Redacción EC

ELIZABETH SALAZAR

Mafias como las de Rodolfo Orellana, que se apropian de inmuebles y terrenos, no tendrían éxito sin funcionarios corruptos o descuidados que legalicen sus estafas. A veces acuden a provincias, donde encuentran notarios que no detectan suplantaciones y alegan en su defensa no tener Internet o acceso al para evitarlo. Pero, en el caso que contaremos a continuación, los delincuentes se ahorraron el viaje.

Los estafadores legalizaron documentos falsos en Surco, en la notaría Bazán, y se apropiaron de ocho lotes en La Molina y dos casas en . Las afectadas son dos inmobiliarias, cuyos representantes ya habían muerto cuando supuestamente acudieron al notario.

DOS MUERTOS
La estafa empezó el 12 de febrero del 2013. Juan Manuel de la Piedra entró a la notaría Bazán y pidió un nuevo Libro de Actas de la Inmobiliaria Mochica S.A.C. porque el original se había perdido. No le exigieron una carta-poder; solo dejó copia de denuncia policial, mostró su DNI y Bazán le entregó el libro. Pero De la Piedra, el verdadero, había muerto la Navidad del 2012 y figuraba así en el Reniec.

Con el libro legalizado en sus manos, el estafador César Martínez Peláez cambió la junta de accionistas de la inmobiliaria y se nombró gerente con poderes absolutos en Registros Públicos.

La empresa estaba inactiva pero mantenía dos casas vendidas hace 20 años y cuyos dueños no habían inscrito la transferencia. Martínez no tardó en detectarlo y, con su nuevo cargo, revendió los inmuebles en junio del 2013. Cobró y desapareció, dejando a cuatro familias en un lío legal por la posesión.

Y era el comienzo. Dos meses después, el representante de la inmobiliaria Santa Felicia, Ernesto Quispilloclla, también acudió a la notaría Bazán y obtuvo un nuevo Libro de Actas para su empresa, tras denunciar la pérdida del original. La misma excusa, la misma trampa.

JINETES AFECTADOS
Quispilloclla falleció el 8 de marzo del 2013, pero el 25 de abril el notario Bazán entregó un libro legalizado a su nombre.

Cuatro días después, el mismo César Martínez Peláez usó sus páginas para registrarse como apoderado de la inmobiliaria Santa Felicia e inició la reventa de 8 lotes en la urbanización Santa Patricia, en La Molina, valuados en US$900.000.

Las denuncias policiales dejadas en la notaría también son falsas, pero Bazán niega responsabilidad. “Yo no doy fe de que esa persona sea quien dice ser, solo atendí la solicitud en base a los documentos que nos dieron. La ley dice que estamos obligados a cotejar la identidad del cliente en Reniec solo cuando se realizan escrituras públicas”, dice Bazán en su defensa.

En primera instancia, el Colegio de Notarios de Lima no encontró responsabilidad en Bazán, pero su caso aún está en evaluación. El área legal del Reniec, por su parte, sostiene que el cotejo de identidad es obligatorio y recomendado para que los notarios no sean engañados.

Los afectados en esta segunda suplantación son los jinetes asociados a la Caja de Retiro y Previsión Social del Turf, dueños desde 1981 de los lotes, y quienes tenían previsto construir viviendas para pagar la jubilación de los jockeys y preparadores de caballos de carrera.

La falsificación continuó en la Municipalidad de La Molina, donde bastaron dos hojas mal redactadas para que la Gerencia de Administración Tributaria anule a la Caja de Retiro de la lista de contribuyentes y acepte al estafador como nuevo vecino.

“No podemos rechazar nuevos contribuyentes. En este caso ya restituimos su derecho a la Caja de Retiro porque había claros errores en el documento que aceptamos”, explicó Jorge Rey de Castro, gerente municipal

VENTAS SUCESIVAS
Los predios permanecían a nombre de Santa Felicia porque la Caja de Retiro no los inscribió en los Registros Públicos. Martínez lo sabía y, con el falso cargo a cuestas, vendió en un solo día cuatro de los lotes a Inmobiliaria Mochica. Es decir, a sí mismo. Un mes después los transfirió a un corredor inmobiliario y este ya revendió dos de ellos.

Martínez entregó los otros cuatro lotes a dos personas que pagaron solo US$80 mil por cada terreno de 160 m²; y ellos, a su vez, lo entregaron a otros dos a cambio de supuestas deudas.

“Algunos de los terceros compradores, que se dicen de buena fe, nos han ofrecido 50 mil dólares para frenar el juicio”, denunció Pedro Miranda, representante de la caja.

Martínez no es nuevo en esto. Hay nueve denuncias penales en su contra, pero la fiscalía aún no formaliza acusación. Y la policía, no lo encuentra.