Más de 110 inspectores fueron agredidos por choferes desde 2015

Para ser inspector de tránsito en Lima hay que medir mínimo 1,65 metros. Y es posible que Piero Garay haya entendido mejor esta exigencia de la Gerencia de Transporte Urbano (GTU) hace una semana, cuando a golpes el chofer de un taxi colectivo (prohibidos de circular) intentó evitar la sanción en la Av. Garcilaso de la Vega. El joven inspector de 25 años que estudia contabilidad iba dentro del vehículo fiscalizado, camino a la comisaría, cuando tuvo que abrazar al chofer para contener los puños. Entonces, sintió la retahíla de cabezazos estrellándole en el rostro.

Desde el 2015, más de 110 inspectores que hacen lo que pueden para poner un poco de orden en medio de tanto caos han sido agredidos por choferes en falta. Y la frecuencia de estos ataques va en aumento: dos inspectoras fueron atropelladas y otro agente recibió una salvaje golpiza con una vara metálica en los últimos 15 días. El irrespeto a la autoridad municipal está tomando dimensiones criminales.

El último caso tuvo como protagonista al agente Jorge Jiménez Delgado, quien resultó con una fractura en el brazo derecho tras ser atropellado por un conductor que realizaba servicio de taxi colectivo en cuadra 37 de la avenida Arequipa, en San Isidro.

Con la eliminación del 24x24, ya no hay 90 sino 36 policías para acompañar a los 140 inspectores en las labores diarias de fiscalización. “Hay grupos operativos que ahora salen solos, sin compañía de la policía”, critica Eduardo Osterling, subgerente de fiscalización de la GTU.  Él mismo, en octubre del 2015, sintió el puño de un hombre enardecido durante un paro de transportistas. Las pistas de la capital son un terreno cada vez más accidentado y peligroso.

–Cambio de planes–
Con menos policías y enfrentándose a conductores avezados,  la GTU ha afinado la estrategia. Ahora, tienen agentes encubiertos en los vehículos y en las zonas de intervención. También se están empleando barras metálicas con púas para que las unidades piratas no se fuguen. 

El 5 de mayo –el mismo día que Piero Garay fue agredido– quedó registrada en imágenes la maniobra  evasiva de un conductor para evitar que su coaster, de placa A5H-777, vaya al depósito. Eso significaba decirle adiós a su unidad: para recuperarla el propietario necesitaría pagar los casi S/300 mil en deudas por papeletas; las más graves, por prestar servicio público sin autorización y conducir en estado de ebriedad.

–Las ironías de una agente–
Milagros Zapata se hizo inspectora hace dos años. Tiene tres hijos, vive en Villa El Salvador y cree ser una mujer con temperamento. La primera vez que recibió un insulto le dolió tanto en el honor que se quitó el chaleco amarillo e increpó al cobrador de la unidad a la que había puesto una infracción. Desde esa primera agresión, vinieron muchas otras.  

Milagros tiene un trabajo del que se siente orgullosa pero que, a la vez, la expone todos los días a circunstancias que no la dejan tranquila. Para llegar a su trabajo, en el Cercado, debe tomar el metro de Lima y luego un bus. Muchas veces, por la prisa y el tráfico, no tiene más opción que subir a un Chosicano, esa mismas unidad que, uniformada, debe sancionar y sacar de circulación cuando la ley se lo permite. “Tomo mi bus en la estación Grau y los veo recoger pasajeros donde quieren, parar donde quieren, pasarse la luz roja. Siento impotencia”, cuenta Milagros. 

Hace tres meses, su hija de 18 años se volvió inspectora de transporte como ella. Y algo le remuerde la conciencia, porque Milagros sabe lo que es estar parada horas bajo el sol y tener que enfrentarse día a día a la informalidad en cuatro ruedas y a choferes que van con los dos pies en el acelerador. Hace pocas semanas, la joven tuvo una lesión en el brazo tras ser embestida por un chofer. El trabajo de su hija la pone nerviosa.

No se sabe cuántos vehículos piratas circulan en Lima, pero da la impresión de que en cualquier esquina de gran tránsito un inspector podría tener trabajo. En el 2015, se llevaron al depósito unos 4.000 vehículos; y entre enero y abril de este año, ya suman 8.611 unidades: el doble. La cifra da una idea de la fase en la que se encuentra el cáncer maligno que ataca a nuestro transporte.