“¿Basta una ley contra barras bravas?”, por Pedro Ortiz Bisso

Desde que Lionel Messi anunció su despedida de la selección albiceleste, caudalosos ríos de lágrimas, autoflagelamientos y desesperados pedidos de perdón se han sucedido en Argentina. Hasta el presidente Mauricio Macri se ha puesto en la fila de los contritos que le piden al blaugrana revisar su decisión.

El escritor Martín Caparrós, ácido como ninguno, ha señalado que el mayor temor de los argentinos es que Messi no actúe como el común de ellos, es decir, no cambie de opinión. Y los deje a merced de sus Higuaines y sus Kuns.

Argentina es un país futbolero. Se come y se respira fútbol todo el día. Por estos lares, en cambio, la pelotita no rige nuestras vidas. La mano de Ruidíaz ya dejó de ser tema de discusión nacional. Asuntos de mayor interés acaparan la atención del respetable, como el saludo por Twitter de Keiko al presidente Kuczynski o el futuro de Alejandra Baigorria tras su reciente rompimiento con Guty Carrera.

Pero en el plano futbolístico hay algo que nos hermana: la violencia, aunque con diferencias. Allá, por sus relaciones estrechas con el poder político, los barrabravas gozan de cierta inmunidad. Acá, hasta donde se sabe, no existen tales lazos, aunque sí sospechas sobre relaciones no santas con dirigentes. Lo que abunda es miedo, muchísimo miedo, para encararlos e impedir que sigan matando lo poco que queda del buen espectáculo que alguna vez fue.

El Poder Ejecutivo acaba de publicar el reglamento de la ley que previene y sanciona la violencia en los espectáculos deportivos. Entre otras medidas, prohíbe las concentraciones de barristas antes de un partido, así como el ingreso de instrumentos musicales a los estadios. También obliga a los organizadores a adquirir un seguro para los asistentes, la instalación de sistemas de videovigilancia y reitera que los barristas deben estar carnetizados.

Dudar de las buenas intenciones de la norma es absurdo. Ir a un estadio en el Perú es una aventura de la que incluso no se puede regresar vivo, como le ocurrió a Walter Oyarce hace cinco años o a los más de 300 hinchas que murieron en el Estadio Nacional, en 1964, durante un partido jugado, coincidentemente, entre el Perú y Argentina.

¿Se podrá cumplir? La duda vale porque en nuestro país sobran las leyes bien intencionadas cuya vida no trasciende el papel en que fueron escritas. ¿Existe verdadera voluntad tanto en la policía como en los clubes para cumplirla? ¿Hay dinero para adquirir los seguros o instalar sistemas de videovigilancia, por ejemplo, en el estadio de Cutervo?

Pero hay una omisión importante: no se ataca la raíz. La ley no parece formar parte de una estrategia más amplia ante el pandillaje, que no solo sancione, sino también prevenga y eduque. La violencia en el fútbol es parte de un problema mayor. No lo olviden.