(Anthony Niño de Guzmán / El Comercio)
(Anthony Niño de Guzmán / El Comercio)
Ana Briceño

Sara Salazar Salazar se puso de pie frente a la jueza Lorena Alessi y dijo: “Me siento muy arrepentida del delito que he cometido y voy a ser una persona muy útil para mi familia y para los que me rodean”. En enero del 2016, Salazar fue condenada a cuatro años y cuatro meses de prisión por el delito de estafa en agravio de dos empresas y una empresaria.

Ayer, en un juzgado en San Juan de Lurigancho, la interna que cumple su pena en una cárcel de Chorrillos, solicitó a la magistrada que le permitiera cumplir su sentencia, dentro de su casa, con la utilización de un grillete electrónico en el tobillo, que no podrá sacarse ni siquiera para ir a la ducha.

Durante la audiencia, Salazar, de 42 años y madre de dos menores, respondió con serenidad las preguntas del fiscal y su abogado. “He estudiado cosmetología y asistencia de cocina, desde que ingresé al penal [...]. He seguido talleres de psicología, donde nos enseñaron el autocontrol, valores, saber desenvolvernos para cuando salgamos de la cárcel”, sostuvo.

Jaime Montesinos, defensor legal de Salazar, remarcó a la jueza que su patrocinada “ha culminado sus estudios de segundo año de educación secundaria y salió con buenas calificaciones”. “Es una interna modelo”, acotó.

A su turno, el fiscal sostuvo que la interna “ha tomado conciencia del delito cometido y ha cambiado su conducta. Inmediatamente ingresó al penal, se asimiló a los talleres disciplinarios y a las terapias individuales y grupales”. Además, precisó que Salazar cumplió con pagar la reparación civil de mil soles que se le impuso en la sentencia del 2016.

—Pagará su grillete—
Con los informes psicológicos, sociales, jurídicos y socioeconómicos de la interna, la jueza Alessi resolvió que Salazar debía ser beneficiada con la utilización del grillete electrónico.

La sentenciada se comprometió al pago mensual de 750 soles por el uso de este dispositivo, que le sería colocado hoy temprano por agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en su vivienda del Rímac.

Jaime Reyes, asesor en temas de seguridad del INPE, explicó a este Diario que un familiar de Salazar deberá pagar mensualmente los 750 soles al Banco de la Nación.

Al ser consultada sobre este cobro, la interna recalcó a la jueza que su familia la apoyará económicamente con el costo por el alquiler del grillete. “Ahorita lo hemos pedido [el dispositivo] para que lo use dentro de mi casa, pero en un mes quiero que se me facilite trabajar con el grillete. Quiero vender productos de aseo y de abarrotes en el mercado mayorista”, puntualizó.

La jueza aclaró que el beneficio otorgado a Salazar no implica la revocación de su condena de cuatro años y cuatro meses. Este Diario escribió un correo a uno de los agraviados por Salazar, pero no obtuvo respuesta.

—Siguiendo sus pasos—
El jefe del INPE, Carlos Vásquez, ha referido que el uso de los grilletes forma parte de un plan piloto, que empezará con 35 internos. Según el juez supremo Iván Sequeiros, hasta el momento solo 15 internos han solicitado estar bajo el régimen de la vigilancia electrónica.

El uso de este sistema tiene el objetivo de reducir progresivamente el hacinamiento en los penales, según el INPE. Para el juez Sequeiros, la meta trazada es ambiciosa porque hay más de 80 mil presos en las cárceles del país, pero la capacidad de estas prisiones ni siquiera es para la mitad.

Reyes detalló que el plan piloto culminaría en seis meses. Posteriormente, se evaluará el funcionamiento de los aparatos, se corregirían eventuales errores y se comprarían mil dispositivos para el siguiente año.

La empresa encargada de la entrega de los grilletes, Geosatis, se encargará del monitoreo de los grilletes a través del sistema de posicionamiento global (GPS). La expectativa por los dispositivos es grande en el INPE. El temor es que se vuelva vulnerable. 

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