Sospechan que Santos recibió dinero de legisladores en penal

En una requisa ordinaria efectuada la semana pasada en el establecimiento penal de Piedras Gordas (Ancón I), agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) encontraron S/.7.000 en la celda del suspendido gobernador regional de Cajamarca Gregorio Santos, a quien se lo investiga por los presuntos delitos de cohecho pasivo propio y colusión en agravio del Estado Peruano.

De acuerdo con el Reglamento General de Seguridad del INPE, los internos de las cárceles peruanas pueden tener un monto máximo mensual de  S/.250.

El titular del INPE, Julio Magán, expresó que ya se ha iniciado una investigación para conocer la procedencia del dinero y quién lo ingresó.

El funcionario añadió que Santos es visitado por sus familiares, asesores y congresistas. Aunque no reveló el nombre de estos últimos, dijo que sospecha que alguno de ellos filtró el dinero, ya que por su inmunidad parlamentaria no son sometidos a revisión.

“Lo visitan varias personas permanentemente, como congresistas o asesores y a los primeros no los podemos revisar”, expresó.

Magán indicó que esta semana informará del hecho a la presidencia del Congreso de la República para que indague al respecto.

Visitante frecuente

Este Diario tuvo conocimiento de que uno de los políticos que acude con frecuencia al referido penal a visitar al líder del Movimiento de Afirmación Social (MAS) es el parlamentario cajamarquino Jorge Rimarachín, quien indicó que es su amigo.

“Por supuesto que siempre lo visito para ver cuál es su estado de salud. Conversamos también sobre temas políticos”, dijo el congresista, quien precisó que la última vez que acudió al penal de Ancón fue el pasado miércoles.

“Dos días antes de su cumpleaños estuve allí [en el penal]”, añadió.

“Para mí es una broma de mal gusto lo que hablan. Acá hay un tema político de fondo. ¿Por qué no le preguntan directamente a Gregorio Santos?, a quien considero un preso político”, indicó.

Por su parte, Segundo Mendoza Díaz, personero legal del MAS, consideró que la nueva imputación hacia Santos busca afectar su situación legal.

“Es bastante sospechoso que salga una inconducta de ese tipo cuando faltan pocos días, el 21 de octubre, para que su caso se vea en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, declaró.

Mendoza indicó que ni él ni los miembros del MAS visitan a Santos, debido a que el INPE ha restringido los ingresos a su celda.

“El control es demasiado rígido. La visita está permitida solo a su esposa, a su mamá y a un hermano; además de algunas autoridades como congresistas, sus asesores y sus abogados”, señaló.

Fuentes del INPE dijeron a El Comercio que la requisa a Santos se produjo el 5 de octubre pasado y se llevó a cabo con la participación de un representante de la Fiscalía de Prevención del Delito y de otros tres miembros del Ministerio Público.