El ciclo de la violencia que acabó con una niña de 5 años asesinada e incinerada por su madre y su padrastro

Al poco tiempo de ir a vivir juntos, la familia creció y la pareja tuvo dos hijos más. Ella era ama de casa y él se ganaba la vida como estatua humana en las calles del Cercado de Lima y con otras ocupaciones esporádicas. Durante esos años de convivencia, allegados a la pareja señalan no haber presenciado hechos de violencia entre Kelly y Ángel, ni muchos menos hacia los seis menores.

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Esa aparente calma se habría acabado en diciembre del 2020 cuando agentes del serenazgo de El Agustino alertaron a la PNP sobre una agresión en la vivienda de los Cigarrostegui Rojas. De acuerdo con el parte policial al que tuvo acceso este Diario, el 10 de diciembre del año pasado, Kelly Rojas refirió que su pareja la golpeó a ella y a una de sus hijas.

“Se le propinaron golpes de puñetes y patadas en el brazo y golpes en el labio inferior de la boca. Posteriormente, (el agresor) se dirigió al cuarto de la menor (…) para propinarle un golpe de puño en el lado derecho de su cara y jalar de su cabello”, se lee en el documento.

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Seis días después, el 16 de diciembre, el dueño de la casa donde vivían dijo haber escuchado “los gritos de Kelly Rojas y ruidos fuertes, similares a los que ocurren cuando golpean a una persona contra la pared”. Y, para el 19 de ese mismo mes, el medio hermano de Kelly, denunció a ambos por haber asesinado y calcinado a su sobrina de cinco años.

Este Diario pudo comprobar que desde el 2019, Ángel Cigarrostegui tiene denuncias por violencia física, hurto agravado, violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones y violencia psicológica.

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En la clandestinidad

De acuerdo con las investigaciones, la pareja habría asesinado a la menor en su casa de El Agustino y luego la habrían llevado dentro de una maleta hasta la vivienda del pariente de Kelly en la Asociación Jesús María, en el distrito de San Juan de Lurigancho, esto con la finalidad de quemar el cuerpo en un cilindro y desaparecer la evidencia. Producto de ello, Kelly tiene quemaduras en el cuello, pecho y hombros.

“Me llamaron y dijeron: te vas a caer de espaldas porque la bebé se cayó bajando las escaleras y se ha muerto”, explica el familiar de Kelly Rojas, quien denunció el hecho, a El Comercio.

“Luego, me pagaron un taxi hasta donde ellos estaban y Ángel mencionó que la iban a quemar en mi terreno y, querían que yo les ayude a esconder las partes que faltaban. Yo salí, les dije que íbamos a conversar más tarde y fui a la comisaría a denunciar el hecho. Yo también soy padre y si eso pasaba con mis hijos yo los hubiera llevado a la posta o hubiera llamado a la policía. Ellos se contradecían y no supieron cómo explicar qué le había pasado a mi sobrina”, señaló el familiar.

Tras ocho meses escondidos, Kelly Rojas y Miguel Ángel Cigarrostegui finalmente fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional en el distrito de Puente Piedra. Actualmente, la mujer tiene cuatro meses de gestación.

La familia de Kelly Rojas señaló que los otros niños de entre 13 y 4 años permanecen en un albergue del Estado. Ellos sostienen que no han acogido a los menores porque tienen miedo a las represalias que pueda tomar la pareja y explican que tras la denuncia, Cigarrostegui Cavalier los amenazó de muerte.

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Hacen llamado

Vanessa Herrera López, psiquiatra y terapeuta de familia de la Dirección de Salud Mental del Minsa señala que en este tipo de casos son muy complejos y tienen varias causas que se deben de tomar en cuenta. “En general, la mayor frecuencia de perpetradores de violencia infantil son los padres y entre los factores asociados pueden ser el consumo excesivo de alcohol, sustancias adictivas asociados a la depresión materna, estar en medio del ciclo de violencia y psicosis, pero también pueden estar asociados a sentimientos o actitudes de rechazo en un contexto de vulnerabilidad social, pobreza, abandono, embarazo no deseado o planificado, entre otros”, detalla la especialista.

Además, resalta la importancia de que amigos, vecinos o familiares detecten los cambios emocionales (irritabilidad, tristeza, etc.) y conductuales (abuso de sustancias o descuido en cuidados hacia los hijos). “Muchas personas en esa situación pueden llegar a callar o aceptar castigos muy severos. Estos son maltratos que pueden llegar a tener consecuencias irreversibles, como en este caso”, acota.

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Y agrega: “Los padres y las madres en el contexto de la pandemia han tenido mayores estresores y eso ha llevado, en algunos casos, a incrementar los castigos físicos y el maltrato infantil”.

Herrera López enfatiza la importancia de acudir a los Centros de Salud Mental Comunitaria implementados por el Minsa. En estos 206 locales disponibles a nivel nacional se tienen unidades especializadas para atender y acompañar a niños, niñas, adolescentes y adultos. Además, se tiene la línea gratuita 113 (opción 5) para recibir consejería.

“Los padres y las madres que se dan cuenta que tienen comportamientos severos o negligentes y no se sienten bien emocionalmente, no deben de dudar en buscar ayuda. Hay que recordar la importancia de la salud mental familiar que es fundamental. Se debe brindar cuidados saludables, afecto continuo y fomentar la comunicación”, explica.

Por su parte, Óscar Alva Arias, director general de Niñas, Niños y Adolescentes del Mimp, señaló que garantizar la integridad de esta población “no es una cuestión privada”. “Cualquier persona que conozca situaciones que vulneren los derechos de los niños y adolescentes tiene la capacidad y el deber de informar a las autoridades correspondientes”, resalta.

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Para esto, desde el Mimp se tienen los siguientes servicios gratuitos: línea 100, que ayuda ante hechos de violencia sexual, física o psicológica, y la línea especializada 1810, que es para poder informar y denunciar cualquier situación de riesgo o desprotección familiar.

“En ambos servicios hay operadores debidamente especializados quienes pueden recibir las denuncias y activar los canales para que la PNP, Fiscalía o los abogados de los CEM activen los protocolos correspondientes. Todos estos servicios atienden las 24 horas del día, todos los días de la semana y se garantiza la atención debida a todos los ciudadanos y ciudadanas”, acota.

En ese sentido, Alva Arias también acota que existen las Defensorías Municipales de Niños y Adolescentes (Demunas), cuyas oficinas funcionan en todas las municipalidades del país. Actualmente, la cobertura de estas instituciones está alrededor del 94% “en casi todas las provincias y distritos del territorio”.

“El tema de los roles parentales es algo que debe conversarse más porque todavía existen, lamentablemente, ideas que refieren que los niños son propiedad de los padres y nadie puede intervenir, pero, cualquier miembro de la sociedad puede actuar oportunamente. Estamos trabajando en el componente preventivo y rompiendo estos estereotipos para que todos nos involucremos y seamos una sola fuerza de protección para velar por la integridad y seguridad de los niños, niñas y adolescentes”, resalta el funcionario.

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