Reforma penitenciaria: las cárceles como escuelas del delito
Reforma penitenciaria: las cárceles como escuelas del delito
Lourdes Fernández Calvo

Según el Código de Ejecución Penal que rige el sistema penitenciario, el encarcelamiento de una persona tiene como objetivo que esta sea reeducada, rehabilitada y reincorporada a la sociedad. Si en el país esta disposición se cumpliera a cabalidad, Freddy Maco Torres, interno en el penal de Picsi (Chiclayo) por robo agravado, no habría asesinado el último sábado a su compañero de celda, tras , por un par de zapatillas. Tampoco Darwin Malca Hernández, , habría ‘egresado’ del penal El Milagro, en Trujillo, como un peligroso extorsionador.

“En los penales que tenemos actualmente hay una socialización negativa de internos. Todos están juntos y cada uno aprende un tipo de conducta del otro, se mimetizan”, reconoce el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (), Julio Magán. 

¿Qué hacer para que las cárceles no sigan siendo escuelas del delito? Basándose en las facultades legislativas que el Congreso le dio, el Ejecutivo publicó la semana pasada el decreto N° 1239, que busca reorganizar la separación de reos en los centros de mínima y máxima seguridad del INPE, y con el que se apuesta por su rehabilitación.

1. Los reos procesados peligrosos serán tratados como sentenciados. 
¿Cómo se organizan a los delincuentes antes de ser enviados a prisión? En Lima, una Junta Técnica de Clasificación (conformada por un asistente social, un abogado y un psicólogo del INPE) es la encargada de evaluar diariamente a unos 30 reos que llegan a la carceleta del Palacio de Justicia. Esta debe evaluar el perfil del preso en un plazo máximo de 24 horas. Debido a la masiva llegada de detenidos, a veces la junta debe evaluar a reos en solo diez minutos.

Con el decreto, la junta gana más facultades. Según la norma, ahora no solo los reos sentenciados sino también los procesados podrán ser derivados a una cárcel del Régimen Cerrado Especial, es decir, de extrema seguridad. Este régimen restringe el contacto con el exterior. A él son enviados sicarios o asesinos de alta peligrosidad. 

“Antes de este decreto, un interno peligroso procesado se iba directamente al régimen ordinario [con reos menos peligrosos] y lo mandaban a Lurigancho, pero ahí continuaba con operaciones, formaba grupos mafiosos dentro del penal. Ahora lo podríamos mandar directamente a Ancón I [Piedras Gordas] o hasta a Challapalca”, explica César Bocanegra, director de Tratamiento del INPE.

No obstante, el sector reconoce una gran debilidad: la norma no podría aplicarse actualmente en los penales de Lima y Callao. Según reconoce Julio Magán, la infraestructura y el hacinamiento de reclusorios como el de Lurigancho (alberga 9.350 presos cuando su capacidad es para 2.400) impiden que se realice esta distribución.
En este penal, por ejemplo, los presos deberían estar separados en pabellones de mínima y mediana seguridad. Sin embargo, en la práctica, los reclusos se han ubicado por afinidad de delitos e, incluso, hasta por los barrios de donde proceden.

Magán refiere que los cambios en la clasificación recién podrían aplicarse en los nuevos reclusorios que se construirán en los próximos años. 

Precisamente, para incentivar la reforma penitenciaria, otro decreto declaró de interés público la promoción de la inversión privada y público-privada en penales. La norma incluye la inversión privada “para el financiamiento, diseño, construcción, mantenimiento, operación de la infraestructura, tratamiento y seguridad penitenciaria”. La participación de empresas estará regida por la ley marco de asociaciones público-privadas (APP).

2. Nuevo criterio de clasificación: las habilidades.
El nuevo decreto establece, además, que una junta clasificatoria designada en cada régimen penitenciario (ordinario o especial) analizará, en un plazo de 30 días, si el futuro interno está vinculado a alguna organización criminal y si su historial es favorable para una readaptación que incluya un tratamiento laboral y técnico. “Se evaluarán las habilidades que tenga el interno, lo que hará dentro del penal. El principio es que ahora el reo entre a estudiar o trabajar, y ya no sea una escuela del crimen”, explica Bocanegra.

Para el ex jefe del INPE, Gustavo Carrión, los cambios legislativos solo crean expectativas y son una verdadera reforma penitenciaria. Carrión propone, más bien, construir un penal para reos primarios (menos peligrosos) en cada distrito judicial y, así, evitar que tengan contacto con otros reclusos.

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