Plaza San Martín: debaten sobre vetar marchas en el Centro Histórico de Lima

La antigua estación ferroviaria que conectaba en 28 minutos a Lima con el Callao se terminó de demoler en 1918 para dar lugar a la plaza San Martín. A menos de cuatro años de cumplir un siglo, este espacio público es, además de un atractivo turístico del Centro Histórico de Lima, un habitual punto de concentración para protestas. La última fue la de los maestros.

Cientos de profesores se concentraron por más de un mes en esta plaza y causaron daños que asumirá la ciudad.

Además de reemplazar “5.000 m2 de grass y 9 mil especies de flores y geranios”, se deberá reparar el sistema de riego tecnificado, ya que el tablero de control y 40 aspersores quedaron dañados. Todo esto –incluida la limpieza de muros– costará S/95 mil, dijo Jorge Paurinotto, gerente de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental de la Municipalidad de Lima (MML).

Para evitar que se malogre el ornato y que los comercios y el turismo se afecten, la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) pidió crear una zona rígida en el centro, de tal modo que se prohíban las manifestaciones. No es la primera vez que se hace esta propuesta.

El intento más concreto de prohibir “concentraciones masivas que cierren las vías” se remonta a 1994, cuando se aprobó el Reglamento de la Administración del Centro Histórico de Lima.

Basándose en esta norma, la primera gestión del alcalde Luis Castañeda aprobó el Decreto de Alcaldía 060, en el 2003. La norma declaró zona rígida el perímetro que forman el río Rímac y las avenidas Abancay, Tacna y Nicolás de Piérola. Solo se contemplaba dar autorización a eventos tradicionales, como procesiones.

—Norma inconstitucional—
La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) consideró que ambas normas vulneraban el derecho fundamental de reunión, amparado en el artículo 2 de la Constitución.

En el 2005, el Tribunal Constitucional (TC) estableció que las citadas normas no se pueden aplicar, por ser inconstitucionales.

Entonces, ¿cómo se regulan las concentraciones en el centro? Si bien las normas se declararon “inaplicables”, en su sentencia el máximo intérprete de la Constitución indicó que la MML puede restringir o prohibir reuniones masivas si se dan algunas circunstancias.

Fuentes de Prolima, entidad de la MML que gestiona la recuperación del centro, señalaron que “el administrado que organice una actividad, ya sea individual o masiva, debe hacer un pedido al gobierno local para las coordinaciones en caso de que se requiera el cierre de vías”. La seguridad y conservación del patrimonio son otros criterios que se evalúan.

Según el abogado penalista Luis Vargas Valdivia, para protestar en la vía pública hay que pedir autorización, de lo contrario se incurre en un delito. Citó el artículo 238 del Código Penal, que establece una pena de cárcel no menor de cuatro ni mayor de seis años para el que entorpece el funcionamiento de los servicios públicos.

Sobre el nuevo pedido de la zona rígida, el presidente de la Asociación Peruana de Derecho Municipal, Ángel Delgado, opinó que la clave no está en regular el área en la que se puede protestar, sino en el tiempo. “Se debe evitar que una ocupación temporal se vuelva permanente, como ocurrió en la plaza San Martín”, dijo Delgado.

Alberto Martorell, presidente de Icomos Perú, órgano asesor de la Unesco en asuntos patrimoniales, opinó que los daños en el centro por las huelgas son el síntoma de un problema de fondo: la falta de una política de protección del patrimonio.

Aún no hay fecha para la recuperación de la plaza San Martín. Lo que sí han dejado claro los funcionarios de la Municipalidad de Lima es que hay temor de que su inversión se marchite bajo el revuelo de futuras huelgas. 

PÉRDIDAS ECONÓMICAS

La asociación que agrupa a 1.500 comerciantes del centro calculó en S/6 millones diarios las pérdidas por la huelga.
Su representante Salvador Ode indicó que aún las ventas no se recuperan pese al cese de las protestas.

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