Este es el día clave en el proceso contra Gerald Oropeza

En setiembre, Gerald Oropeza, investigado por tráfico ilícito de drogas en la modalidad de conspiración, cumplirá 36 meses encarcelado de manera preventiva, tiempo que el Poder Judicial dispuso para que el Ministerio Público indagara y recabara mayores pruebas en su contra.

Si hasta setiembre el fiscal especializado en crimen organizado Lucio Sal y Rosas –quien dirige la investigación– no lo acusa formalmente para que después sea sentenciado, Oropeza recuperaría su libertad por exceso de carcelería.

Para acusarlo, el fiscal debe contar con pruebas que lo sindiquen como alguien que conspiró dentro de una organización criminal con el fin de enviar cocaína al extranjero.

Fuentes de El Comercio afirmaron ayer que la principal prueba del fiscal son 16 audios de supuestas conversaciones entre Oropeza y Salvatore Zazo ‘Zazá’, un narcotraficante italiano con quien habría negociado la venta de cargamentos de cocaína.

Sin embargo, este indicio correría el riesgo de declararse inválido. Oropeza está recluido en el penal de Challapalca, en Tacna, donde estudia por su cuenta Derecho Penal, según sus allegados.

–Los audios –
A fines del 2017, Oropeza, a través de su abogado Marco Riveros, presentó al Poder Judicial un pedido para que se excluya la principal prueba del fiscal: un USB con 16 audios de supuestas conversaciones entre el detenido y ‘Zazá’. A través de un peritaje del Ministerio Público, se ha establecido al 93% que la voz registrada es de Oropeza. El USB fue entregado al fiscal por un testigo clave.

Estos audios fueron obtenidos de los celulares de Oropeza, que extravió cuando fue víctima de un atentado el 1 de abril del 2015, en San Miguel. Ese día, él estaba en su camioneta Porsche con otras personas cuando cinco sujetos –contratados por una organización criminal supuestamente rival a la suya– dispararon al vehículo y lanzaron cuatro granadas. Desde ese momento, Oropeza estuvo en la mira de la Policía Antidrogas.

CASO NO AVANZA

En el 2015, se descubrió que la empresa Sergero S.A.C., de Oropeza, tenía contratos por más de S/216 millones con entidades del Estado. Desde esa fecha, la fiscal Rosana Villar lo investiga por el presunto delito de lavado de activos. Ayer, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, pidió a Villar un informe sobre el avance de sus investigaciones luego de tres años, según fuentes. Se desconoce si este fue entregado.

El argumento de su defensa para que se declaren ilícitos los audios es que el testigo clave “extrajo la información de los celulares sin tener autorización legal”, por lo tanto “se ha vulnerado el derecho constitucional del secreto de sus comunicaciones”.

Sin embargo, en enero, el juez Richard Concepción Carhuancho declaró infundado su pedido. El magistrado dijo que no se pueden excluir los audios bajo el argumento de que el testigo clave vulneró el derecho constitucional al acceder a ellos sin una autorización judicial.

–En manos de otro juez–
El abogado de Oropeza apeló la decisión del juez y, el 22 de mayo, la Segunda Sala Penal de Apelaciones dictaminó que Concepción no tuvo “una adecuada apreciación del derecho constitucional”, por lo tanto declaró nula su resolución y ordenó que otro juez emita un nuevo pronunciamiento “tomando en cuenta los argumentos de la sala”. El razonamiento principal es que las personas “particulares”, en este caso el testigo clave, también violan el derecho constitucional y no solo los “órganos de persecución penal”, como lo sostuvo Concepción.

Carlos Caro, abogado penalista, explicó que la sala no le ha dado la razón a Oropeza, solo ha sostenido que Concepción no ha considerado un aspecto legal y por eso otro juez decidirá la validez de los audios.
“El juez puede dictaminar que los audios sí son válidos, pero con una sustentación diferente a la de Concepción”, remarcó.
El magistrado a cargo del caso, según fuentes del Poder Judicial, será Santos Benites, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria. La audiencia será el 26 de junio a las 9 a.m.

Jorge Chávez Cotrina, coordinador de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, remarcó que el fiscal Sal y Rosas avanza su acusación contra Oropeza. “No podemos ampliar más la prisión preventiva contra Oropeza. Esperamos la decisión del juez [Benites]”, dijo.