Cómo el brazo operativo de Los Intocables Ediles se hizo de S/1 millón gracias a dos baños públicos de Gamarra

Sin embargo, un año y medio después, las investigaciones apuntan a que la red criminal también habría utilizado los baños públicos de Gamarra para defraudar al Estado, a través de la organización paralela Los Patrones de Cánepa, brazo operativo de Los Intocables Ediles que vincula a empresarios del emporio comercial y exfuncionarios ediles.

La mañana de este lunes, el Ministerio Público y la Policía Nacional ejecutaron otro megaoperativo que incluyó el allanamiento simultáneo de 11 inmuebles ubicados en siete distritos de Lima y la provincia de Huaura, la incautación de contratos, celulares y equipos electrónicos, y levantamiento del secreto de las comunicaciones.

Las viviendas y oficinas intervenidas pertenecen a los exfuncionarios ediles Mercedes Arana Veli, Hilda Silva Baldeón Lavado, Herlin Hilario Ostos Príncipe y Alberto Rómulo Grados Pedemonte; así como de los empresarios Nemesio Raúl y Diego Antonio Guizado Salinas y de Carlos Miguel Augusto Medina Alejos, quien sería el intermediario entre el brazo financiero y los operadores de la organización criminal.

–De baños a puestos de comida–

Entre el 2017 y 2018, los dos baños públicos que se ubican en el Parque Cánepa, en los cruces de jirón Huánuco con Humboldt y jirón Huánuco con Hipólito Unánue, se convirtieron en 12 puestos de comida al paso. El problema, según la Cuarta Fiscalía Provincial Coorporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, es que ese cambio significó el aprovechamiento de miles de soles mensuales por una concertación irregular entre los hermanos Guizado Salinas y exfuncionarios municipales.

De acuerdo con el fiscal anticorrupción Reynaldo Abia, a cargo de la investigación, las concesiones fueron otorgadas a Guizado Salinas y Alexander Peña Quispe, quienes construyeron seis módulos de venta de comida por cada baño y los subarrendaron a casi 80 veces más del precio que pagaban a la municipalidad. Peña, presunto financista de Elías Cuba y segundo al mando de Los Intocables Ediles, cumple prisión preventiva desde agosto de 2018.

En diálogo con El Comercio, Abia explicó que el perjuicio económico al municipio sería de más de S/1’000.000 de soles. La concertación se habría dado a cambio “favores, pagos y coimas” a los exfuncionarios ediles.

“La Municipalidad de La Victoria alquilaba cada esquina por S/1.300, pero los empresarios construyeron seis módulos de expendio de comida en cada baño, los cuales eran subarrendados cada uno por entre S/7.000 y S/10.000 mensuales. Obtuvieron aproximadamente S/108.000 por mes y de más de un millón de soles en un año”, dijo.

Las sospechas por este irregular arrendamiento no son nuevas. De hecho, un informe realizado en el 2018 por la Oficina de Control Interno de la Municipalidad de La Victoria (Informe de auditoría N° 012-2018-2-2155) advertía que el alquiler de los dos inmuebles de dominio público “cuya renta se determinó con tasación subvaluada” ocasionó que pierdan su finalidad pública y que la comuna deje de recibir rentas por S/140.700. Este informe sirvió de base para que el año pasado la gestión de George Forysth denuncie a los extrabajadores ediles ante la Fiscalía Anticorrupción de Lima.

Ahora, los siete implicados son investigados por los presuntos delitos contra la administración pública, colusión agravada y organización criminal. El fiscal había solicitado detención preliminar para los involucrados; sin embargo, este pedido fue desestimado por la Corte Superior de Justicia de Lima.

Abia adelantó a este Diario que evaluarán si solicitan otra medida restrictiva contra los investigados al señalar que existiría riesgo de obstrucción de la justicia.

“Han sido sindicados por colaboradores y por las escuchas legales. Hay conversaciones entre la gerente de Asesoría Jurídica con Peña Quispe, también entre él y Pedemonte, que era el encargado del área de control patrimonial”, agregó.

Por su parte, Nemesio Guizado, padre de los investigados, habló a la prensa y aseguró que sus hijos han acudido a todas las citaciones fiscales. “Se ha dado todas las facilidades a las autoridades durante la diligencia”, dijo su abogado, Mateo Castañeda.

–Investigado sigue en La Victoria–

Alberto Rómulo Grados Pedemonte, vinculado por la fiscalía a Los Patrones de Cánepa, es actual trabajador de la Municipalidad de La Victoria. Según el alcalde del distrito, George Forsyth, hace un año la comuna lo denunció penalmente y se inició un proceso disciplinario en su contra; sin embargo, señaló que no puede ser despedido hasta que no haya una resolución judicial.

“La procuraduría denunció el 13 de febrero de 2019 a este señor (Alberto Grados Pedemonte) y tres exfuncionarios (Baldeón Lavado, Arana Veli y Ostos Príncipe). Se ha procedido conforme a ley. Sin embargo, el trabajador es nombrado y tiene más de 30 años en la municipalidad. Nos guste o no, no podemos despedirlo de forma arbitraria, hay un proceso administrativo en marcha”, dijo a El Comercio.

El burgomaestre recordó que al inicio de su gestión se clausuraron los puestos de comida construidos irregularmente. Uno de ellos ha sido convertido en central de monitoreo del parque Cánepa, mientras que el otro se encuentra judicializado. “El fin de los bienes municipales es que den un servicio a la comunidad. Tenemos planes para que sea un centro de ofertas laborales o centro de donación de sangre”, agregó el burgomaestre.

–Mafia enquistada en el poder–

Los Intocables Ediles habían extendido sus brazos de corrupción en casi todas las actividades económicas del distrito. Según las investigaciones, con Elías Cuba a la cabeza, la municipalidad distrital había institucionalizado el cobro de cupos a través del llamado Sistema Impositivo del Servicio Ambulatorio (SISA).

Desde agosto de 2018, Cuba y otras 12 personas- entre ellos Eliseo Cuba, hijo del exburgomaestre, y Alexander Peña Quispe, cumplen preventiva por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, entre otros.

Según las investigaciones, la mafia ganaba más de S/25 millones anuales por cobros indebidos de parqueo vehicular y SISA, el cual se realizaba a más de 8.080 comerciantes ambulantes que trabajan en la vía pública. Ellos eran obligados a realizar un primer pago de 300 soles para empadronarse y poder ocupar un espacio donde ofertar sus productos.

En los últimos meses, el caso ha escalado a nivel político desde que se incluyó en las investigaciones a la excongresista Luciana León. La miembro de la comisión permanente es investigada por presuntamente ser el “brazo político-legal” de la organización criminal acusada de sobrevalorar obras y servicios públicos en el distrito de La Victoria para obtener ingresos ilícitos. Por este caso se le dictó 36 meses de impedimento de salida del país en enero último.

De acuerdo con un aspirante a colaborador, León recibía un “beneficio económico” mensual por parte de la organización criminal Los Intocables Ediles y el 20% del valor de los proyectos. Según el fiscal Ramiro González Rodríguez, la integrante de la Comisión Permanente tenía conocimiento y participación dentro del accionar delictivo de la organización criminal desde el 2016.