Jefe de Sunedu: “Proyecto de ley nos circunscribe a una función casi intrascendente” | ENTREVISTA

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En esta entrevista con El Comercio, el titular de la Sunedu, Oswaldo Zegarra, advierte que hay, probablemente, detrás de esta iniciativa, grupos interesados como universidades licenciadas y no licenciadas, tanto privadas como públicas, que no quieren ser fiscalizadas o tienen temor a las exigencias del proceso de renovación de licencias. El funcionario también comentó sobre la reciente prórroga del bachillerato automático y del plazo para la adecuación académica de profesores universitarios.

–El proyecto de ley del congresista Esdras Medina (Renovación Popular) plantea otorgar mayoría a los rectores universitarios en la elección del superintendente de esta entidad ¿Cuál es la posición de la Sunedu frente a esta iniciativa del Congreso?

En primer lugar, es un anteproyecto presentado a la comisión de Educación. Seguramente va a ser motivo de un análisis profundo, adecuado, pidiendo opiniones a personalidades de la educación superior. Sobre la pregunta, que no quiero eludir, son los cambios en la conformación del consejo directivo de Sunedu y el mecanismo de elección del superintendente lo que más ha llamado la atención. La propuesta que hace el congresista, apoyada por los rectores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), del Callao y La Cantuta, propone que la conformación de este consejo directivo sea por personas elegidas por los rectores de las universidades. ¿Qué pasa con esto? Los representantes que resulten elegidos no tendrán autonomía suficiente, resultarán siendo juez y parte. Es una situación anómala la que plantean.

–¿Por qué el mecanismo actual garantiza una mayor autonomía de la Sunedu?

El consejo directivo actual es elegido por concurso público de docentes que vienen de universidades públicas o privadas, con méritos académicos y que gozan de plena autonomía. Gran diferencia: unos son representantes y otros son personalidades autónomas que reúnen todos los requisitos que la ley establece.

–¿Quién elige a este consejo directivo en la actualidad?

El primer consejo directivo fue una comisión nombrada por el Ministerio de Educación (Minedu). Este lanzó un concurso público y se presentaron más de 200 postulantes para las cinco vacantes. De los designados, dos vienen de universidades públicas y uno de universidades privadas. También se eligió a una persona que viene de la investigación universitaria y otra personalidad que reúne requisitos de conocimientos de procesos de regulación a nivel del servicio público. Todos son profesores principales, doctores, con amplia experiencia académica. También forma parte del consejo directivo el presidente de Concytec (Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica) y el superintendente de la Sunedu, elegido por el Minedu.

–Para cerrar la idea. Entonces, de aprobarse, este PL le estaría restándole autonomía al consejo directivo para elegir al superintendente...

No solo para la elección del superintendente, sino para tomar las decisiones que corresponden al licenciamiento, supervisión y fiscalización de la calidad educativa universitaria. ¿Los miembros de la banca y seguros tienen la posibilidad de proponer el nombramiento del superintendente o al miembro del directorio [de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS)]? No es posible. ¿Las empresas de telecomunicaciones, acaso, designan a las autoridades de Osiptel? No, porque no pueden ser juez y parte. Tienen que ser personas que técnicamente reúnan los requisitos, pero también que tengan plena autonomía en sus decisiones. Esa es la diferencia.

–¿Es un proyecto que carece de lógica, diría usted?

Yo diría que se quiere restablecer el antiguo orden de cosas, cuando existía la Asamblea Nacional de Rectores.

–Entonces, ¿este PL implicaría un retroceso en la reforma universitaria emprendida en el país?

Totalmente, porque se pierde autonomía. El consejo directivo perdería su capacidad de tomar las decisiones en los procesos de licenciamiento, supervisión, fiscalización y sanción.

–¿Por qué un sector del Congreso insiste en que las universidades perdieron autonomía con la creación de la Sunedu? Este tema ya fue zanjado el 2015 por el Tribunal Constitucional (TC).

Yo creo que hay una mala información y personalidades que insisten en que de alguna manera se ha mermado la autonomía de las universidades, a través de la presencia de Sunedu y en ejercicio de sus funciones, que está en la Ley Universitaria. La universidad tiene plena autonomía para desarrollar sus actividades académicas, para su gobierno, para el manejo de la investigación, para el desarrollo de su infraestructura física y tecnológica, etc. Nunca se ha interferido.

–¿A quién le conviene que la Sunedu tenga menos independencia? Usted mencionó que este proyecto es avalado por rectores de universidades públicas licenciadas como San Marcos, La cantuta y Callao.

No es que estén avalando esta propuesta; lo que pasa es que están dando opiniones que coinciden con esta. Yo respeto muchísimo a la rectora de la UNMSM (Jeri Ramón Ruffner) y a las autoridades de las otras universidades. Son autoridades recientemente elegidas, que no han vivido todo el proceso de licenciamiento. Por ejemplo, en la UNMSM hubo un trauma enorme al momento de adecuarse a la Ley Universitaria. Pero sí puedo garantizar que después de esto el ordenamiento de esta universidad es otro. Hay un cambio sustancial.

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–Justamente, por eso no se entiende la postura de la rectora de la UNMSM y de otras universidades públicas licenciadas. ¿Ha tenido la oportunidad de conversar con estos rectores?

Yo he tenido la oportunidad de conversar con la rectora de la UNMSM cuando fue elegida. Tuvimos una conversación virtual de más de una hora y le dimos todo nuestro apoyo para que la reforma universitaria continúe avanzando. El modelo de licenciamiento no termina con lo que se ha hecho hasta la fecha. Este tiene que continuar permanentemente. De acuerdo a la norma, la licencia es transitoria, renovable y con superación permanente de la calidad educativa. Los modelos tienen que ir subiendo en la exigencia y, tal vez, a eso le tienen un poco de temor.

–El mencionado PL también buscaría modificar otros artículos de la ley de creación de la Sunedu y le quitaría ciertas funciones ¿Qué cambios consideraría más preocupantes?

La propuesta de cambio del artículo primero me parece que es también preocupante, porque este establece que el Minedu es el ente rector de la política de aseguramiento de la calidad de educación superior universitaria. Eso no les gusta. En los cambios al artículo 12, se le quita a la Sunedu una serie de funciones; nos circunscribe a una función casi casi intrascendente, no con la capacidad que Sunedu tiene según la ley de su creación.

Otro punto importantísimo es que se le quita la función de fiscalización de los recursos públicos, la reinversión de excedentes y los beneficios otorgados por la ley en el marco del funcionamiento de las universidades. En el caso de las universidades privadas, estas deben ser fiscalizadas para que los beneficios tributarios que tenga se reinviertan adecuadamente en su universidad, en mejorar la actividad académica [...] Hay varias funciones que le retirarían a la Sunedu y le quitarían esa capacidad de estar permanentemente supervisando y fiscalizando.

–¿Y eso ya no se fiscalizaría o lo haría otra entidad?

No tengo claro cuál es el sentido del proyecto en ese aspecto.

–¿Diría usted que detrás de este proyecto de ley está un sector de universidades privadas, algunas licenciadas y otras que no alcanzaron el licenciamiento?

Es probable. No quiero calificarlo, porque soy representante de una institución eminentemente técnica, no política. No me gustaría que mis palabras sean tomadas desde otro punto de vista. Sin embargo, en la Sunedu estamos acostumbrados a estas iniciativas legislativas que buscan de alguna manera socavar la capacidad de nuestra función; estamos acostumbrados a estos continuos cuestionamientos de parte del Congreso.

–En caso de aprobarse este PL, ¿qué camino legal tiene la Sunedu y el Minedu? ¿Considerarían pertinente llevar el caso ante el TC?

La Sunedu va a tener que hacer frente en el ámbito de sus funciones y sus competencias. No tenemos capacidad legislativa. Eso lo tendríamos que hacer conjuntamente con el Minedu, si el Minedu mantiene la estructura que se ha dado en la política de mejoramiento continuo de la calidad.

–¿Ha tenido oportunidad de dialogar con el ministro de Educación, Carlos Gallardo, sobre estas iniciativas que atentan contra la autonomía de la Sunedu?

Durante mi gestión, he estado en contacto con cuatro ministros de Educación. Con Martín Benavides, Ricardo Cuenca, Juan Cadillo y, ahora, con Carlos Gallardo. Con Cadillo es con el que más conversamos, porque los dos primeros conocían perfectamente a la Sunedu y la apoyaban. Con el ministro Cadillo tuvimos muchas conversaciones y apoyaba todas las acciones que íbamos a desarrollar conjuntamente a través de mesas de trabajo entre el Minedu y la Sunedu. Lamentablemente lo cambiaron.

La semana pasada, he tenido la oportunidad de conversar con el ministro Gallardo, personalmente. Está preocupado por la situación de los alumnos de las universidades denegadas y quedamos en seguir trabajando y teniendo reuniones en las que expongamos todas las funciones que desempeña la Sunedu. Lamentablemente, íbamos a realizar el último martes una reunión, pero se postergó hasta nuevo aviso por la situación política. Espero que esto se normalice y podamos seguir tratando este tema. Al momento de asumir el encargo , el ministro Gallardo dijo que mantendría el apoyo a la Sunedu; sus declaraciones son importantes.

–¿Se justifica que el Congreso haya aprobado ampliar hasta el 2023 el bachillerato automático y que los profesores sin maestría y doctorado continúen enseñando en universidades hasta ese mismo período?

Nuestra opinión es que la prolongación del bachillerato automático no altera el proceso de la reforma universitaria, el licenciamiento; simplemente prorroga un año más de lo que nosotros propusimos. Igual, en el caso de la adecuación de los docentes. La ley universitaria les dio 5 años para este proceso de adecuación y prolongó un año más. Les dimos seis años. No es una buena medida que se extienda más tiempo este proceso de adecuación, porque ya lo tuvieron. El alegato de que estas posibilidades de prolongar el tiempo de adecuación es producto de la pandemia y por la crisis económica puede ser entendible [...] Es importante escuchar a la otra parte. Hay más de 2.500 profesores universitarios que no cumplen con estas condiciones del grado de maestro y, si aplicábamos la ley, habrían tenido que dejar de enseñar bruscamente.

–¿2.500 de cuántos...?

Son cerca de 3.000 docentes que no tienen el grado de maestros de, más o menos, 50 mil docentes universitarios.

–Es un número mínimo...

Sí claro, no es significativo desde el punto de vista estadístico, pero sí operativo.

–¿Cuándo retornarán las clases presenciales al 100% en las universidades?

Lo ideal es que sea el próximo año; creo que ahora es un poco difícil, el año se fue. Probablemente, sea en marzo, cuando ya se cumplan todas las posibilidades de exigencia sanitaria para que concurran los estudiantes. Eso no depende de la Sunedu, sino de las directivas del Minedu en concordancia con el cumplimiento de las medidas sanitarias dictadas por el Ministerio de Salud (Minsa). Ambos ministerios tienen que dar las indicaciones para que puedan retornar los estudiantes.

–¿Se ha resuelto el problema de los estudiantes afectados por la denegación de universidades?

Es una preocupación que tiene la Sunedu y que la compartimos con el Minedu. Se han dado muchísimas orientaciones para que el estudiante no deje sus estudios. Hubo 250 mil alumnos que estudiaban en universidades denegadas, pero un grupo logró terminar sus estudios ahí y otros se trasladaron a otras universidades. Eso ha constituido más del 70% de los estudiantes de estas universidades denegadas; es decir, son unos 180 mil alumnos que no han interrumpido su proceso de enseñanza. Queda un grupo importante de 60 mil alumnos que nosotros lo tenemos monitorizado. La idea es darles la oportunidad de que se trasladen a universidades licenciadas. Eso se trató con el ministro Cadillo y el ministro Gallardo. Hay universidades como San Marcos, Callao y La Cantuta que podrían recibir alumnos de las universidades denegadas para para que no interrumpan su proceso educativo. Se les está dando todas las facilidades y es una preocupación. El fin de la Sunedu es el estudiante.

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