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#NoTePases: los riesgos de un proyecto busca la formalización de los colectivos
Josefina Miró Quesada

Pese a que la ley lo prohíbe, para nadie es novedad que los autos y minivanes colectivos viajan en carretera. Ofrecen rutas Lima-Arequipa, Lima-La Oroya, Piura-Tacna y muchas más.

La Sutrán, el ente fiscalizador que debería impedir que eso suceda, no se da abasto. Y así lo ha demostrado este Diario con videos que revelan cómo sus inspectores, responsables de perseguirlos y sancionarlos, son frecuentemente agredidos por parte de quienes conducen estos vehículos.

Y pese a la inseguridad que supone traslados de largas distancias en estos vehículos, un grupo de congresistas fujimoristas, entre ellos Karina Beteta, han propuesto formalizar este servicio. A los especialistas que afirman que con eso el caos podría ser aún mayor, Beteta les responde que es una crítica hecha desde “un escritorio y no desde la realidad peruana”.

Este Diario conversó con ella y con especialistas que alertan de los riesgos que podrían darse. La propuesta ya ha sido aprobada por el pleno en primera votación y falta una segunda. La posibilidad de que llegue a concretarse es real.

1. Carecen de condiciones técnicas para operar.
Una primera objeción a esta propuesta radica en la idoneidad de los autos y minivanes (categoría M1 y M2, respectivamente) para dar este servicio en carreteras y por tiempos tan prolongados (ver gráfico).

(Infografía: El Comercio)
(Infografía: El Comercio)

El Reglamento de Administración de Transporte solo autoriza a los buses (categoría M3, de más de ocho toneladas) en estas rutas porque están técnicamente diseñadas para eso. “Necesitan dos choferes que salgan del lugar de origen y uno debe descansar después de cinco horas; y eso en un auto es imposible”, señala el especialista Lino de la Barrera.

Por su parte, Federico Battifora, experto en seguridad vial, indica que estos colectivos manejan a excesiva velocidad porque eso es lo que ofrecen a diferencia del transporte en buses, y añade que los conductores que dan el servicio carecen de la experiencia que necesita todo chofer profesional que es de “mínimo cuatro años de formación”.
Para Beteta, sin embargo, si este servicio fuese formal, los autos podrían usar tecnologías que permitan controlar la velocidad, como sucede con las empresas de buses.

2. Colectivos generarían competencia desleal.
Las empresas que hoy ofrecen transporte público en las rutas en discusión invierten una gran suma de dinero en adquirir vehículos que deben contar con una serie de mecanismos de seguridad para los pasajeros. “Forma parte de la estructura de costos que hoy en día quienes están detrás del proyecto no pagarán”, comenta Battifora.
En esa línea, formalizar a los colectivos podría generar un efecto perverso. “Ellos –o alguien que quiera entrar en el negocio– podrían preguntarse ¿para qué voy a gastar tanto en ómnibus si puedo ser autorizado con vehículos menores sin invertir en seguridad?”, agrega De la Barrera.

Por mucho tiempo, los minivanes han hecho colectivo en carreteras con autorizaciones de servicio turístico. “El MTC los habilitó a pesar de las varias denuncias que daban cuenta de que no lo estaban usando para eso, y han dejado que esto crezca y crezca en el tiempo”, explica. Según Beteta, además, muchos tienen autorización provisional de municipalidades provinciales, “pero eso no se regulariza”.

Para los dos especialistas, esta competencia desleal podría aumentar con el proyecto de ley, generando no solo una proliferación de los colectivos en carreteras, sino una degradación de calidad en el servicio de los formales. “Como no van a cerrar la empresa de la noche a la mañana, van a degradar la seguridad, los vehículos no estarán bien mantenidos y dotaremos de mayor inseguridad a las mismas formales”, añade Battifora.

3. El riesgo de la congestión vial en carreteras.
Ambos especialistas sintetizaron en una frase lo que podría pasar con esta iniciativa: “Vamos a llevar el caos urbano a las carreteras”. Es decir, más accidentes de tránsito.

“Va a llegar un momento en que van a haber muchísimos operadores, la competencia va a ser igual que la que ocurre en Lima: la guerra del centavo donde cada ciudadano será recogido a la fuerza”, señala De la Barrera. En su opinión, es una propuesta que promueve el desorden.

4. Seguridad para todos: pasajeros, transeúntes, conductores.
De la Barrera indica que estas minivanes y autos colectivos responden, en parte, a una demanda ciudadana que busca un servicio más veloz. “Su negocio es llegar más rápido, y para lograrlo, deben infringir las normas de tránsito. Estas camionetas no tienen ningún tipo de control, pero tienen un alto porcentaje de siniestralidad, y a la hora que sumas las víctimas al año, de uno en uno, resultan peores que los accidentes de ómnibus”, advierte.

El riesgo de un aumento de siniestros, sin embargo, es descartado por Beteta, quien dice que esto es una cuestión de la persona. “La formalización iría de la mano de la fiscalización y la velocidad estaría controlada. Esto permitiría conocer los paraderos de los vehículos, de qué empresas estamos hablando, y si hubiera algún accidente, a quién reclamar, porque hoy, cuando eso sucede, nadie quiere responder”, agrega.

5. Una alternativa, pero para las zonas donde no hay acceso.
Detrás de esta iniciativa, existe una realidad que no puede soslayarse: hay un déficit de infraestructura y no todas las rutas pueden recibir a omnibuses (M3). Si los ciudadanos acuden a este transporte informal, en parte, es porque hay una necesidad ciudadana que cubrir. Ahí donde no existan alternativas, los especialistas consideran que la propuesta de Fuerza Popular es legítima.

Por ello, sostienen que de aprobarse la formalización de estos colectivos, esta debe estar estrictamente delimitada a ciertos espacios geográficos. La propia Beteta reconoció a El Comercio que ella utiliza medios informales para viajar en Huánuco. “La alternativa es ir en colectivos, no tenemos carreteras como en países desarrollados, y los buses no acceden ahí”, señala la congresista.

Sin embargo, si no se precisa en el proyecto de ley esta necesaria delimitación, podríamos terminar oficializando el desorden vial.

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