Consorcios exigirán US$120 millones a Lima por anular contratos

Los consorcios EcoExpress y TGA, que operaron hasta el sábado en los corredores viales Javier Prado-La Marina y Tacna-Garcilaso-Arequipa, respectivamente, iniciarán en los próximos días dos arbitrajes contra la Municipalidad de Lima para exigir una reparación de US$120 millones por haber anulado sus contratos de concesión.

Arturo Aza, representante legal de EcoExpress, indicó que esta medida se adoptó porque Pro Transporte ha cambiado de manera “arbitraria” los contratos firmados en enero del 2014 en base a un decreto del Ministerio de Economía que empezó a regir en octubre de ese año, es decir, “retroactivamente”.

El decreto indica que todos los contratos de concesión que sean autosostenibles requieren contar con la opinión favorable del Ministerio de Economía.

“Ese decreto es posterior al contrato que firmamos en enero del 2014, por lo tanto, no puede ser aplicable. Sin embargo, Pro Transporte cambió estructuralmente el contrato y eso es inconstitucional”, puntualizó.

Ulderico Martínez, presidente del directorio del consorcio TGA, indicó que una vez terminado el arbitraje –en un año aproximadamente– exigirá la indemnización basada en el dinero invertido en la compra de buses, instalación del patio de maniobras, contratación a choferes formales, entre otros gastos.

Los arbitrajes estarán en manos de la Cámara de Comercio de Lima y la comuna será notificada en los próximos días.

–Otras reglas de juego–                         
¿Cuáles son los cambios al contrato que estableció la comuna de Lima? Emilio Cillóniz, director de EcoExpress, explicó que en el compromiso original, tanto Pro Transporte como los concesionarios compartían responsabilidades para llevar adelante el Sistema Integrado de Transporte (SIT).

“Pro Transporte estaba obligado a retirar de los corredores a las coasters informales, poner en funcionamiento el sistema de recaudo de pasajes, instalar paraderos y programar el servicio, es decir, indicar a cada concesionario cuántos kilometros se recorrerían dependiendo de los estudios de demanda y en horas punta. Con el nuevo contrato  eso se relaja y entonces el sistema se cae”, puntualizó. Agregó que los ingresos por publicidad instalada en los buses antes iban a un fondo pero ahora irán a Pro Transporte. 

Indicó que de los 133 buses que tiene EcoExpress, 50 fueron financiados por la Caja Metropolitana.

El abogado Augusto Pereyra, especialista en temas civiles, señaló: “Amparados en la Constitución, los contratos se celebran de acuerdo a las normas vigentes y se congelan. No se pueden modificar con otras normas”.

Pro Transporte solo indicó ayer que “continuará defendiendo los intereses de los usuarios y de la ciudad”.

Trabajadores del consorcio cuyo contrato quedó anulado por Municipalidad de Lima realizaron una protesta por el corredor azul.