"Cárceles son el principal foco de reproducción de criminales"

El principal problema de las cárceles peruanas es su porcentaje de sobrepoblación, que el 2013 alcanzó el 118%. Nuestros 67 penales pueden alojar un máximo de 31 mil internos, pero cuentan con 68 mil, un exceso de 37 mil. Esta cifra es inédita y quintuplica el exceso de 7 mil internos de hace una década, que correspondía a una sobrepoblación del 32%, ya superior al límite máximo del 20% que establecen los estándares internacionales.

Tan dramático como el hacinamiento es la rapidez de su crecimiento, especialmente a partir del 2010. En la primera mitad del gobierno del presidente Humala, el incremento neto de internos al mes fue de 650, frente a 220 durante el gobierno de García y 150 en el de Toledo. 

Este es el resultado del progresivo endurecimiento de la legislación penal de cara al deterioro de la seguridad, que se ha traducido en penas más largas, recortes de beneficios penitenciarios y mayor proclividad de los jueces a decretar la prisión preventiva. Baste recordar que el 54% de los internos en el Perú no están sentenciados.

Frente al incremento de la población penal, la ampliación de la capacidad de albergue ha sido, pese a los esfuerzos, modesta. Toledo creó 2.600 nuevas plazas para 9 mil nuevos internos, García 5.550 para 13 mil nuevos internos y Humala, en lo que va de su gobierno, 3 mil nuevas plazas para 19 mil nuevos internos. 

El objetivo de este gobierno, de completar 15 mil nuevas plazas en cinco años, si se cumple, no servirá ni para compensar los nuevos ingresos ocurridos hasta este momento.

El mérito de México y Brasil ha sido frenar el hacinamiento durante la última década, en niveles bajos en el primer caso (23%) y relativamente altos en el segundo (72%). 

Chile, en cambio, es el único país de la región que la ha reducido, del 48% al 18%. Bajo la presidencia de Piñera, Chile ha combinado la ampliación de su capacidad de albergue con la flexibilización de los requisitos para el otorgamiento de beneficios penitenciarios, una agresiva política de indultos y el fortalecimiento del sistema de penas alternativas a la cárcel. Precisamente lo contrario de lo que venimos haciendo acá.

Especialmente grave es el radical recorte de beneficios penitenciarios dispuesto por el Congreso en agosto del año pasado, sin considerar su efecto sobre el sistema penitenciario. Los beneficios son el instrumento por excelencia para estimular el trabajo, el estudio y la disciplina en las cárceles. En pocos años, tres de cuatro internos no podrán acceder a beneficio alguno.

Muchos piensan equivocadamente que la sobrepoblación solo afecta a los internos, quienes no merecen contemplación alguna y prefieren ignorar sus implicancias para la seguridad ciudadana. En cárceles hacinadas no hay reeducación ni rehabilitación ni orden ni autoridad. En estas, los grupos criminales mandan, reclutan y continúan operando. Lejos de ser la solución a la criminalidad, se han convertido en su principal foco de reproducción.