La institucionalidad de la Costa Verde

“La falta de planeamiento” es un dicho que frecuentemente se escucha en conferencias y artículos sobre Lima. Con esa frase se asume que el desarrollo de la ciudad se ha ido improvisando, lo que ha traído como resultado el surgimiento del caos.

Esta frase se refleja más en algunos sectores de la ciudad, mientras que en otros se cuenta con muchos planes y proyectos. Es decir, el problema es inverso, ya que en muchos casos se trata de planes y proyectos que establecen “qué hacer”, sin establecer cómo y quién debería ser el responsable. Por ello, han tenido poco impacto.

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El ejemplo más claro es la Costa Verde. El último plan maestro aprobado es de 1995, pero esto no significa que no había planeamiento desde entonces. En los últimos 24 años, la ciudad ha desarrollado innumerables estudios y proyectos sobre esta zona.

Incluso, durante la última gestión edilicia, la Municipalidad de Lima desarrolló dos proyectos integrales completamente distintos al mismo tiempo –uno hecho por la Autoridad del Proyecto Costa Verde (APCV) y el otro por Emape–.

Más que tener un problema de planeamiento, la Costa Verde tiene un problema de gestión y de institucionalidad. La raíz del problema es la Ley 26306, que estableció la Autoridad del Proyecto Costa Verde en el año 1994. Según la ley, el desarrollo de un plan maestro “estará a cargo de la Municipalidad de Lima Metropolitana y los municipios distritales aludidos”; y la emisión de autorización es “competencia de los municipios distritales”.

En otras palabras, la APCV no puede planificar y tampoco puede emitir autorizaciones para proyectos o concesiones. La APCV no tiene competencias ejecutivas sino consultivas, y así ha sido un gran fracaso en los 25 años desde su creación.

Es útil comparar la APCV con la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), que tiene un ADN totalmente distinto. La diferencia fundamental es que la ATU es una autoridad ejecutiva en vez de consultiva. Esto significa que concentra todas las competencias para “planificar, regular, gestionar, supervisar, fiscalizar y promover” el sistema de transporte público para Lima y Callao según la Ley 30900.

Otro problema de la APCV es que está conformada por un directorio político incluyendo “un representante de la Municipalidad Provincial de Lima, designado por su alcalde, un representante de cada municipalidad distrital con territorio en la costa y un representante de Invermet”.

Estudiando los buenos casos de entidades similares en el mundo, uno puede apreciar que están conformadas por directorios técnicos, por expertos en desarrollo, planeamiento, movilidad y riesgo, entre otros campos.

Podríamos seguir desarrollando más proyectos y planes sobre la Costa Verde. Pero hay que ser conscientes de que un plan –como un instrumento de gestión– no sirve de nada si no hay un gestor que tenga las competencias para implementarlo.