Extorsiones desde las cárceles: con antenas ilegales evaden los bloqueadores de señal

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Hace apenas dos semanas, una requisa en el centro penitenciario de San Juan de Lurigancho realizado por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y la Policía Nacional incautó 14 smartphones, 6 ‘routers’ fabricados artesanalmente, USB y agendas con información de víctimas. Según declaró entonces el coronel PNP Jhonny Huamán, jefe de la división de Secuestros y Extorsión, acciones de geolocalización de las antenas de esa zona del distrito les hacía inferir que llamadas telefónicas salían de ese penal.

Pero no era un caso aislado. Una semana antes, el 24 de mayo, otra requisa en el penal Ancón 1 incautó 49 celulares y más agendas con información de víctimas. En marzo, un intervención encontró 21 celulares en el penal Tumbes. Sin contar con las denuncias de todo el país por constantes extorsiones que provienen de un penal, en estos tres casos, uno con el sistema de bloqueo de celulares y señales de wifi activados.

UN PROBLEMA DE FONDO

El bloqueo de señales inició en el 2014 con un contrato entre el Ministerio de Justicia (Minjusdh) y la empresa Prisontec S.A.C. para bloquear las llamadas y las redes de Internet en 33 establecimientos penitenciarios del país a cambio de la exclusividad del servicio de teléfonos públicos ofrecido a los internos. El proyecto empezó a ejecutarse en el 2017 y a la fecha se ha implementado en 29 penales, 12 de los cuales está todavía etapa preoperativa. En los cuatro restantes, la empresa indica que no intervienen todavía por obras pendientes por parte del INPE.

Entonces, ¿por qué los reos siguen usando celulares? Según dijo César Vite, director de seguridad del INPE, el día de la requisa en Castro Castro, las llamadas se realizarían en las zonas “blandas” donde sí se encuentra señal por determinadas horas. El Comercio solicitó información al INPE, pero indicaron que la vocería sobre bloqueo de señal corresponde solo al Minjus. Este diario insistió en una entrevista con voceros de este ministerio, pero no respondieron.

Diego Velasco, gerente de Tecnología de Prisontec, reconoce que no todos los bloqueadores funcionan al 100% (en 17 penales es superior al 95% y 98%), pero atribuye esto al incumplimiento de la zona intangible al lado de los penales por parte de las autoridades. “Por ley, alrededor de las penitenciarias, a 200 metros del muro, no debe haber población, pero en todas hay asentamientos humanos. Al lado de Lurigancho o Castro Castro hay cientos de miles de personas. Ahí no podemos poner la potencia máxima a los bloqueadores porque cargamos un problema con la comunidad”, indicó a este Diario. De hecho, durante la pandemia tuvieron que realizar ajustes con las operadoras de telefonía para que el bloqueo no afecte a los escolares que recibían clases virtuales. “En estos ajustes hay huecos donde los internos pueden acercarse con un celular y tener señal”, añade.

Sin embargo, el problema de las llamadas desde los penales aún más profundo. Aunque Velasco asegura que el nivel de bloqueo de Castro Castro es del 99%, dentro y fuera del penal se instalan antenas ilegales que envían y reciben señal de wifi. Además, una inspección realizada por el área de Radiofrecuencia de Prisontec los días 26 y 27 de enero de 2022 detectó 22 señales de telefonía y redes de wifi dentro del penal.

Una carta del 8 de marzo pasado enviada por la empresa al Minjus advierte necesitan intervención del Estado para frenar la instalación ilegal de antenas en techos de casas que disparan señal directamente al penal. También se detectaron “troncos de madera instalados sobre los techos de los penales (sobre los 10 metros del nivel del suelo) que a manera de postes colgaban antenas que estaban dirigidas hacia las antenas de las viviendas ubicadas alrededor de tal cárcel”. La carta indica que esto fue informado al primer ministro Aníbal Torres en una reunión en octubre pasado.

“El negocio de la comunicación ilegal dentro del penal es un gigantesco manejado por la corrupción. Vecinos alquilan sus casas para colocar antenas de wifi y en el mismo Castro Castro habían unas antenas colocadas a vista de todos. ¿Quién deja entrar a los celulares?”, cuestiona Velasco.

El martes pasado, la empresa se reunió con representantes del Minjus e INPE donde solicitaron una mesa de trabajo para solucionar esta situación. Mientras esto se define, empresarios y comerciantes de todo el país siguen denunciando cobro de cupos y atentados contra sus propiedades que nacen en un penal.