Contraloría alerta sobre riesgos en proyecto del museo nacional
Contraloría alerta sobre riesgos en proyecto del museo nacional

La Contraloría General de la República alertó al de dos situaciones de riesgo puntuales en el proyecto del Museo Nacional del Perú, ubicado en el distrito de Lurín, provincia de Lima y cuyo presupuesto es de S/516 millones, según el banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

Tras precisar que esta alerta fue remitida al Ministerio de Cultura el 9 de diciembre del 2015, la Contraloría informó haber detectado que los estudios de preinversión y viabilidad del proyecto fueron presentados y aprobados sin los resultados de la evaluación y el rescate arqueológico en la zona donde se proyecta la construcción del museo. 

Comunicó que esta situación genera el riesgo que en las etapas de inversión y postinversión puedan identificarse nuevas y mayores evidencias arqueológicas, lo cual justificaría una intervención arqueológica que afecte el desarrollo del proyecto y a la Zona Arqueológica Monumental de

SIN OPINIÓN TÉCNICA

La Contraloría también identificó que el proyecto carece de opiniones técnicas por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y de la Dirección de Sitios del Patrimonio Mundial del Ministerio de Cultura.

Con ello se pone en riesgo las condiciones por las cuales la Zona Arqueológica Monumental Pachacamac fue incluida dentro de la Lista del Patrimonio Mundial, como parte del Qhapaq Ñan – Sistema Vial Andino. 

También se pone en peligro el cumplimiento de las disposiciones y directrices prácticas de la Convención de Patrimonio Mundial de 1972 de Unesco, establecidas para la conservación y protección del Valor Universal Excepcional de los bienes culturales inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial, y que el Perú ha ratificado en su calidad de Estado parte de la Convención.

AUDITORÍA EN MARCHA

A la fecha, la Contraloría viene ejecutando una auditoría de cumplimiento al Ministerio de Cultura y al referido proyecto, a fin de determinar si los estudios elaborados en la fase de preinversión e inversión, así como del expediente técnico se efectuaron en el marco de la normativa aplicable.

Asimismo, si el convenio suscrito con Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y sus respectivas enmiendas se encuentran sustentadas y si cautelaron el adecuado uso de los recursos públicos.

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