Invasión de inmuebles: 1.790 denuncias en lo que va del año

Los cuatro sujetos detenidos, de los cerca de 30 que ingresaron violentamente a una vivienda en Breña el último miércoles, fueron trasladados ayer a la carceleta de la fiscalía. Ellos fueron acusados por usurpación agravada, daños y resistencia a la autoridad. Este es uno de los tres casos de usurpación violenta que se han presentado en menos de una semana en Lima y que han dejado 75 detenidos.

Hasta agosto de este año, la policía detuvo en flagrancia a 333 delincuentes –en todo el 2014 detuvo a 340– por usurpar inmuebles de propiedad de terceros, según cifras de la División de Asuntos Sociales (Divasoc) de la PNP. En lo que va del año se han interpuesto 1.790 denuncias por este delito en la capital.

La mayoría de usurpaciones se da en inmuebles que están en litigio, afirma el jefe de la Divasoc, coronel Jaime Pillaca Esquivel.

Las personas que son o dicen ser los propietarios captan, para recuperar las viviendas, a gente que en la mayoría de casos tiene antecedentes penales, agrega Pillaca.

Los usurpadores actúan en bandas de no menos de diez personas. Utilizan herramientas especiales para cambiar las cerraduras de la vivienda. “Hasta llevan soldadores”, comenta el jefe de la Divasoc. Agrega que el pago promedio que reciben los usurpadores es S/.200.
 
Descoordinación

El coronel Pillaca sostiene que este delito contra el patrimonio está en aumento principalmente porque la fiscalía y el Poder Judicial no están haciendo su labor como deberían ya que liberan a delincuentes en flagrancia. Con antecedentes como el de los 52 delincuentes que invadieron una vivienda en Lince y fueron liberados tres días después no se generan los incentivos necesarios para que se deje de cometer este delito, agrega.

“No deberían salir porque fueron detenidos en flagrancia. Además, hay agravantes, como la asociación ilícita para delinquir, que demuestra que son bandas organizadas”, dice Pillaca.

Esto va en consonancia con las declaraciones del ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe,quien, tras la decisión de la jueza Haydee Vergara de liberar a 52 usurpadores, cuestionó el mensaje que los fiscales y jueces están dando a los delincuentes y a la población.

Según el artículo 202 del Código Penal, la usurpación tiene una pena de entre dos y cinco años. Sin embargo, cuando el delito es cometido por dos o más personas, se utilizan armas de fuego y se realiza sobre un inmueble que se usa como vivienda, la condena puede llegar hasta los 12 años de prisión. Esta sanción es aplicada tanto a los delincuentes que ejecutan la usurpación como a los autores intelectuales, es decir, en muchos casos, a los propietarios en litigio.

El decano del Colegio de Abogados, Mario Amoretti, coincide con la policía al mencionar que no existe argumento jurídico para que los usurpadores detenidos en flagrancia sean liberados. “Lo único que explica eso es la corrupción y eso debe ser denunciado”, señala.