(Foto referencial: El Comercio)
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Angus Laurie

La ordenanza 739 de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) es una de las políticas que más daño le hacen a la ciudad. En particular, el artículo 7 especifica cómo los distritos deben calcular el costo de los estacionamientos. Esto en función a “exclusivamente aquellos costos vinculados directamente con la prestación del servicio”.

Como resultado, las municipalidades distritales tienen que gastar igual o más de lo que ganan para operar su sistema de cobranza para estacionamientos públicos. En cambio, como uno puede ver en las ciudades de otros países, lo ideal es que se cobre el precio que establece el mercado para los estacionamientos públicos en zonas comerciales.

Esta semana saltó la noticia sobre la Municipalidad de La Victoria y su vínculo con las mafias de estacionamientos. Según El Comercio, miembros de la mafia cobraban seis veces más el precio oficial para estacionar en Gamarra. Ellos cobraban S/3 por hora o fracción, cuando la tasa oficial es de S/0,50. La diferencia fue a la mafia, supuestamente liderada por el mismo alcalde distrital.

Según este Diario, al cobrar este monto adicional, la mafia de estacionamientos en La Victoria ganó más de S/20 millones anuales por los 2.249 estacionamientos públicos que existen solamente en Gamarra. Para poner esto en contexto, este monto es mayor que el presupuesto anual para proyectos de desarrollo en muchas provincias, sin mencionar distritos.

Debido a que los visitantes a Gamarra están dispuestos a pagar este monto para estacionar, podríamos asumir que S/3 es, en realidad, el precio del mercado. Aparte de ser de una evidencia más del nivel de corrupción endémica y tóxica que sufre el sector público, la gran tragedia de esta historia es que los distritos limeños, por culpa de la ordenanza 739 de MML, están prohibidos de cobrar el precio justo que las personas estarían dispuestas a pagar.

Al cobrar el precio del mercado para poder estacionarse, las municipalidades distritales podrían incentivar el uso de modos de transporte sostenible, tendrían una herramienta efectiva para reducir la congestión y, de un día para otro, podrían eliminar el “déficit” de estacionamientos.

Pero sobre todo, al cobrar el precio del mercado, las municipalidades podrían establecer un sistema de gestión y cobranza formal para estacionamientos y, finalmente, eliminar las mafias que ahora operan libremente en las calles. Solamente, considerando los 2.249 estacionamientos en el caso de Gamarra, si la Municipalidad de La Victoria pudiese cobrar la misma tarifa para estacionar que venía cobrando la mafia, la comuna tendría los fondos necesarios para transformar radicalmente el distrito.

Si pudiésemos aplicar la misma lógica en todas las zonas comerciales de la capital, los distritos limeños obtendrían fondos para un renacimiento urbano que se vería reflejado en todo el ámbito metropolitano.

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