Las preguntas que deberá responder Luis Castañeda Lossio
Las preguntas que deberá responder Luis Castañeda Lossio
Ana Briceño

Las presuntas irregularidades en las obras de la Línea Amarilla y el ‘by-pass’ en la avenida 28 de Julio, bajo la actual gestión de , fueron investigadas seis meses en la Comisión Lava Jato, en el anterior Congreso, y el resultado tras varias semanas de trabajo no fue alentador porque las conclusiones jamás se debatieron. 

“Los congresistas de varias bancadas se oponían a que se investiguen y difundan las irregularidades que se hallaron en la Municipalidad de Lima y otras cometidas en los gobiernos de Alan García, Alejandro Toledo y Ollanta Humala, que implicaban a empresarios brasileños”, asegura a este Diario Juan Pari, ex presidente de la Comisión Lava Jato. 

Como su informe en minoría incluía presuntos hallazgos de corrupción, Pari entregó al Ministerio Público las 650 páginas de su trabajo para que inicien una investigación, pero la fiscalía jamás citó al alcalde, hasta la fecha.  

–“Nació torcido”–

A la constructora brasileña OAS se le adjudicó directamente en el 2009 la ejecución  del proyecto Línea Amarilla, que consistía en construir una vía expresa y un túnel de dos kilómetros debajo del río Rímac. El contrato se hizo con la empresa Lamsac, creada el 6 de octubre del 2009. Según la comisión Lava Jato, la firma ocurrió un mes después de la creación de Lamsac. 

Además, contaba en ese momento con un capital de S/2.900 cuando las bases estipulaban que debía tener S/50 millones. “La empresa no tenía ni un sol en movimientos financieros. El proyecto desde el origen nació torcido”, enfatiza Pari. 

Los brasileños se comprometieron a culminar los trabajos de la Línea Amarilla en seis años, según el contrato, pero han transcurrido siete y aún no se culminan las nuevas obras. 

–Peajes por adelantado– 

El contrato con Lamsac estipulaba el incremento en los precios de los peajes, desde el trébol de Javier Prado hasta el óvalo de Habich. 

En octubre del 2013, el cobro de peaje pasó de S/3 a S/4, y en diciembre del 2014 volvió a subir a S/4,5. A partir de marzo de este año, la nueva tarifa es S/5.

Según Pari, otra irregularidad se cometió cuando Susana Villarán dispuso algunos cambios en el contrato de Línea Amarilla, como la creación de un fideicomiso de US$74,5 millones, con el que se financiaría el proyecto Río Verde, en el Rímac, que incluía malecón y áreas verdes. Pari precisa que a cambio se le entregó la concesión por 40 años a la empresa para que se haga cargo de los peajes y el mantenimiento. 

“Un negocio redondo. El peaje se empezó a cobrar el 5 de octubre del 2013 a pesar de que durante una sesión del concejo municipal, en el 2009, se acordó que se cobraría cuando se haya avanzado el 70% de las obras. Eso se ha logrado recién en el 2015, pero todos hemos pagado dos años antes”, indica.   

Los mensajes vía WhatsApp  entre Giselle Zegarra, ex funcionaria de la Municipalidad de Lima –en las dos primeras gestiones de Castañeda–, y el entonces presidente de OAS, José Pinheiro, para que, en octubre del 2014, la compañía brasileña se negara a firmar Río Verde se  sumaría a las presuntas irregularidades detectadas. Con el dinero del fideicomiso, Castañeda dispuso construir el ‘by-pass’ en la Av. 28 de Julio, obra que ha sido cuestionada por la Defensoría del Pueblo y la contraloría.

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