En manos de la delincuencia, por Pedro Ortiz Bisso

Llamar “terrorismo desideologizado” al uso de  granadas y otro armamento de guerra por parte de extorsionadores, más que una reacción con algún grado de reflexión, suena a grito desesperado de un ministro del Interior desbordado por la inseguridad ciudadana.      

Peor aun si, a las pocas horas, su colega de Justicia hace pública una posición diametralmente distinta, lo que confirma algo peor: en el interior del Gobierno no existe una idea clara de cómo enfrentar a la delincuencia de estos tiempos.

En estos cuatro años de gobierno han sobrado las buenas intenciones. La solvencia profesional del ministro Pérez Guadalupe y de otras personalidades que han pasado por el cargo son reconocidas;  pero norte definido no ha habido. Todos los ministros han sido fagocitados por el apremio y la falta de reflejos. La derrota diaria que sufre la policía a manos de facinerosos de toda laya se debe a que siempre ha estado un paso atrás de ellos. Nunca pudo tomar la iniciativa.

La política de combate a la inseguridad ciudadana ha sido reactiva y oportunista. En lugar  de enfrentar el problema cara a cara, desde un punto de vista que englobe a otros poderes e instancias, el Gobierno optó por lo más fácil: cambiar de rostros –Pérez Guadalupe es el séptimo de la lista– y patear el problema para adelante.
Añadió a ello desafortunados golpes de efecto, como aparatosas megaoperaciones o penosos ‘happenings’  –¿recuerdan la presentación de agentes disfrazados de locos y pordioseros?–,  organizados en beneficio de la popularidad del ex ministro Daniel Urresti.

Lo peor, sin embargo, ha sido la manera como el presidente se ha desembarazado del problema, pese a su compromiso inicial de liderar esta lucha. Sus declaraciones tras la muerte de un agente al explosionarle una granada han sido decepcionantes, como ha señalado Juan Carlos Tafur.

Escucharlo culpar a la televisión por las imágenes que difunde, en lugar de adoptar una posición decidida, que devuelva la confianza a una población dispuesta a hacer justicia por mano propia con iniciativas como “Chapa tu choro y déjalo paralítico”, suena a alguien que vive en otro país o  ve los problemas de soslayo.

Las alternativas planteadas de cambiar la legislación para enfrentar a los extorsionadores parecen, hasta ahora, salidas oportunistas. No solo porque las últimas granadas y trapos rojos aparecidos hieden a psicosocial barato, sino porque las leyes no sirven si no hay instituciones que las hagan cumplir.

Y ese es otro de los grandes pasivos de este gobierno: su nula labor para fortalecer a la policía o trabajar para que el Poder Judicial y el Ministerio Público sean instancias eficientes y confiables. Llámenles a los extorsionadores como quieran, inventen nuevos delitos. Si no hay cómo sancionar efectivamente a quien delinque, la historia será la misma. Y la guerra la seguiremos perdiendo.