancionadas con meses de detención, usualmente, no tienen tendencias delictivas.

Caparrós coincide. De acuerdo al exjefe del INPE, las personas sancionadas con meses de detención “no son criminales, son ciudadanos con tendencias antisociales”, por lo cual un internamiento de corto plazo “podría corregir esas tendencias” siempre y cuando el enfoque esté en la rehabilitación.

Wilson Hernández, por su parte, discrepa. Según el investigador, la lógica de la detención por pocos meses está en que el delito cometido no es considerado lo suficientemente grave como para que amerite un encarcelamiento.

“La tendencia en muchos países es que, cuando tienes una persona sentenciada a poco tiempo, se trata de un sujeto mucho más ‘salvable’, sobre todo menores de edad o jóvenes adultos. Hay que irnos del lado punitivo y entender que, en el caso de ciertos grupos de personas, hay que trabajar sus factores de riesgo para evitar que delincan de nuevo”, señala.

Rafael López Aliaga (Renovación Popular)

El excandidato presidencial Rafael López Aliaga es el segundo postulante a la alcaldía de Lima con mayor intención de voto luego de Daniel Urresti, con un 22% según Ipsos Perú.

De las tres propuestas destacadas por EC Data, dos fueron calificadas como inviables por parte de los especialistas consultados. Una de ellas, en particular, fue descalificada por todos los expertos: se trata de la creación de “comités de autodefensa vecinal”. Estos estarían integrados por vecinos organizados y, entre sus funciones, tendrían la de regular el acceso de personas ajenas al vecindario y la instalación de medidas de seguridad “como plumas, rejas y cámaras”. Los especialistas coinciden en que se trataría de una medida inconstitucional que no podría ser implementada en la práctica.

“Constitucionalmente, un vecino no puede impedirle a alguien transitar. No puedes restringir el libre tránsito, salvo en estado de emergencia, y eso no lo pueden hacer los vecinos”, explica Valdés.

En la misma línea, Hernández calificó la propuesta como inviable debido a que “es una medida que restringe derechos fundamentales”, además de significar un riesgo para el acceso de unidades de emergencia como bomberos y ambulancias.

“Significaría darles a los vecinos una potestad que no tienen, que es la de cerrar calles”, indica.

Según Caparrós, la medida estaría buscando dar validez una práctica ilegal que ya existe.

“Es algo que ya sucede en la práctica: la gente pone rejas, cierra cuadras, obstaculiza el ingreso con casetas de vigilantes. Lo que uno debe buscar del vecino es que sea un aliado de alerta temprana contra el delito. No se le debe trasladar la responsabilidad de la policía a los vecinos para que impongan restricciones a otros ciudadanos”, afirma.

Otra de las medidas propuestas por el candidato de Renovación Popular es la integración del sistema de cámaras de vigilancia a nivel metropolitano.

“Incorporaré un sistema integrado de cámaras de vigilancia en los semáforos, avenidas, calles, viviendas y negocios particulares, para facilitar la intervención policial y/o de los serenos”, se lee en el plan de gobierno.

Al respecto, Valdés considera que la propuesta es “necesaria”, pero insuficiente, ya que su éxito depende de que la alcaldía, a su vez, pueda asegurar una capacidad de respuesta de las fuerzas del orden ante los delitos captados en las cámaras.

“De nada me sirve observar lo que pasa en las calles de manera integrada si es que no tengo una capacidad de respuesta adecuada ante lo que se observa. Para que sea viable, a vez tiene que asegurarse que se pueda invertir en capacidad de respuesta, patrulleros, motos, etc.”, señala.

Al igual que Valdés, Caparrós considera que la medida sería viable siempre y cuando vaya de la mano con un centro de comando o monitoreo que permita que los patrulleros o serenos puedan atender de manera eficaz los eventos detectados.

Por su parte, Hernández cree que es una medida viable y necesaria, aunque no es de fácil implementación.

“La propuesta que no es nueva y tiene varios problemas en su implementación, por eso aún no tenemos algo así. Entre estos problemas está que los municipios aún no tienen el mismo sistema para poder integrarse, también hay un tema de presupuesto y regulaciones”, sostiene.

Por último, López Aliaga propone también la creación de un “sistema de reservistas de apoyo a la seguridad ciudadana”, a través del cual se designaría a reservistas de las Fuerzas Armadas en los sectores más peligrosos para apoyar en las labores de seguridad ciudadana.

Según Valdés, la medida podría ser viable si y solo si los reservistas sean integrados a los cuerpos del Serenazgo “bajo la capacitación del rol de un sereno”.

“Los reservistas de las FF.AA no tienen idea de cómo manejar temas de inseguridad ciudadana. Pueden estar facultados para repeler a un invasor a la patria con un fusil, pero eso no los hace técnicamente capacitados para trabajar en seguridad ciudadana”, señala.

Si bien en el plan de gobierno se precisa que “para ser admitidos, los reservistas serán capacitados y evaluados previamente”, no se especifica a qué tipo de capacitación se ha referencia.

“El rol del reservista está mucho más cerca al de un soldado en conflicto que al de un policía o sereno que interactúa con ciudadanos”, coincide Hernández. Para el investigador, el futuro alcalde de Lima debería, más bien, buscar fortalecer el programa Barrio Seguro en coordinación con el Ministerio del Interior para atender las zonas de mayor peligrosidad.

Para Caparrós, la propuesta podría funcionar únicamente en caso los reservistas sean entrenados para ejercer las funciones de un sereno.

“Si el enfoque es que los reservistas son más eficientes, el enfoque está equivocado. El reservista tiene otra formación. Saber manejar un arma y tener entrenamiento militar no te hace un policía, y mucho menos un buen policía. Te hace una persona capaz de ejercer violencia, pero no como un policía, que ejerce una violencia medida, controlada, en el marco de los derechos humanos. No es ni peor o mejor que un policía, sino que tiene otra lógica, está pensado para un contexto de guerra, no para un entorno comunitario”, explica.

George Forsyth (Somos Perú)

El excalcalde de La Victoria es, actualmente, el tercero en las preferencias electorales de cara a los comicios de octubre, con 11%.

Entre las propuestas de Forsyth está la integración de todos los servicios de seguridad ciudadana bajo una plataforma que permita identificar y perseguir a los autores del delito de manera inmediata.

Al igual que en casos anteriores, los tres especialistas consideran que la iniciativa es viable solamente en cuanto se garantice, a la vez, una capacidad de respuesta inmediata por parte de las fuerzas del orden.

“Lo inteligente no es la cámara, sino la respuesta que tienes después de identificar. Son propuestas muy aisladas a las que le falta una mirada de gestión de la problemática”, apunta Hernández.

Asimismo, el excandidato presidencial propone la instalación de botones de pánico “a lo largo de todo Lima Metropolitana”, los cuales estarían conectados a las comisarías.

Nuevamente, los expertos coinciden en que la medida tendría utilidad sí y solo sí se asegura que la ayuda va a llegar de manera rápida.

“Acá hay un problema de respuesta. Las comisarías hoy día no tienen capacidad para atender ninguna emergencia, ni siquiera las que se reportan de manera tradicional. Entonces, ¿cómo podrían estas comisarías, con todas las deficiencias que tienen, atender una alarma de un botón de pánico? Estaríamos llenos de emergencias que nadie atendería. Si no tenemos un sistema de respuesta rápida desde las comisarías que realmente nos ayude, el botón no sirve de mucho”, explica Caparrós.

Valdés coincide:

“Para que puedas garantizar que a lo largo de todo Lima Metrpolitana haya botones de pánico, tienes que garantizar que a lo largo de todo Lima Metroplitana haya capacidad de respuesta rápida para que se llegue al lugar donde se ha producido el pánico”.

Por último, Forsyth Sommer plantea la creación de módulos integrales de seguridad y justicia en todos los distritos de Lima, los cuales tendrían como finalidad procesar a los delincuentes en menos de 72 horas.

Caparrós considera que la medida es viable, pues ayudaría a descongestionar el sistema judicial. Sin embargo, cuestiona que ayude suficientemente a reducir la inseguridad.

Valdés, por el contrario, calificó la propuesta como inviable, en tanto dependerá, finalmente, de los juzgados cómo se procesa a los delincuentes.

“Eso (el procesamiento en menos de 72 horas) no lo puede garantizar el alcalde, porque no es su rol. El alcalde no tiene capacidad de administrar justicia”, indica.

Para Hernández, la propuesta no es del todo inviable, pero depende de factores externos al accionar del alcalde, como los problemas inherentes al sistema de justicia.

“La propuesta inicialmente parece buena, pero podría ocurrir que, finalmente, estos módulos terminen con los mismos problemas legales que ya existen”, precisa.

Gonzalo Alegría (Juntos por el Perú)

El candidato de izquierda, según el último sondeo de Ipsos Perú, tiene 2% de las preferencias electorales. Entre sus medidas está la de habilitar al serenazgo para intervenir en las labores de seguridad ciudadana. Para ello, se plantea capacitar y titular a los serenos como vigilantes privados. Asimismo, la propuesta detalla estos podrán utilizar arma reglamentaria e intervenir en la lucha contra el delito en cooperación con la PNP.

Para Ricardo Valdés, la propuesta es inviable, pues “los serenos y los vigilantes privados funcionan bajo regímenes legales distintos”.

“Mientras que el sereno es un funcionario público que responde al gobierno local, el régimen del vigilante privado forma parte de una estructura empresarial, y es la empresa la que se hace responsable ante la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec). Además, el vigilante privado no actúa en la vía pública y el sereno sí”, explica.

Según el exvicemnistro del Interior, además, la medida es “peligrosa”, pues implicaría que los miembros del serenazgo porten armas.

Hernández, por su parte, considera que la propuesta puede ser viable siempre y cuando los serenos no sean dotados de armas letales. De lo contrario, asegura, sería “muy peligroso”.

Caparrós también considera que la medida es inviable. Al igual que Valdés, el exjefe de la INPE considera que armar a los serenos “podría convertirse en algo muy peligroso”.

“Todavía no hay una madurez suficiente en los cuerpos de serenazgo que tenemos, salvo algunos casos. Por lo general, estos han tenido una actuación bastante dudosa”, sostiene.

Por otro lado, Alegría propone también la implementación de herramientas tecnológicas –como la de videocámaras inteligentes, interconexión de los ciudadanos y los serenos a través del celular y persecución aérea de delincuentes con drones– para prevenir los delitos.

Para Valdés, la medida “es viable y deseable”, salvo por el uso de drones, el cual sería “ineficiente”.

Hernández, por su parte, considera que la medida solo será viable si es que se asegura, al mismo tiempo, que exista una cantidad suficiente de policías y serenos que puedan atender los delitos reportados “de manera inmediata”.

“Eso lo tienen distritos pequeños y con mayor presupuesto, como San Isidro, Miraflores o San Borja. Pero en distritos más grandes y con menos presupuesto, este tipo de intervenciones son muy poco efectivas. Pueden servir para identificar los delitos pero no para tratarlos, por lo que el problema subsistiría”, indica.

Caparrós, por su lado, señala que la propuesta es viable. Según señala, la comunicación vía teléfono celular entre los ciudadanos y las fuerzas del orden han tenido éxito en otros países. Sin embargo, precisa que serían medidas más eficientes si se complementan con un centro de comando o monitoreo.

Entre las propuestas de Juntos por el Perú está, también, promover un proyecto de ley de Policía Local ante el Congreso de la República. Según señala el plan de gobierno, esta modificación legal daría “nuevas competencias” y “unificación de los cuerpos de serenazgo”.

Para Valdés, la medida es inviable, pues en nuestro país no existe la figura de policía local y ello implicaría “una modificación constitucional que varíe toda la estructura de la Policía Nacional del Perú”.

Wilson Hernández considera que la medida no está suficientemente explicada, pero que en caso se refiera únicamente a la unificación de los serenos podría ser viable.

“Pero eso (unificar los cuerpos del Serenazgo) no es crear una policía local”, advierte.

Para Caparrós, la medida no es viable, en primer lugar, por la peligrosidad que implica armar a los serenos. En segundo lugar, indica, “el costo de tener una policía local puede ser bastante alto”.

Omar Chehade (Alianza para el Progreso)

Entre las propuestas del excongresista de la República está la organización vecinal a través de las juntas vecinales para prevenir la delincuencia. Para ello, Chehade plantea que se otorgue beneficios tributarios –como descuentos sobre todos los tributos municipales– a los vecinos que se integren de manera activa a estas entidades.

Para Valdés, la medida es viable, aunque cuestiona que el incentivo tributario sea la manera correcta de captar miembros en las juntas vecinales.

Hernández, por su parte, considera que la propuesta es “una buena idea”, en tanto no son muchos los ciudadanos que participan en las juntas vecinales. Sin embargo, precisa que el éxito depende de otros factores, como la capacidad de recaudación de los municipios locales.

“Habría que ver si es que eso no genera algún tipo de problema en las municipalidades más pequeñas que tienen baja recaudación”, sostiene.

Caparrós, por su parte, considera que la medida no es viable, pues señala que, para ejecutarse, “cada municipalidad (distrital) tendría que emitir una ordenanza”. Asimismo, el exjefe de la INPE considera que el incentivo tributario “no es el adecuado” para lograr que los miembros de las juntas vecinales realicen un trabajo adecuado.

“Puedes tener juntas vecinales de 200 miembros, pero si el comisario, el alcalde o el jefe de seguridad ciudadana siguen siendo poco eficientes, no se va a lograr un impacto real”, dice.

Por otro lado, Chehade ha planteado la utilización de cuadernos de control ciudadano geolocalizado, cuyo objetivo sería optimizar los servicios de patrullaje de la Municipalidad y de la policía.

Para Valdés, la propuesta es viable, aunque no es nueva. Lo que sí, advierte que en cuanto a lo que la policía respecta, la orden para implementar los cuadernos tendría que provenir del comandante general de la PNP, no del alcalde.

Caparrós y Hernández, en cambio, calificaron la propuesta como inviable. Este último precisa que “firmar un cuaderno no asegura un buen patrullaje”, y reitera que el enfoque debe estar en la capacitación y protocolos de los patrulleros.

Al igual que otros postulantes, el exlegislador propone el uso de plataformas tecnológicas, como las cámaras de video vigilancia, botones de pánico, reconocimiento facial y otras. Como en los casos anteriores, los especialistas consideran que el éxito de la medida depende de que se asegure una capacidad de respuesta adecuada.

“Estas plataformas, per se, no solucionan el problema”, insiste Hernández.

Yuri Castro (Perú Libre)

En candidato de Perú Libre también plantea el uso de herramientas tecnológicas, aunque va más allá: además de la conectividad de cámaras de vigilancia, propone que esta incluya un sistema de identificación biométrico.

Valdés y Hernández coinciden en que, en principio, la medida es viable, aunque depende de factores adicionales, como el aseguramiento de una capacidad de respuesta adecuada. El exviceministro de Seguridad Pública precisa, además, que el sistema de identificación biométrico es “complejo de implementar”, pues requiere datos personales adicionales.

Caparrós, por su parte, considera que la propuesta es viable, pero advierte que esta puede tener “problemas legales”.

“Habría que ver hasta qué punto se puede usar la base de datos personales”, indica.

Por otro lado, el candidato del lápiz propone la creación de un sistema de comunicaciones integrado entre la policía y el serenazgo. Valdés y Hernández creen que la medida es viable.

“Lo que permite, básicamente, es entender que yo no debería tener 50 números telefónicos para comunicarme con un sereno, sino una unidad central. Es una medida necesaria”, señala Hernández.

En candidato de Perú Libre también plantea el uso de herramientas tecnológicas, aunque va más allá: además de la conectividad de cámaras de vigilancia, propone que esta incluya un sistema de identificación biométrico.

Valdés y Hernández coinciden en que, en principio, la medida es viable, aunque depende de factores adicionales, como el aseguramiento de una capacidad de respuesta adecuada. El exviceministro de Seguridad Pública precisa, además, que el sistema de identificación biométrico es “complejo de implementar”, pues requiere datos personales adicionales.

Caparrós, por su parte, considera que la propuesta es viable, pero advierte que esta puede tener “problemas legales”.

“Habría que ver hasta qué punto se puede usar la base de datos personales”, indica.

Por otro lado, el candidato del lápiz propone la creación de un sistema de comunicaciones integrado entre la policía y el serenazgo. Valdés y Hernández creen que la medida es viable.

“Lo que permite, básicamente, es entender que yo no debería tener 50 números para comunicarme con un sereno, sino una unidad central. Es una medida necesaria”, señala Hernández.

Por el contrario, si bien Caparrós coincide con que se trata de una acción “necesaria”, asegura que es inviable debido a que la policía, actualmente, no tiene un sistema integrado. “Con ello, estamos bastante lejos de lograr una integración con el serenazgo”, advierte.

Por otro lado, con la finalidad de implementar el programa “Serenazgo sin Fronteras”, Castro plantea la creación de una escuela de serenos.

Los especialistas coinciden en que la medida es viable, aunque precisan que la Escuela Metropolitana de Serenos ya existe.

Elizabeth León Chinchay (Frente de la Esperanza)

La candidata de Frente de la Esperanza plantea una serie de propuestas generales, aunque no las desarrolla ni explica. Entre estas están “promover una justicia cercana y eficiente a la comunidad con trabajos articulados con los sistemas de justicia”, la “modernización del serenazgo” y “campañas de prevención”.

Debido a la falta de desarrollo de las iniciativas en el plan de gobierno, los especialistas consultados prefirieron no calificar de manera definitiva ninguna de ellas.

Los temas faltantes

Ricardo Valdés advierte que, en general, en las propuestas de seguridad ciudadana de los postulantes al sillón municipal hace falta un análisis de la inversión que requerirían las propuestas, para determinar, además, si será posible ejecutarlas.

“Nada está costeado No hay un análisis de los costos e inversión que estas propuestas significan”, señala.

Por su parte, Hernández y Caparrós coinciden en que, más que proponer funciones propias de la policía, en los planes deberían primar las medidas que buscan prevenir el delito a través de la recuperación de los espacios públicos.

“No hay una mirada de cómo los espacios públicos sirven para evitar delitos. Mejorando espacios públicos, como plazas o parques, invirtiendo en iluminación, puedes reducir la delincuencia”, explica Hernández.