Penas más duras por delitos serían menos eficaces

Benker Gariza, de 18 años, fue asesinado el fin de semana posterior a Fiestas Patrias a la salida de un bar en el distrito de Florencia de Mora, en Trujillo. Keyser Rodríguez, de 23 años, y Marco Guerrero, de 19, lo emboscaron para descargar sobre él seis disparos y cobrar los S/.200 que fueron prometidos por el ‘trabajo’. Los criminales fueron atrapados poco después y serán los primeros en ser juzgados con el nuevo artículo del Código Penal que define y castiga el sicariato con penas más severas.

El Decreto Legislativo 1181, del 27 de julio, fue emitido en el marco de las facultades delegadas por el Congreso al Ejecutivo para luchar contra la inseguridad ciudadana. La llamada ley del sicariato establece una pena de 25 a 35 años por este delito, y cadena perpetua cuando es agravado (antes del decreto, la pena podía ser de 15 años).

Esta norma va en línea con la demanda ciudadana por mayores penas para los que delinquen ante la escalada de violencia e inseguridad de los últimos años. Y no solo el Ejecutivo ha reaccionado de esta forma, sino que diversas iniciativas legislativas han intentado recoger el pedido por mayor severidad. El proyecto de ley del parlamentario José León Rivera, por ejemplo, planteaba penas más duras para los delitos de homicidio, asesinato por lucro, secuestro y extorsión.

Más allá de la popularidad de estas propuestas para hacer más duras las sanciones, vale la pena detenerse en su potencial efectividad para reducir el crimen.

Las tres vías

Existen tres caminos a través de los cuales las penas privativas de la libertad deberían contribuir a disminuir la tasa de delitos. El primero es mediante la resocialización del delincuente. La idea es que las cárceles pueden funcionar como centros para rehabilitar a quienes han roto la ley y podrían volver a hacerlo. Sin embargo, a la fecha, aproximadamente el 30% de reclusos vuelve a delinquir una vez que abandona el penal. Wilfredo Pedraza, ex jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), comenta que “las cárceles jamás rehabilitan”. Por el contrario, en muchos casos se convierten en escuelas del delito: la policía estima que el 90% de las amenazas de muerte sale de los penales.

El segundo camino es la separación de los criminales de la comunidad. Si una persona no es capaz o no desea respetar las normas de convivencia en sociedad, la prisión es una manera de mantenerla alejada. Esta lógica ha motivado que el Perú cuente con una de las sobrepoblaciones penitenciarias más altas de la región. Según información al 2014, en las 67 cárceles en el ámbito nacional con capacidad para 31.010 presos conviven 67.891 reos.

La tercera vía del sistema penal para contribuir a la reducción del crimen es a través de la disuasión. La lógica dice que si los criminales saben que su delito podría acarrear una mayor sanción, lo pensarán dos veces antes de cometerlo. Este es, de hecho, el principal motivo detrás del reciente incremento de penas aprobado por el Ejecutivo. ¿Existe evidencia que respalda esta intuición?

Poco eficaz

Los estudios a escala nacional que relacionan el impacto de un endurecimiento de las condenas sobre la incidencia de delitos debido al impacto disuasivo son limitados. Sin embargo, existe abundante evidencia internacional al respecto.

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