Si plan de desarrollo urbano logra ser aprobado, tendría vigencia del 2020 al 2030. (Foto: El Comercio)
Si plan de desarrollo urbano logra ser aprobado, tendría vigencia del 2020 al 2030. (Foto: El Comercio)
Angus Laurie

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Este año, la Municipalidad de empezará el desarrollo de un nuevo plan de desarrollo urbano (PDU). Si logra ser aprobado, tendría vigencia del 2020 al 2030. Representantes de la municipalidad mencionaron que este plan sería desarrollado con la participación vecinal para establecer una nueva visión para el distrito. El proyecto contará con el apoyo de cinco asesores externos y estará listo en junio del 2020.

Según la página web de la municipalidad, el PDU servirá para definir “políticas y estrategias de desarrollo físico urbano, ambiental, de movilidad, seguridad y riesgo”. Además, establecerá los requerimientos para equipamientos y espacios púbicos en el futuro, y propondrá el uso de suelo a nivel distrital.

Sin duda, el deseo de planificar la ciudad e involucrar a la población en el proceso es muy positivo. El problema en este caso es que San Isidro acaba de actualizar su plan urbano durante la última gestión. Tal como la propuesta del alcalde Cáceres, el plan de la gestión del alcalde Velarde fue realizado a través de un proceso participativo. También involucró a asesores externos. Además, incluye objetivos, estrategias y acciones relacionadas al desarrollo urbano, ambiental, económico, impulsando propuestas para la movilidad, seguridad, equipamiento, espacios públicos, entre otros componentes.

Sin entrar en el laberinto legal que distingue a los instrumentos del plan de desarrollo urbano y el plan urbano distrital, el punto es que la nueva gestión de San Isidro está tomando la decisión de reabrir el proceso de planeamiento desde cero, cuando ya existe un plan que ha sido elaborado hace menos de dos años, y aprobado a nivel distrital. Solamente faltaría el visto bueno de Lima para entrar en vigencia.

Uno no deja de leer y escuchar que a Lima le falta planificación. Pero en muchos casos, la verdad es lo opuesto. Muchas entidades públicas pasan su tiempo desarrollando planes, sin ejecutar. Desde un punto de vista ético, lógico y técnico, las nuevas gestiones deben hacer lo posible para rescatar los planes y proyectos que heredan, y ajustar lo necesario para acomodar cambios socioeconómicos o ambientales. Lo que no debe pasar es que un cambio de gestión resulte en el abandono de proyectos que están a punto de ser implementados (bicicletas públicas), la suspensión de ordenanzas (zona zen) y la erradicación de planes y estudios que ya han sido ejecutados con dinero público.

En vez de tener un plan vigente este año, San Isidro perderá un año más en el desarrollo de otro plan, gastando los impuestos de sus vecinos en la producción de un documento con la misma finalidad, componentes y método de desarrollo que el que ya tienen en sus manos. Es un caso que resalta cómo la debilidad institucional de los distritos actúa como un freno para el desarrollo de la ciudad, y genera incertidumbre en los que quieren invertir.

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