Problema de fondo: solo uno de cada 1.400 policías está capacitado para utilizar correctamente sus armas letales y no letales

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La probabilidad que usted se encuentre con un policía capacitado en derechos humanos y uso de la fuerza es de uno a veinte, según datos que el Ministerio del Interior (Mininter) compartió en enero con este Diario (7 mil efectivos capacitados en los últimos cinco años de un total de 140 mil). Sin embargo, la realidad es mucho más preocupante. Para empezar, no existe un registro oficial exacto de cuántos efectivos recibieron estos cursos de manera adecuada ni con cuántos instructores activos se cuenta. En busca de una respuesta, El Comercio entrevistó durante semanas a oficiales y suboficiales de la PNP, personal especializado, profesores que dictan o dictaron clases en las escuelas de formación, revisado padrones y la conclusión es que hallar a un policía que sepa usar sus armas letales y no letales, de acuerdo a la Ley 1186 que regula el uso de la fuerza en la PNP, y los procedimientos establecidos es, siendo optimistas, uno en 1.400.

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El cálculo es el resultado de dividir el total de agentes en servicio (140 mil) con la cantidad de instructores activos que ha podido identificar este Diario. Según el Mininter, la PNP ha especializado en los últimos diez años a 500 policías en uso de la fuerza y derechos humanos. A mediados de enero, el ministro José Elice dijo que, en realidad, contaban con poco más de 300 en la institución.

Los instructores son los encargados de capacitar a sus demás colegas en materias como utilizar sus armas letales y no letales de manera adecuada. Un padrón interno de la PNP de diciembre del año pasado dice que solo se cuenta con 400 de estos especialistas en actividad. Sin embargo, de ese total solo 100 de ellos, en el mejor de los casos, viene realizando labores de capacitación para todo el personal en su jornada de trabajo, de acuerdo a un sondeo hecho por este Diario entre los instructores policiales.

Oficiales y suboficiales que participaron en estas capacitaciones accedieron a conversar con El Comercio bajo condición de anonimato por temor a represalias. Ellos reconocen que en su institución no existe una política institucionalizada en cómo aplicar la ley que regula el uso de la fuerza, así como sus manuales y directivas respecto al empleo de armas letales y no letales.

“Solo existen iniciativas individuales para que esto marche”, dijo uno de los entrevistados, que integra el padrón antes descrito y tiene que restar horas de su jornada de trabajo para intentar capacitar a sus colegas.

A fines del año pasado, la precariedad en la capacitación en uso de la fuerza y derechos humanos en la PNP cobró notoriedad a nivel nacional a raíz de las muertes ocasionadas en las marchas en el Cercado de Lima en rechazo al gobierno de Manuel Merino y en las protestas contra la ley agraria.

Problemas de fondo

La instrucción de un policía se divide en dos etapas. El primer nivel es a través de las escuelas de formación de oficiales y suboficiales. Allí, los aspirantes reciben cursos obligatorios en derechos humanos. Y es allí también una de las fuentes del problema. Los entrevistados relatan que no existe una enseñanza estandarizada. Lo que se enseña en un salón es muy diferente en lo que se dicta en otro.

“Yo diría que se tratan de cursos que se dictan solo para llenar la currícula”, dice un exdocente a este Diario.

La segunda etapa son las capacitaciones. Luego de egresar de las escuelas, los policías son derivados a sus unidades, reciben cursos dependiendo del lugar donde son destacados. Se repite el problema de la falta de estandarización: por ejemplo, lo que se le inculca a un efectivo de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) es muy diferente a alguien de La Subunidad de Acciones Tácticas (Suat). Y en algunos casos, ni siquiera se dictan estas especializaciones.

“Cada unidad tiene un mensaje diferente siendo una policía única donde todos deberían tener una base común”, dice un oficial en actividad que pidió que su nombre no se revele.

Sobre las capacitaciones en la PNP en derechos humanos y uso de la fuerza se habla desde inicios del 2000, a raíz de un convenio que firmó la institución con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

A raíz de este acuerdo, cada año eran capacitados entre 20 y 25 policías (oficiales y suboficiales) durante dos meses de teoría y práctica. De hecho, en diciembre del año pasado el Mininter llevó a cabo el onceavo de estos cursos con un total de 23 efectivos. En teoría, todos los agentes que fueron instruidos tienen el compromiso de replicar los conocimientos adquiridos al momento de regresar a sus unidades.

“La finalidad es que los agentes sean multiplicadores de un mismo mensaje. El problema es que la institución no los aprovecha. Al contrario, los desperdicia”, nos dice un funcionario involucrado en estas capacitaciones desde que comenzaron.

Las fallas en los mecanismos de sanción es también una variable a considerar. Según Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, entre el 2012 y 2016 han fallecido 54 civiles en protestas. Solo se abrieron investigaciones administrativas en cuatro casos que terminaron siendo archivadas. En ninguna de ellas hubo una sanción penal. (Esta semana se cumplen tres meses de las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado y aún no se han identificado a los responsables).

Mininter responde

El Mininter tiene la Dirección General de Seguridad Democrática que se encarga, entre otras cosas, de dar las directrices en las capacitaciones que reciben los policías a nivel nacional. Desde fines de noviembre, esta oficina es dirigida por la abogada Inés Martens Godínez, con experiencia en la función pública y militante del Partido Morado.

En diálogo con El Comercio, Martens dijo que han planificado un programa para cambiar esta realidad. Este consiste en dos etapas: la primera es aprovechar que hoy una parte de los cursos se dan de manera virtual debido a la pandemia y de esa manera llevar el mensaje en simultáneo a más lugares. La segunda es descentralizar la parte práctica en las 15 macroregiones que tiene la PNP. De esta forma, buscan tener más instructores.

“La idea es que cada macroregión y las regiones de Lima y Callao tenga entre 20 y 30 instructores capacitados al año. Esa será la manera en que se podrá replicar mejor a nivel nacional los conocimientos en derechos humanos y uso de la fuerza”, dice.

La abogada también dice que en estos momentos están identificando a los instructores que cumplan con las mejores condiciones para iniciar los cursos. Un siguiente paso, dice Martens, es crear los mecanismos para que los conocimientos de estos efectivos sean aprovechados en las unidades donde prestan servicio. La funcionaria dice que en marzo estarían comenzando las capacitaciones virtuales a nivel nacional.

Para esta labor, el Mininter ha destinado más de 300 millones de soles. De acuerdo a esta dirección, este monto irá a la formación, capacitación y especialización del personal policial.

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