San Isidro: facultad de UIGV funciona pese a deficiencias

La Universidad Inca Garcilaso de le Vega (UIGV) hizo noticia hace algunos meses por su cuestionado rector Luis Cervantes Liñán, que aparentemente recibía una remuneración anual que superaría los 21 millones de soles. Sin embargo, hoy la casa de estudios enfrenta una nueva denuncia, esta vez una de sus más importantes facultades, la de Derecho y Ciencias Políticas, ubicada en la cuadra 36 de la Av. Arequipa en San Isidro, funciona pese a no contar con los requerimientos de Defensa Civil.

El edificio en donde funciona la facultad de Derecho y Ciencias Políticas, tiene cinco pisos pero no cuenta con un ascensor, estructura que según el Reglamento Nacional de Edificaciones, debe tener este local. Pero esta no es la única deficiencia, por el tamaño del local este debería tener un espacio para 230 estacionamientos pero solo cuenta con 12. Ambas observaciones realizadas por la Municipalidad de San Isidro no han sido subsanadas por la universidad.

Lo más sorprendente es que finalmente la facultad pasó las inspecciones de Defensa Civil y obtuvo la licencia de funcionamiento, una licencia que no tuvo por más de 30 años, ello ante la pasividad de la antiguas gestiones de la Municipalidad de San Isidro.

Al respecto la Municipalidad de San Isidro informó a El Comercio, que la facultad de la UIGV ya había sido cerrada en diciembre de 2014 por no contar con certificado de Defensa Civil pero que a través de una acción de amparo pudieron reabrir el local. “La universidad reabrió porque se comprometieron a subsanar las observaciones y argumentan que los estudiantes no se pueden quedar sin estudiar”, señaló Verónica Lazo, gerente de Autorizaciones y Control Urbano.

Al respecto, Gabriela Zúñiga, gerente de Seguridad Ciudadana, señaló que la universidad tendrá que mostrar algún documento (contrato de alquiler o convenio) para solucionar el tema de los estacionamientos. Sin embargo, respecto al tema más grave, que sin duda es la carencia del ascensor para darle facilidades a los discapacitados, la respuesta del Municipio de San Isidro no es clara.

“La universidad  argumenta que la declaratoria de fábrica de la edificación no exigía en su momento la construcción de un ascensor. No obstante, el reglamento se modificó y todos deben allanarse a sus recomendaciones”, señaló Zúniga. En ese caso, la universidad debió  acondicionar un ascensor en el local, cosa que no ha sucedido y que la municipalidad de San Isidro espera. 

Sandro Durand, alumno de esta facultad y presidente de la ONG "X los estudiantes", señaló que diariamente los alumnos tienen que subir hasta cinco pisos para poder llegar sus clases. “Ni qué decir de alumnas que están embarazadas o alumnos con algún problema físico o discapacidad. Para ellos no existe otra opción”, señaló el alumno que además enfrenta un proceso judicial por denunciar irregularidades al interior de la universidad.

Un testimonio importante es el del ingeniero Juan Carlos Martínez, quien durante varios años fue jefe de la Unidad de Control Patrimonial de la UIGV. Durante ese tiempo revisó personalmente muchos de los trámites para pedir licencia ante las municipalidades. Él permaneció en la universidad hasta el 2015, luego de ello fue echado de la universidad, dice, de manera irregular y vulnerando sus derechos laborales. “El caso de la facultad de Derecho no es el único. Hay varios locales que tienen deficiencias o presentan riesgos y los municipios no fiscalizan de manera adecuada”, dijo.

Vecinos de las calles aledañas a la universidad también han mostrado su incomodidad debido a que muchos alumnos y hasta docentes, estacionan sus autos en espacios no autorizados. “Esto nos incomoda pues a veces ha llegado al punto en que no podemos ni salir de nuestra casa”, señaló uno de ellos.

El Comercio intentó comunicarse con algún vocero de la Universidad Inca Garcilaso de La Vega. Sin embargo, hasta la publicación de esta nota no hubo respuesta a nuestra solicitud.