Lima vs. MEF: Gobierno emite decreto para solucionar conflicto
Lima vs. MEF: Gobierno emite decreto para solucionar conflicto

El impase entre la y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en torno a al futuro de los corredores complementarios como Tacna-Garcilaso-Arequipa y Javier Prado - La Marina, obligó al Gobierno a emitir un decreto de urgencia que permitirá que Lima solicite de forma extraordinaria la opinión del MEF.


Mediante el Decreto de Urgencia N° 006-2015, el Gobierno aprobó un procedimiento especial para que los Ministerios, Gobiernos Locales y Regionales soliciten extraordinariamente la opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El Decreto de Urgencia, vigente hasta el 31 de mayo del 2016, establece que por un plazo de 40 días hábiles, contados a partir de la vigencia de la norma, los Ministerios, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, que hayan suscrito contratos y sus adendas sin contar con la opinión previa del Ministerio de Economía y Finanzas, podrán por única vez, solicitar la opinión al MEF, para lo cual previamente deberá obtener el consentimiento previo del inversionista. 

La medida busca el adecuado manejo de las finanzas públicas a través de una adecuada identificación y mitigación de riesgos fiscales.

El decreto fue publicado tras la reunión entre el ministro de Economía Alonso Segura y el alcalde de Lima Luis Castañeda, luego de una semana cargada de polémica en donde la Municipalidad de Lima y el MEF se enfrascaron en un enfrentamiento por la vialidad de los corredores complementarios, que la cartera de Economía considera nulos.



SEGURA
El ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, indicó que el procedimiento establecido mediante el D.U. es una manifestación fehaciente de la preocupación del Gobierno para mantener el impulso del crecimiento económico en beneficio de la población, a través del fortalecimiento de la inversión privada, permitiendo de manera excepcional a las entidades obtener la opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas. 

“Estas medidas tienen como objetivo impedir la paralización de obras de infraestructura pública o la interrupción de servicios públicos, ya que las Asociaciones Público Privadas (APP) son de suma importancia para la dinamización de la economía mediante la creación de empleos directos e indirectos, y para mejorar la calidad de vida de la población a través del acceso a servicios básicos”, subrayó.