Yefri Peña, Sandy Ruíz y Javiera Arnillas son activistas trans que, desde su tribuna, buscan hacer escuchar su voz para que su comunidad tenga accesos a la salud, al trabajo, estudios. (Foto: El Comercio)
Yefri Peña, Sandy Ruíz y Javiera Arnillas son activistas trans que, desde su tribuna, buscan hacer escuchar su voz para que su comunidad tenga accesos a la salud, al trabajo, estudios. (Foto: El Comercio)
Yasmin Rosas

¿Qué tienen en común Javiera, Sandy y Yefri? Las tres se enfrentan a los prejuicios y rompen estereotipos para transformar su comunidad y poner en agenda la importancia de los derechos de las mujeres trans del Perú.

Cuando tenía cinco o seis años, Javiera pensaba que le llegaría una fuerza superior a todas las fuerzas, algo extraordinario que la ayudaría a mostrar la niña que era. Pero no fue así. Eso extraordinario se tardó y llegó cuando era casi una adulta que se conocía lo suficiente como para mostrarle al mundo lo que siempre sintió ser.

“Recuerdo que yo pensaba que me iba a convertir en una mujer. Me di cuenta que no lo era, pero me imaginaba que algo iba a pasar, que iba a llegar una energía que me envolvería y que todo cambiaría. Pero no pasó, me fui acostumbrando y no ocurrió. De alguna u otra forma me auto censuré”, cuenta la ahora joven de 23 años. 



Hoy, Javiera Arnillas Cartagena puede decir que está orgullosa de ser quien siempre sintió ser. Ella es una mujer transgénero e inició con sus primeros cambios físicos en el 2016 cuando tuvo la oportunidad de acceder a un tratamiento hormonal prescrito por especialistas. Mientras eso ocurría, también tuvo la dicha de estar cerca de su familia y amigos.

Como ella misma dice, supo descubrirse y explicarle a los que la rodeaban qué quería y qué sentía. “Hay muchos prejuicios, miedos e interrogantes. Pero no es así, las mujeres trans somos como cualquier persona. Podemos ser agentes de cambio, podemos sobresalir, siempre podemos aspirar a más y yo no quiero encasillarme, quiero demostrar lo que puedo hacer”, sostiene.

(Foto: Ana Lia Orezzoli)
(Foto: Ana Lia Orezzoli)

Desde su tribuna, Javiera es una de las voces que se hace sentir dentro de la comunidad trans de Lima. Ella es modelo y actriz, y también fue una de las cabezas durante la llamada “reforma trans” ocurrida en la universidad Católica, donde estudia en la facultad de Artes Escénicas. Ella junto con otras compañeras y compañeros lograron que la casa de estudios consigne en los documentos de identificación universitaria los nombres con los que cada alumno se identifica.

“Cuando llegas a algún lugar te dicen ‘buenos días señorita’ y luego ven tu DNI o cualquier documento, te miran y tienes que dar explicaciones. Es algo incómodo e innecesario”, dice la joven que casi la mitad de su vida universitaria tuvo que ir a presentarse personalmente con cada profesor para pedir que la llamen con el nombre con el cual se identifica. 

Y no solo eso, Javiera cuenta que ha pasado alguna que otra vez por situaciones de ese tipo y que incluso denunció, a través de redes sociales, un acto de discriminación en una discoteca de

—Lucha constante—
En diciembre del 2016 se presentó al el proyecto de ley de Identidad de Género. La iniciativa busca que desde el Estado se respete la identidad auto percibida y el libre desarrollo de la personalidad. Ya han pasado poco más de dos años y hasta el momento, el proyecto no ha sido debatido dentro de ninguna comisión y prácticamente se encuentra en el olvido.

En tanto, a Javiera le faltan cinco ciclos para acabar su carrera y uno de sus anhelos es que los documentos de la universidad salgan con el nombre con el que se identifica. Para esto, ella inició el trámite correspondiente en el año 2018. “Tengo la facilidad de tener a un abogado que está pendiente de todo el proceso, es largo y piden mucha documentación para constatar cómo te percibes. Creo que debería ser un proceso más amigable y accesible para toda la población trans”, acota.

(Foto: Ana Lia Orezzoli)
(Foto: Ana Lia Orezzoli)

El proceso de cambio de nombre no tiene una duración determinada, eso depende exclusivamente del y de la carga de sus funcionarios. Algunas organizaciones civiles que acompañan a hombres y mujeres trans estiman que el costo de los documentos y asesorías legales, solo para iniciar con el proceso, oscilan entre los S/500 y S/600. 

David Arguedas, sociólogo del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), reitera que es importante que el Estado preste atención a la diversidad de género para evitar la violencia y la discriminación. El especialista señala la necesidad de poner en agenda la ley de Identidad de Género y resalta la importancia de capacitar al personal administrativo, de seguridad o salud que atiende a esta población con la finalidad de garantizar sus derechos antes que los trámites burocráticos.

“De por sí sabemos que las mujeres trans enfrentan situaciones de vida difíciles y complejas. Existe un desconocimiento sobre la expresión de género. Es importante mirarlos y mirarlas y conocer sus necesidades para darles una voz, para poder conocer su realidad y poder comprenderla”, acota el especialista.

—Posibilidades nulas—
​Para Javiera esa es solo una de las tantas adversidades por las que pasa una persona trans. Y es que esta comunidad en el Perú, dice la joven, prácticamente no existe.

Ninguna entidad del Estado conoce a ciencia cierta cuántos hay ni qué necesitan. A duras penas se tienen proyecciones como las de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del (Minsa) que señala que, a marzo de este año, serían unas 34.246 trans femeninas a nivel nacional. Mientras que data del Observatorio de Derechos LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y trans) de la Universidad Cayetano Heredia estima que en Lima existirían cerca de 22.500.

“Estas mujeres seguirán siendo invisibles hasta que no se recoja data oficial. Solo se tienen proyecciones y estimados que poco o nada pueden ayudar a conocer sus verdaderas necesidades en cuanto a salud, trabajo o educación”, enfatiza Dante Pone de León, comisionado de la adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo.

El funcionario también explica que la inacción del Estado condena a esta población al olvido y a la pobreza ya que, en la mayoría de casos son expulsadas de sus colegios, hogares y comunidades cuando todavía son menores de edad.

Esa crudeza, en cierta parte, la vivió Sandy Susel Ruíz. Ella dejó su casa cuando era mayor de edad, y según cuenta eso le permitió conseguir un poco más y mejores oportunidades para abrirse un camino propio. 

 “Yo era consciente sobre la sanción familiar y social. [El ser trans] es una expresión que no es entendida. Solo te queda irte con la finalidad de desarrollarte, expresarte y asumirte tal cual eres”, dice la mujer que ahora es la gestora de un proyecto financiado por el Fondo Mundial y que centra su actividad en trabajar con poblaciones vulnerables al VIH.

(Foto: Anthony Niño de Guzmán)
(Foto: Anthony Niño de Guzmán)

Sandy también cuenta que tuvo la dicha de acceder a un trabajo como ayudante en una bodega, que a la vez apoyaba con el cuidado de un bebe y hacía labores domésticas. Todo eso para poder costearse los gastos básicos como el alquiler de un cuarto y la alimentación. Todo eso, dice, sin estar en planilla o recibir beneficios laborales de acuerdo a ley.

Lo vivido por Sandy, en sus propias palabras, fue un privilegio. Ella sabe que la mayoría de sus compañeras no se la llevan fácil y están expuestas a todo tipo de peligros. “Lo que nos queda al salir de casa es juntarnos con otras chicas, hacer grupos y vivir juntas. Pero, ¿si no conoces a nadie o si vienes de lejos? Es duro”, sentencia.

Sandy afirma y confirma que esta ausencia del Estado junto con los prejuicios, estereotipos y adversidades hacen que ellas tengan que convivir con el estigma de que solo se pueden dedicar al trabajo sexual o a la cosmetología. “Conozco abogadas, enfermeras e ingenieras que no pueden ejercer porque nadie les quiere dar una oportunidad. Las ven y les cierran las puertas”, dice.

(Foto: El Comercio)
(Foto: El Comercio)

Según el Observatorio de Derechos LGBT, en el 2009 se documentó que el 64% de mujeres trans en Lima se dedicaba al comercio sexual. Mientras que para el 2012, otro estudio hecho en cuatro ciudades del Perú, arrojó que el 70% de ellas tenía esta actividad como principal medio para generar ingresos, exponiéndose así a situaciones de violencia de parte de las autoridades, potenciales clientes y ciudadanos.

Sandy afirma que las que huyen de casa, en su mayoría, son menores de edad entre los 12 y los 17 años y desde su experiencia como activista sabe cuán vulnerables a la violencia, discriminación, trata de personas y falta de accesos a la salud se encuentran. “Hace un año una chica de 17 años murió producto de una infección. Thaira estaba haciendo su transición y los productos no fueron los mejores. No aguantó y ella sola no pudo hacer nada, ¿con qué dinero, cómo iba acceder a un seguro? Solo tenía 17 y ahora quedará en el olvido”, dice.

“Sabemos que estamos condenadas a no vivir mucho, pero por eso no pueden tratarnos como seres invisibles. Nosotras las mujeres trans existimos y tenemos deseos, metas y aspiraciones como cualquiera y vamos a luchar por eso”, enfatiza.

Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, le dan la razón a la activista y señalan que la expectativa de vida de las mujeres trans en la región es de 30 a 35 años.

—Violencia y hostigamiento—
Estas mujeres también tienen que hacerle frente a la violencia y a los ataques de odio. Entre enero y diciembre del 2017 se reportaron 168 casos de vulneraciones de derechos a personas LGBT. De ellos el 22% fue hacia la población trans femenina y un 4,8% hacia la masculina.

En cuanto a violencia física, el 25% se registró hacia la población trans femenina. La mayoría de los ataques fueron perpetrados por desconocidos y las agresiones fueron motivadas por la homofobia o la transfobia. Asimismo, hubo casos de violencia provenientes de autoridades como serenos y policías y la mayoría de ellos se realizaron con armas punzocortantes.

Yefri Peña, activista y mujer trans, vivió en carne propia esta violencia.

El 28 de octubre del 2007 cuatro sujetos desconocidos la atacaron cuando terminaba su jornada como promotora de salud del Minsa en Ate. Ella se encontraba esperando un taxi y le cortaron la espalda, el rostro y el abdomen con navajas y picos de botella.

“Yo le pedí ayuda a dos suboficiales que se encontraban cerca, ellos me insultaron y no me asistieron. Cuando por fin pude llegar a un hospital, nadie me atendió, tuve que asistirme sola. Producto de la indolencia estuve un mes en coma”, dice la activista.

(Foto: El Comercio)
(Foto: El Comercio)

“Cada día que pasa es una lucha y cada vez que tengo que pasar por ahí, por donde casi me matan, solo me reconforta pensar que estoy haciendo todo lo posible para seguir adelante y poder cambiar la situación de mi comunidad”, agrega.

El caso de Yefri marcó un precedente. Ella junto a Promsex denunció las agresiones sufridas e inició un proceso penal judicial por el delito de abuso de autoridad contra los dos agentes que se negaron a auxiliarla. El 29 de marzo de 2010, el Segundo Juzgado Penal de Chosica sentenció a los suboficiales a cuatro años de pena privativa de libertad suspendida. Asimismo, dispuso el pago de cuatro mil nuevos soles por concepto de reparación civil a favor del Estado.

“Si tú la hubieras visto. Fue una época muy dolorosa y de mucha impotencia. Ella no podía recostarse en una cama, tenía todo el cuerpo cortado, teníamos que amarrarla a una silla para que pueda descansar sin hacerse daño y sin dañar las pocas partes de su cuerpo que estaban bien”, dice Juanita, una de las compañeras con las que usualmente se reúne para acordar actividades o charlas informativas que beneficien a las chicas de Lima Este. 

Después del brutal ataque Yefri decidió poner los cimientos para formar la Casa Trans de Lima Este, un espacio en el que se planea empoderar y formar a las mujeres trans para que conozcan más sobre sus derechos, accesos a la salud y oportunidades laborales. 

El espacio se ubica en el primer piso de la casa de la activista, aún se encuentra sin divisiones y con algunos muebles. El sueño de las chicas es formar diferentes espacios como un consultorio médico, un salón de belleza y una sala de capacitación para que todas las que lleguen ahí puedan aprender algún oficio y puedan valerse por sí solas sin necesidad de trabajar en las calles. 

(Foto: Renzo Salazar)
(Foto: Renzo Salazar)

“Esta no es la casa de Yefri Peña, esta será la casa de la comunidad y queremos que sea un espacio donde todas podamos aprender y saber cómo protegernos. Si no lo hacemos nosotras, ¿quién más lo hará? No podemos seguir esperando que el Estado nos de algo. Yo imagino que de aquí a diez años este será un espacio grande que forme a las nuevas líderes y a una comunidad fuerte y tolerante”, sentencia. 

Si deseas conocer más sobre la Casa Trans Lima Este y colaborar con la iniciativa de Yefri, puedes hacer clic

—Precisiones—
Este Diario conversó con funcionarios de la Dirección de Promoción y Protección de los Derechos de la Mujer y de la Dirección General Contra la Violencia de Género del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y ambos confirmaron que hasta la fecha no existen cifras oficiales sobre la población trans del Perú. 

Asimismo, señalaron que el tres de noviembre del 2016 se instaló la Mesa de Trabajo para Promover los Derechos de Gays, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales, la cual tiene como objetivo sensibilizar y combatir la discriminación, así como también desarrollar acciones que protejan los derechos de esta población. 

También se mencionó que la Dirección General Contra la Violencia de Género realiza acciones de supervisión en los Centro de Emergencia Mujer con la finalidad de garantizar la atención a la población diversa bajo los lineamientos establecidos. 

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