¿Y los congresistas por Lima?, por Jorge Ruiz de Somocurcio

Lima tiene 36 congresistas. Es, de hecho, la mayor representación parlamentaria regional, que en el 2012 fue invitada por Henry Pease, entonces responsable del Plan Regional de Desarrollo Concertado (PRDC), para constituir una especie de “bancada por Lima”. Todos los congresistas manifestaron su disposición a recibir, analizar y aprobar iniciativas legales para la capital.

Sin embargo, los legisladores no hicieron su tarea. 

En estas Fiestas Patrias se instalará la última Mesa Directiva del Congreso y se recompondrán todas las comisiones. Es la última oportunidad que tiene la capital, con el gobierno actual, para rediseñar su alicaída estructura de gobierno, que ya tocó fondo.

Desde la ineficiente división en 43 distritos más el Callao, hasta la precaria situación de sus ingresos, pasando por la insoportable superposición de competencias con el Gobierno Central.

Es una ocasión memorable para el gobierno municipal, que debería hacer suya una visión de futuro de la ciudad y región para los próximos 10 o 15 años y trazar una hoja de ruta para alcanzarla. Esta visión ya está plasmada en el PRDC al 2025, aprobado en concejo el 2013. Tiene para efectos complementarios al Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano (PLAM) al 2035 como una fuente de información sobre la mesa. ¿Se puede alcanzar esa visión con la actual arquitectura jurídica?

Suponiendo que Lima dé ese paso, hay tres frentes de la estructura municipal que requieren una indispensable recomposición: a) las competencias en el manejo integral del territorio, incluyendo las cuencas y el borde marino, así como el suelo de expansión urbana, y la capacidad para expropiar. El gobierno metropolitano debe tener pleno dominio sobre el suelo, b) el manejo de lo que va encima del territorio: vías, transporte, patrimonio, titulación. En este momento, las facultades del gobierno de la ciudad están maniatadas. Un caso flagrante es el transporte, con más de 5 entidades decidiendo sobre el tema, c) el acceso a los beneficios que genera el proceso de urbanización, permitiendo que la capital, como la mayoría de ciudades del mundo, reciba parte de las plusvalías para invertirlas en servicios. 

De lo contrario, será cada vez más difícil gobernar Lima y atender sus déficits. Hay una relación inversa entre el crecimiento de la ciudad y sus competencias en el caso de Lima. A mayor crecimiento, las actuales competencias serán cada vez más insignificantes para enfrentar las demandas derivadas de ese crecimiento.

En la capital, igual que en el país, se ha generado un sistema de decisiones ajeno a todo orden, paralelo al formal, alimentado por todos los vacíos que presenta la estructura de gobierno. Esto ha producido a su vez una inseguridad jurídica que ahuyenta cualquier inversión significativa. Si no, miremos al costado a ver si encontramos algo, aparte de los fáciles peajes. Nada a la vista. O se cambia el modelo o será más de lo mismo.