“Renuncié porque no tengo la confianza del ministro de Cultura”
“Renuncié porque no tengo la confianza del ministro de Cultura”
Óscar Paz Campuzano

¿Usted ha renunciado irrevocablemente a su cargo a raíz de que se investiga su gestión?
De ninguna manera. He renunciado porque mi gestión no goza del respaldo ni de la confianza del actual ministro de Cultura, Jorge Nieto Montesinos. Desde su nombramiento no he sido convocado para informar sobre los logros y retos de la [BNP], ni fuimos informados de la Resolución Ministerial 357-2016 que dispone que se fiscalizará la BNP y de la cual tomamos conocimiento a través de la página web del Ministerio de Cultura. Ha sido un caballazo. Tengo la tranquilidad de haber denunciado todas las irregularidades que he encontrado en la BNP. Mis seis años de gestión han  sido auditados –incluso a pedido mío– por la oficina de control interno y por empresas externas autorizadas por la Contraloría General de la República. Actualmente, la Biblioteca Nacional es una institución que ha pasado de haber estado postrada a tener una intensa actividad cultural y académica, además de la recuperación de una parte valiosa de su patrimonio perdido, tal como consta en la Memoria de Gestión (2010-2016), publicada hace dos meses.

—¿Quiénes integran la comisión encargada de evaluar el estado de la biblioteca?
La integran tres funcionarios del Ministerio de Cultura, un bibliotecólogo designado por el ministro y el director de la Biblioteca Nacional quien, en este contexto, pierde sus facultades y autoridad, pues las decisiones se toman por mayoría simple, tal como se puntualiza en la resolución ministerial en mención. En otras palabras, en lugar de recibir el respaldo del Ministerio de Cultura para solucionar sus problemas, el director se convierte en una suerte de rehén que pierde su autonomía funcional. 

—Esta comisión se crea en el momento en que la BNP impulsa una campaña para acabar con el tráfico de libros y documentos históricos. ¿Cree que se intenta impedir la protección del patrimonio? ¿Quién?
Si bien el Ministerio de Cultura tiene todo el derecho de tomar decisiones en su sector, resulta inaceptable que en medio de una denuncia pública para evitar el vergonzoso archivamiento del caso emblemático de los manuscritos de Cáceres se viren los reflectores de donde quema hacia las trivialidades burocráticas, pretendiendo que la gestión de la BNP en su conjunto está en crisis, y no el cuestionado sistema administrativo y judicial del Estado. La BNP nunca ha estado mejor. Hemos triplicado su presupuesto anual. Se han inventariado los fondos antiguos. Hemos adquirido estanterías de última generación. Se han puesto en valor las colecciones. Tenemos el mejor laboratorio fotográfico y de restauración de libros en el país. Contamos con más de un millón de tomas digitales para una biblioteca virtual nacional. Y se ha logrado la aprobación de la Ley y Reglamento del Sistema Nacional de Bibliotecas, para la cual habíamos solicitado al MEF un presupuesto adicional. Lo único que no hemos conseguido en estos seis años de gestión es separar y sancionar a los delincuentes de la institución, una responsabilidad política y judicial que depende del Ministerio de Cultura.

—¿Por qué pensar que alguien pretende impedir la protección del patrimonio? ¿No se trata de un trabajo normal de fiscalización? 
Un trabajo normal de fiscalización tiene sus propios procedimientos y organismos especializados, que no es el caso de esta comisión.

— ¿Por qué no continúa en el cargo para evitar la impunidad en el caso de la sustracción de libros y documentos? ¿Se cansó? ¿No tuvo apoyo? 
Mi cargo es de confianza y se designa por resolución suprema suscrita por el ministro de Cultura y el presidente de la República. A 65 días del cambio de gobierno, no había recibido ninguna señal de ratificación por parte del ministro. Por el contrario, su comisión, por la forma como se ha llevado a cabo, de manera sorpresiva y sin coordinación de ninguna clase con la BNP, pone en entredicho mi cargo y mi gestión. Debo aclarar que en la BNP se tomó conocimiento de esta comisión fiscalizadora por la página web del Ministerio de Cultura. No me cansaré de luchar contra la corrupción y la impunidad.

—¿El tráfico de libros y documentos continúa? ¿Las mafias siguen operando dentro de la institución?
Las mafias seguirán operativas hasta que la fiscalía determine y denuncie a los responsables ante el Poder Judicial. En el 2013, ya en mi gestión, denuncié penalmente la pérdida de 11 libros y 12 manuscritos de los cuales han aparecido dos. Pero no será posible destituir a los malos funcionarios si es que el ministerio no se compra el pleito y ejerce la decisión política de sancionarlos. En el Perú, los vacíos o las malas aplicaciones de la ley siempre juegan a favor de los mafiosos y lamentablemente los intereses políticos suelen estar por encima del bien y del mal.

—En entrevistas anteriores, usted contaba que en seis años se recuperaron 137 reliquias pero todavía falta encontrar casi 900 libros y manuscritos. 
Muchos de los libros que hemos recuperado ni siquiera estaban en nuestra lista de perdidos según el inventario del 2011. Esto significa que se habían borrado las huellas de su existencia, pero no pudieron borrar los sellos dentro de los libros y por eso hemos podido identificarlos como nuestros. Aún falta identificar muchas obras desaparecidas antes de mi gestión, como los más de 3.000 títulos de la colección del ex presidente de Argentina Agustín Justo, una biblioteca americanista completa adquirida por Basadre en 1945. Estamos ante un problema endémico de la institución y todavía no existen cifras finales.

— Una de sus últimas gestiones fue impugnar el archivamiento fiscal de uno de los casos más emblemáticos. El intento de sustracción de 4.000 folios del Archivo Presidencial de Andrés Avelino Cáceres. ¿Cómo quedó el tema? 
El día de hoy hemos logrado el desarchivamiento en la Fiscalía Anticorrupción. Se nos ha concedido continuar con la investigación por parte del fiscal superior. Esto se lo debemos exclusivamente a la presión de los medios de comunicación. Estoy muy agradecido por ello.

— Hay otras trece denuncias por hechos similares que se investigan. ¿Teme que pase lo mismo? 
El Estado tiene que defender el patrimonio cultural de la nación, empezando por capacitar a sus fiscales y jueces sobre cómo utilizar la Ley General del Patrimonio. Tengo la gran esperanza de que esta batalla frontal iniciada hace seis años rinda algún fruto y no quede en nada.