Sicarios adolescentes: piden que sean sancionados como adultos

Luego de que en los últimos días El Comercio diera a conocer cómo operan las llamadas ‘escuelas de sicarios’ en el interior del país, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, Iván Sequeiros, propuso revisar la legislación penal para que menores de edad involucrados delitos graves sean sancionados como adultos.

Sequeiros dijo que es alarmante escuchar, como si fueran noticias cotidianas, que menores de edad están cometiendo delitos en diferentes partes del país y, peor aún, anotó, saber que en la normativa vigente, esos delitos no son vistos como tales sino como "actos antisociales".

"Yo creo que tenemos que revisar la legislación penal para incluir algunos tipos penales e involucrar a los menores de edad en relación a esos tipos penales. Menores de edad, tal vez desde 14, 15 o 16 años, deben ser tratados como adultos en delitos extremadamente graves. Tenemos que entender que los chicos de ahora no son los chicos de antes", comentó a Andina.

Según refirió, en países como Inglaterra ya se viene aplicando este concepto. Allí, relató, cuando un menor de 14 años comete delito, se le sanciona como a cualquier mayor de edad. 

TENDENCIA VIOLENTA
El titular de la Corte de Lima advirtió que los últimos tiempos se observa a jóvenes con tendencias más violentas, con otro tipo de información, otros patrones, "y eso trae como consecuencia que sus actitudes delictivas también sean mucho más graves". En este grupo también nombró a los parricidas y a los responsables de delitos graves. Criticó que pasado los 18 años estos salgan libres.

"En el norte del Perú hay mucho sicariato con menores de edad y eso hay que pararlo. Y la única forma de pararlo es sancionarlo de manera severa. Los delincuentes mayores se escudan en estos menores para cometer sus delitos", subrayó.

Sequeiros indicó que, al ser este problema muy serio, están evaluando la posibilidad de proponer los cambios en la legislación penal, pero, agregó, no quisiéramos que esto nazca necesariamente del Poder Judicial sino que debería ser una política de Estado.

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