Desde su celda en el penal Sarita Colonia, Gerson Gálvez se ufanaba de comprar jueces. (Lino Chipana / El Comercio)
Desde su celda en el penal Sarita Colonia, Gerson Gálvez se ufanaba de comprar jueces. (Lino Chipana / El Comercio)
Ana Briceño

[Actualización 08.08.2018] Luis Flores precisó que su cargo fue director de seguridad penitenciaria del INPE, durante el periodo referido al caso que se investiga en el Poder Judicial, y no ex director de Sarita Colonia.

Paula Ariza, fiscal especializada en investigar el narcotráfico en el Callao, aún recuerda la impotencia que sintió cuando funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ordenaron que , ‘Caracol’, fuera liberado, según afirma, irregularmente del penal Sarita Colonia, en octubre del 2014.

Hoy el Poder Judicial dictará sentencia a cuatro ex trabajadores penitenciarios acusados de favorecer a ‘Caracol’ para que saliera de la cárcel antes de que cumpliera su condena. Gálvez estuvo preso desde el 2003 en Sarita Colonia por intentar asesinar a un policía y por el delito de robo agravado. Su condena vencía en el 2018, pero salió libre cuatro años antes.

Los acusados de beneficiar a este delincuente son Julio Magán, ex vicepresidente del INPE; Luis Flores, ex director de seguridad penitenciaria del INPE; Álvaro Obregón, ex director del penal; y Cristian Benavides, ex subdirector de registro penitenciario. Según la Fiscalía Anticorrupción, los cuatro ordenaron excarcelarlo en menos de cinco horas para favorecerlo.

“Existen pruebas, como los cruces de llamadas entre todos los acusados el mismo día de su salida. Estaban al tanto de los informes de inteligencia sobre las extorsiones que cometía desde el penal”, afirma una fuente fiscal.

Mientras ‘Caracol’ estuvo preso, se interceptaron sus llamadas y se descubrió la red criminal que manejaba desde su celda para cometer extorsiones, asesinatos y envíos de droga al exterior.

La fiscal Ariza escuchó más de 80 audios de ‘Caracol’. El programa “Panorama” difundió algunos el último domingo. En ellos se escucha a ‘Caracol’ decirle a un trabajador, que pertenecería al INPE, que ha pagado para que no lo trasladen a otra cárcel y que le depositará S/500.

El supuesto empleado le recomienda que se cuide y que no habrá requisas en Sarita Colonia. También ‘Caracacol’ habría convencido al chofer de un alto funcionario del INPE para que acepte dinero y le informe de las operaciones en los penales. Hay audios donde se ufana de comprar jueces para beneficiar a los integrantes de su organización criminal.

Fue a través de escuchas a sus llamadas telefónicas y a las de otros miembros de su red que la Fiscalía Especializada en Investigación de Crimen Organizado inició las investigaciones del Caso Los Cuellos Blancos del Puerto, que ha involucrado a jueces, políticos y empresarios en las denuncias de corrupción en el sistema de justicia.

—Informes de inteligencia—
Este Diario tuvo acceso a informes de inteligencia de algunas autoridades penitenciarias que advertían sobre las extorsiones de ‘Caracol’ desde la cárcel; sin embargo, fue liberado por “buen comportamiento” y gracias a la redención de su pena (convirtió días de trabajo en días de libertad).

Sus comunicaciones fueron escuchadas entre abril y octubre del 2014. “Dispusimos allanar su celda, pero las autoridades del penal no nos permitieron entrar porque decían que era peligroso. Los presos nos esperaban con armas y bombas. Tuvimos que salir del lugar”, detalla la fiscal Ariza. En su celda, “Caracol” tenía celulares, laptop, Internet, armas, droga y artefactos eléctricos.

El 3 de octubre del 2014, la fiscal pidió al Poder Judicial un mandato de detención que incluía a “Caracol” (pese a estar aún encarcelado) y otros integrantes de su red. “El 5 de octubre, el Poder Judicial aprobó el pedido, pero el INPE ya lo había liberado el mismo 3 de octubre”, resalta la fiscal. Fue así que Gálvez pasó a calidad de requisitoriado.

Desde que fue puesto en libertad, los crímenes aumentaron en el Callao, al extremo de que el Ejecutivo declaró el estado de emergencia en el primer puerto en diciembre del 2015.

Magán –gerente de los centros juveniles de rehabilitación del PJ– dice que él no ordenó abrir las rejas a Gálvez y que, si hubo llamadas, fue para asegurarse de que todo estuviera de acuerdo a ley. Los otros acusados han negado los cargos en el juicio. 

PRECISIONES DEL CASO

Delitos imputados
El Ministerio Público ha pedido que los funcionarios acusados sean sentenciados por los delitos de patrocinio ilegal y encubrimiento personal, cuyas penas van desde los 8 hasta los 15 años de prisión.
Redención de pena
Según el Código de Ejecución Penal no se necesita la orden de un juez para la liberación de un interno que solicita la redención de su pena. Es distinto si pide la semilibertad o libertad condicional.
Sentencia a ‘caracol’
El 2016, ‘Caracol’ fue condenado a 35 años de cárcel por tráfico ilícito de drogas. Está en el penal de Challapalca.

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